El anuncio lo hizo hoy la directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Martha Zamora.
En declaración al programa de radio de Presidencia, la funcionaria dijo que “por la gravedad de las conductas y por la afectación económica al país”, el trámite que se iniciará podría llevar a la suspensión y pérdida de los contratos estatales que tienen estas empresas.
“Si la Superintendencia de Sociedades aplica un procedimiento sancionatorio, esto llevaría a la suspensión y pérdida permanente de los contratos de estas empresas (Aval y Corficolombiana) con el Estado”, explicó Zamora.
Si no sabe el cuento, acá le explicamos: Resulta que la Securities and Exchange Commission (SEC, por sus siglas en inglés, que es una especie de Superfinanciera gringa) multó a las empresas colombianas Grupo Aval y Corficolombiana después de reconocer que pagaron sobornos para obtener la adjudicación de obras de infraestructura vial Ruta del Sol II, en el marco de las investigaciones por corrupción de la multinacional brasilera Odebrecht.
Tanto Corficolombiana como el Grupo Aval fueron acusadas y sancionados en Estados Unidos de violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Fcpa), porque el grupo, de propiedad de Luis Carlos Sarmiento Angulo —el hombre más rico de Colombia—, cotiza en la bolsa de Nueva York y está sujeto a la regulación norteamericana.
El presidente Gustavo Petro ordenó a la Cancillería desde el 15 de agosto utilizar todos los mecanismos de colaboración jurídica con los gobiernos de EE.UU. y de Brasil “para establecer los daños y las reparaciones que la confesión del Grupo Aval genera al Estado colombiano”.
