La Silla Vacía conoció el texto con el que Acei, gremio que agrupa a las encuestadoras más grandes del país, le pide a la Corte Constitucional tumbar los principales cambios que trae el nuevo Código Electoral para la realización de encuestas.

El Código es una ley que aprobó el Congreso en diciembre, pero aún no ha entrado en vigencia porque está en revisión de la Corte.

¿Qué piden tumbar?

* La exigencia de que las encuestas de intención de voto deban tener un margen de error máximo del 3% cuando sean nacionales, y de 5% cuando sean municipales y/o departamentales.

* El punto que las obliga a armar muestras más grandes e incluyendo municipios medianos y pequeños.

* La prohibición de excluir candidatos “con reconocimiento público y opciones de ser elegidos”.

* El control previo que se estableció que haga el Consejo Nacional Electoral (CNE) revisando la ficha técnica de cada encuesta 24 horas antes de ser publicada. Hoy ese control es posterior a la publicación.

* La Comisión de Vigilancia de Encuestas, de siete miembros y en la que se incluyen no solo unos nombrados por el CNE y universidades, sino también por la Procuraduría.

* La posibilidad de que los partidos políticos también puedan hacer auditorías a las encuestas.

¿Por qué?

Las encuestadoras consideran que se limita la libertad para hacer su trabajo (por ejemplo al exigirles muestras o márgenes de error mínimos, o no exluir a ciertos candidatos), que puede haber censura con el control previo y que se le da un poder excesivo al CNE, y que el apretón que les hace el Código Electoral puede terminar afectando el derecho a la libertad de información que ellas tienen.

Aquí puede leer el texto completo de la petición.

El dato

La Acei, gremio de las encuestadoras, contrató para hacer esa solicitud ante la Corte a la firma de abogados del exregistrador nacional Carlos Ariel Sánchez, que estuvo vinculado a la encuestadora Guarumo y ahora tiene una firma llamada Tecnología y servicios electorales.

Contexto

Les compartimos esta historia en la que contamos cómo una reciente sanción a Datexco presagia la mano dura que pretende imponerles el CNE a las encuestadoras.