El exgobernador de Antioquia, condenado por paramilitarismo por la Corte Suprema a siete años y 11 meses por nexos con el paramilitarismo, fue acusado por presuntas irregularidades en la contratación de Hidroituango.
Ramos habría aprovechado su gobernación entre 2008 y 2011 para tramitar y celebrar el contrato BOOMT (Construir, Operar, Poseer, Mantener y Transferir, por sus siglas en inglés), para favorecer a EPM en un contrato el 30 de marzo de 2011.
Además, según la Fiscalía, el exgobernador modificó el Manual de Contratación para que EPM fuera designado como contratista y aprobó cuatro acuerdos en los que los accionistas escogieron a un gerente de Hidroituango.
Ramos se pronunció en redes sociales donde reiteró su inocencia y aseguró nunca haber participado en el contrato BOOMT.
