Así lo dicta una resolución de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN). A este ingreso tendrán derecho los hijos de excombatientes que hayan sido asesinados durante su proceso de reincorporación a la vida civil.
Según la resolución, firmada por el director general de la ARN, Andrés Stapper, los hijos de excombatientes recibirán, temporalmente, el 90% de un salario mínimo a través de sus tutores legales. Se distribuirá el dinero “de manera proporcional, teniendo en cuenta el total de hijos o hijas menores de edad de la persona en proceso de reincorporación asesinada” dice la resolución.
Contexto
En noviembre de 2021, el Gobierno se había negado a cumplir con una orden de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que lo obligaba a garantizar esos pagos, además del seguro de vida por la muerte de los excombatientes y los gastos funerarios.
El 24 de mayo de este año, la ARN radicó una tutela en contra de la JEP para no entregar este dinero. “El hecho de que el proceso de reincorporación tenga un carácter integral e involucre a las familias de los exintegrantes de ese extinto grupo guerrillero no significa que estas tengan derecho a gozar de los beneficios económicos en ausencia de los exintegrantes de las Farc-Ep desmovilizados, sino que los hace partícipes y destinatarios de medidas y asistencias de contenido social”, decía la tutela.
El 9 de junio, la JEP la evaluó y la negó, explicando que la renta básica es una obligación del Estado y no sólo aplica para los excombatientes.
