La procuradora Margarita Cabello presentó al Congreso un proyecto que busca acatar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que pidió modificar las leyes colombianas para que ninguna entidad administrativa, como la Procuraduría, pudiera quitarle los derechos políticos a ciudadanos elegidos por voto popular, como lo hizo en su momento el procurador Alejandro Ordóñez cuando destituyó e inhabilitó a Gustavo Petro como alcalde de Bogotá.

La Corte dijo que eso sólo lo pueden hacer los jueces. Así que Cabello presentó un proyecto que, antes que aceptar perder el poder para destituir alcaldes y gobernadores, busca reforzarlo pidiendo que entonces la Procuraduría tenga funciones de juez.

Y para eso el proyecto cuenta con el respaldo del Gobierno. De hecho, ella presentó el proyecto ayer junto al ministro del Interior, Daniel Palacios.

Estas son las razones por las que Cabello terminaría, en caso de que el proyecto sea aprobado, volviéndose más poderosa de lo que es hoy. 

->Se volvería juez. El proyecto busca darle funciones judiciales para poder sancionar a funcionarios elegidos por voto popular. Esto quiere decir que podrían condenar a alguien por una falla disciplinaria. 

->Crear en la Procuraduría un sistema de juzgamiento. Necesitaría un grupo de funcionarios que investiguen y otros que juzguen. Además, para garantizar que internamente los funcionarios lleven un debido proceso para ser juzgados en primera instancia. 

->Más personal y más plata. El proyecto dice que el Gobierno tendrá facultades extraordinarias para ampliar la planta de personal, decidir cómo se elegirán los funcionarios de esa nueva sala disciplinaria y definir cuánta plata más necesita la Procuraduría. Hoy el presupuesto de la Procuraduría está alrededor de 1 billón de pesos al año 

¿Tendrá apoyo?

Por ahora no es claro qué apoyos tendrá el proyecto, pero un factor que será llamativo para los congresistas es el hecho de que la Procuraduría tendrá una planta más grande. Como hemos contado, en esta, esta y esta historia, las ías son un espacio donde los políticos tienen cuotas burocráticas. 

Incluso las más recientes reformas a la Contraloría y a la Registraduría agrandaron sus plantas de personal. 

Sin embargo, que la Procuraduría tenga funciones judiciales podría ser un factor que no acepten los congresistas. En la reforma a la Contraloría, Felipe Córdoba trató de incluir un punto en ese sentido pero se lo negaron porque era darle mucho poder.

Además, la misma Procuraduría podría juzgar a los congresistas.

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