La magistrada del río Bogotá, Nelly Villamizar, abrió un incidente de desacato, una especie de proceso judicial, contra el proyecto del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Claudia López. La citó a ella y a las secretarias de Planeación y de Ambiente, Carolina Urrutia y María Mercedes Jaramillo, a audiencia para el 28, 29 y 30 de julio.

¿Por qué abrió el incidente?

Lo que están en juego son 54 hectáreas de Cerro Seco, en Ciudad Bolívar. De acuerdo con la resolución 1499 de 2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, estas son compatibles con la minería. 

En la versión del POT de Claudia López, concertada con la CAR y la Secretaría Distrital de Ambiente, las 54 áreas no aparecen como parte del área protegida, pero se establece en el articulado que cuando se termine la actividad minera, se incluirán dentro del Parque Ecológico de Cerro Seco.

La magistrada alega que esas zonas habían sido declaradas como compatibles con actividades mineras por el MinAmbiente y que por lo tanto no podrían ser reserva. 

En la audiencia, el Distrito le dará claridad a la magistrada sobre el tema, aunque algunas fuentes dicen que la intención de la Secretaría de Ambiente es hacer una solicitud formal, con los estudios necesarios, para que el polígono de la minería se reduzca y el área deje de ser, formalmente, compatible con la minería.

Hasta ahora en la zona no ha empezado la explotación y tampoco hay una licencia ambiental de ninguna autoridad que permita hacerlo. Se trata de un trámite que tendrían que hacer quienes estén interesados en explotar esta zona. 

¿Por qué importa?

La magistrada Villamizar incluye en su auto la solicitud de medidas cautelares que podrían retrasar la aprobación del POT, una de las mayores tareas de Claudia López en su gobierno. El proyecto en este momento se debate en el Consejo Territorial de Planeación y luego pasará al Concejo de Bogotá. La Alcaldía tiene planeado aprobar el POT este año, pues en el próximo, en medio del debate electoral, sería difícil. Y lo mismo pasaría con su último año de gobierno.  

Hacer aprobar el POT es importante porque le da seguridad jurídica a proyectos importantes, como el metro de Bogotá. Además es la norma que marca el rumbo de cómo se construirá la ciudad en los próximos 12 años. 

Ni Petro ni Peñalosa lograron que sus iniciativas fueran aprobadas.

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