El objetivo es inyectar 600 mil millones de pesos a la compañía de telecomunicaciones. En una carta firmada por su CEO, Mauricio Ramos, la multinacional acepta varios de los requerimientos de su socio colombiano, EPM, para hacerlo. Entre ellos, extender la Cláusula de Protección del Patrimonio Público hasta 2026, que le permite a la compañía pública vender sus acciones para salirse del negocio.
Millicom también le ofrece la posibilidad a EPM de hacer un primer pago de forma inmediata y otro hasta el 31 de diciembre de este año, ambos por 150 mil millones de pesos. Con esto evitan la dilución, que tiene como efecto la reducción del porcentaje de acciones para todos los socios. Y también evitan una reorganización empresarial dirigida por el gobierno a través de la Superintendencia de Sociedades, una posibilidad que el ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, planteó ante la falta de acuerdo entre las partes.
El posible acuerdo encarrila uno de los grandes problemas sin resolver que dejó el alcalde Daniel Quintero luego de su renuncia. El ahora exalcalde había intentado, sin éxito, activar la cláusula para que EPM se desprendiera de sus acciones en Tigo-Une, un negocio de cerca de 3 billones de pesos bloqueado en reiteradas ocasiones por el Concejo de Medellín. Sin embargo, el 28 de septiembre, dos días antes de su renuncia, el gerente general de EPM, Jorge Carrillo, envió una carta a Millicom solicitando un acuerdo para evitar la insolvencia y capitalizar la empresa.
Les dejo esta historia con el resumen de este conflicto corporativo, fundamental para las finanzas de la segunda empresa pública más grande del país.
