El presidente, Gustavo Petro, ha designado a Iván Velásquez como ministro de Defensa. Nombramiento esperado con ansias, tanto por simpatizantes del nuevo gobierno como por sus contradictores. Como era de esperarse, las críticas han llovido desde la oposición que lo acusan de poseer un sesgo ideológico en contra de la Fuerza Pública. Para ello, le han recordado a Velásquez que cuando ejercía como jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala (Cicig), fue declarado persona no grata por parte del presidente Jimmy Morales.
No obstante, la Cicig, a partir del enfoque que le dio Iván Velásquez, llegó al centro estructural de la corrupción en Guatemala y su impacto repercutió para que la violencia endémica que padece este país Centroamericano descendiera de forma notable.
Por lo tanto, lo primero es comprender que la Cicig, fue una institución que nació por solicitud del gobierno de Guatemala a Naciones Unidas con el fin de obtener apoyo y lograr fortalecer su sistema de justicia.
Así, en 2007 surgió la Cicig, la cual tenía tres objetivos: (i) la investigación de estructuras ilegales de seguridad que, valiéndose de una red de funcionarios públicos, cometen infracciones en contra de los derechos humanos; (ii) el desmantelamiento de estos grupos ilegales por medio de la persecución penal para lograr desincentivar el accionar de estos cuerpos de seguridad ilegales; (iii) la elaboración de políticas públicas que permitieran generar la arquitectura institucional que neutralizara la reaparición de este tipo de macro criminalidad organizada.
De esta forma, la Cicig, de la mano del Ministerio Público, encontró que el Estado había sido capturado por cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad (Ciacs) que surgieron a raíz del conflicto que vivió ese país, dejando un legado de estructuras criminales que, en conjunto con la élite del país, tienen injerencia sobre las decisiones del Estado.
Lo anterior explica por qué una élite, política, empresarial y militar, terminó definiendo las leyes y políticas públicas que favorecen sus intereses que, por supuesto, no están alineados con los grandes problemas sociales y económicos que padece Guatemala. Asimismo, la Cicig logró establecer que el núcleo de los problemas de la administración pública proviene de las “donaciones” de carácter ilegal que realizan las Ciacs a los partidos políticos para colocar parlamentarios y funcionarios en el alto gobierno.
Así, Guatemala es un Estado capturado por una élite que derivó en una economía boyante a pesar de los problemas sociales y de seguridad. Hay que recordar que este país tiene uno de los PIB más grandes de Centro América, con grandes conglomerados corporativos en la industria alimentaria, financiera, comercial, construcción, y de telecomunicaciones. Sin embargo, esta riqueza se concentra en seis poderosas familias y una estructura político criminal que emplea al Estado para lograr sus objetivos.
En consecuencia, hay una alta desigualdad social, pobreza, y necesidades básicas que no son cubiertas y que superan el promedio del resto de países de la región. El fruto de la cooptación del Estado es un sistema de justicia inoperante pero funcional a esta élite que poco le interesa un poder judicial fuerte que pueda afectar sus privilegios.
La cooptación del Estado se comprobó cuando, gracias a las investigaciones de la Cicig, se detuvo al presidente en ejercicio Otto Pérez Molina (2012-2015), así como a los principales miembros de su equipo de gobierno. Este, por medio del empleo de transacciones económicas y políticas, controlaba el Congreso para que legislara a su favor. Además, el presidente influía en los procesos judiciales seleccionando a los miembros del poder judicial y, por medio de redes de contratación estatal, se apropiaba de recursos públicos. En esencia, el presidente era el jefe de una macroestructura criminal que controlaba el Estado.
De igual manera, la Cicig logró establecer que la vicepresidenta Roxana Baldetti y el ministro de Gobierno Mauricio López Bonilla estaban involucrados en la red de cooptación del Estado. Posteriormente, la Corte del Distrito de Columbia, Washington, los pidió en extradición por cargos de narcotráfico y favorecimiento de la estructura criminal de los “Zetas”.
Cuando la Cicig logró desmantelar estas estructuras político criminales, Iván Velásquez se convirtió en una superestrella con gran apoyo popular dentro de Guatemala. En ese momento, el presidente Jimmy Morales lo muestra como una figura icónica contra la corrupción.
No obstante, la Cicig se había convertido en un poder que amenazaba la posición dominante de esos grupos de poder guatemaltecos. Aun así, continuó con su labor. Esta vez tocando a la familia del presidente Jimmy Morales, el cual reaccionó intentando expulsar del cargo a Velázquez, pero no logró su cometido porque la Corte Constitucional falló de la siguiente forma el 29 de agosto de 2017: “El Presidente actúa al margen de la legalidad, y por eso esta Corte ordena notificar a los ministros de Exteriores, Defensa, Gobernación, y al director de la Policía, para que se abstengan de ejecutar la decisión del Presidente (expulsar a Velásquez)”.
Iván Velásquez enfrentó una poderosa red de poder que controla el Estado a todo nivel y que formó una coalición de poderes políticos, empresariales y estructuras criminales que querían evitar que la Cicig siguiera con su labor. A la postre, el presidente Jimmy Morales dio por terminado, de manera unilateral, el acuerdo de cooperación judicial con Naciones Unidas y la Cicig fue disuelta a pesar de sus resultados.
Los logros de la Cicig y el impulso que le dio Iván Velásquez merecen que se muestren las lecciones aprendidas para ser replicadas en Colombia, un país que tiene muchos símiles con el fenómeno de cooptación del Estado que se da en Guatemala.
A fin de exponer el impacto que tuvo la Cicig, se replica un experimento cuantitativo que evidencia, que los éxitos de este organismo, tuvieron consecuencias directas en la reducción de los homicidios en ese país centroamericano. Para ello, se replica el experimento que realizó el tanque de pensamiento Crisis Group, pero con la diferencia que se toman más años y se analiza con relación a la llegada de Iván Velásquez como jefe de este organismo.
Adicionalmente, se compara la tasa de homicidios de Guatemala con relación a un país que sea similar en sus condiciones de violencia, demográficas y económicas. Como ese país no existe, se construye uno a partir de los datos de los países vecinos, ponderando las variables mencionadas (método contra factual sintético). Como ahora es posible tener dos países similares, se puede comparar qué hubiera sucedido con los homicidios de ese país de no haber existido la Cicig.
Los resultados señalan que, desde la llegada de Iván Velásquez como jefe de la Cicig, los homicidios descendieron como producto de las acciones de este organismo. Si Guatemala no hubiera tenido ese apoyo judicial, la violencia habría ascendido de forma drástica.
Las investigaciones de la Cicig, bajo el mando de Iván Velásquez, salvaron la vida de miles de guatemaltecos. La decisión del presidente Jimmy Morales de disolver la Cicig, aupado por una elite que se favorece de la cooptación del Estado, fue un acto criminal.
En conclusión, su nombramiento como ministro de Defensa es un acierto del presidente Gustavo Petro dado el conocimiento que tiene sobre el funcionamiento de las redes político criminales. Además, desde una cartera poderosa con control sobre la Fuerza Pública se puede orientar la estrategia militar, así como el esfuerzo de inteligencia sobre las redes de cooptación del Estado. En el mapa que se muestra a continuación, están los municipios con mayor probabilidad de haber sido cooptados. Por lo tanto, se podrían priorizar con miras a desmantelar estructuras de crimen organizado que han capturado la administración pública.
Finalmente, durante la última década, la estrategia militar de dar bajas y capturas de líderes criminales no redujo la violencia. La tasa de homicidios a nivel nacional permanece estancada en los 25 homicidios por cien mil habitantes, mientras los homicidios con arma de fuego en zona rural van en aumento.
Por estos motivos, es necesario que el ministro Iván Velásquez adopte el enfoque estratégico en contra de la captura del Estado que utilizó cuando era jefe de la Cicig. La evidencia del caso guatemalteco es contundente y, de aplicarse en Colombia, podría mejorar de forma notable la seguridad del país.