Un contratista antioqueño llamado César Echeverri demandó al alcalde de Neiva, Gorky Muñoz, por una deuda de 400 millones de pesos. Un juez de la ciudad ya avaló las pruebas y determinó que la deuda es legítima. 

Según Echeverri, el pasado 14 de agosto firmó con Muñoz un acuerdo de pago por los 400 millones de pesos. Ese documento quedó autenticado en notarías de Bogotá y Neiva. Muñoz se comprometió a pagarle 200 millones de pesos el 15 de septiembre, y el resto un mes después. 

Pero Muñoz incumplió y el pleito dejó de ser privado a público porque fue radicado en un juzgado de Neiva. 

Otro contratista que lo busca. El empresario Echeverri es un contratista público. Tiene una empresa que presta servicios de softwares, de venta de equipos y recientemente de servicios de actualización y modernización catastral. No tiene registros de contratos o negocios con empresa de Neiva o el Huila. 

Aunque en su demanda el empresario Echeverri no hace explícito cómo fue que le dio plata a Gorky Muñoz su caso es similar al de otros pagarés que tienen enredado al alcalde de Neiva. 

Como contó La Silla, un empresario de Valledupar también lo demandó por 3.500 millones de pesos que dijo le dio en octubre de 2019 cuando Muñoz estaba en campaña por la Alcaldía. De ese negocio quedó un acuerdo de pago que Muñoz cumplió parcialmente, pues le alcanzó a abonar 1.000 millones de pesos en efectivos. 

Recientemente otro empresario y contratista de Cundinamarca también lo demandó por 190 millones de pesos que señaló le prestó en los días de campaña. 

Ninguna de esas deudas reconocidas por Muñoz en pagarés y acuerdos de pago están registradas en los ingresos de su campaña de 2019. Ni en sus declaraciones de renta. 

Pero los líos de plata de Muñoz lo han puesto en el radar de la justicia. El alcalde está enfrentando un proceso penal porque, como contó La Silla, le entregó a dedo más de 8 mil millones de pesos en contratos a dos fundaciones de un concejal de Tumaco que dijo haber puesto plata a la campaña (que tampoco está en las cuentas).

Por esos contratos la Procuraduría lo sancionó con destitución e inhabilidad por 9 años. Pero el fallo aún no está en firme porque falta la revisión del Consejo de Estado. 

En paralelo la Fiscalía lleva otro proceso contra familiares del alcalde por enriquecimiento ilícito, y en el que ordenó la extinción de dominio contra unos bienes que serían de su propiedad.