Esta mañana, la Secretaría de Hábitat de Bogotá publicó el borrador de la resolución con la que crea el programa para pagar el arriendo de las personas que más lo necesiten durante la cuarentena.

Eso es importante porque hace parte del programa que montó la alcaldesa Claudia López para brindarle ayudas a los más pobres mientras dura el aislamientos por cuenta del coronavirus.

Y también porque el pago del arriendo está en la mitad de la controversia que ella armó al decir que la atención de los venezolanos en medio de esta crisis la debe asumir el Gobierno Nacional y no el Distrito.

López dijo ayer que desde que comenzó la ola migratoria, la Alcaldía ha asumido desde la educación hasta la salud de ellos, pero que ahora no tiene cómo pagar su arriendo.

Eso armó una controversia mediática porque muchos críticos e incluso gente que la ha respaldado, calificó esa diferenciación como xenófoba.

El programa de arrendamiento para la emergencia que se crea mediante la resolución, sin embargo, no excluye a los venezolanos.

  • Está diseñado para darles un auxilio económico a familias pobres que estén en el Sisbén III y IV, es decir, en las encuestas más actualizadas que tiene la Nación para definir quiénes son los más pobres que necesitan ayudas.

  • También planea darles ayudas a personas que no necesariamente son pobres, pero que por la crisis pierden sus ingresos.

  • Todo venezolano que tenga sus papeles en regla tiene derecho a ser censado en el Sisbén. Eso incluye a los que tienen Permiso Especial de Permanencia, que es el documento que les permite estar de manera regular en Colombia.

De los 354 mil venezolanos que hay en Bogotá, 43 mil (el 12,1 por ciento) están en el Sisbén, de acuerdo con la Secretaría de Planeación. Es decir: una minoría.

Por otra parte, el programa de pago de arriendo excluye la posibilidad que inicialmente había planteado la Alcaldía de pagarles a los dueños de los pagadiarios para que no desalojen a la gente que se hospeda en esos sitios, sobre todo en el Centro. Esto porque el programa consiste en darle plata a la gente para que pague su arriendo, y no a los dueños de las viviendas o los inquilinatos.

Sobre los pagadiarios, Nadya Rangel, Secretaria de Hábitat, le dijo a La Silla: “Hay muchas discusiones y un limbo jurídico de cómo asumirlo”, tal y como lo anticipó La Silla en esta historia. 

Es decir: puede haber muchos venezolanos irregulares que viven en esos sitios y por lo tanto pueden seguir siendo víctimas de los desalojos.