El diario El Espectador reveló hoy detalles sobre el nuevo auto (todavía no público) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el que imputará a 15 militares, incluyendo al coronel retirado Publio Hernán Mejía; a su sucesor en el cargo, el coronel retirado Juan Carlos Figueroa, y a otros 13 militares.
Los imputará por 120 asesinatos y 126 desapariciones forzadas atribuidas al batallón La Popa del Ejército, en Valledupar, entre 2002 y 2005.
Se trata de la segunda imputación de la JEP en el caso que investiga los falsos positivos. La primera se conoció la semana pasada y trató sobre los casos de 120 víctimas de falsos positivos en el Catatumbo, auto cuyos detalles contamos aquí.
En los detalles del documento se habla de unos patrones de comportamiento en estos militares:
- Tuvieron alianzas con paramilitares para asesinar a personas señaladas de ser auxiliadoras de la guerrilla o “bandidos”.
- Muchos crímenes fueron contra comunidades indígenas de la zona: los kankuamos y wiwas (el 7% de las víctimas totales en ese periodo).
- Varias personas murieron luego de ser detenidas en retenes que hacía el Ejército en las vías. También habitantes de calle que eran trasladados con falsas promesas y luego asesinadas.
- Algunos pelotones, como Zarpazo (creado en 2002) y Trueno (2003) tuvieron, según el auto, una contribución determinante en la comisión de estos hechos. Por ejemplo, en 26 de las 30 operaciones realizadas por estos dos grupos, entre 2002 y 2005, se encontraron casos de falsos positivos.
Cesar, donde está el batallón La Popa, es el tercer departamento con más falsos positivos registrados. Una vez sean notificados los militares, tendrán 30 días para decidir si aceptan los hechos.
