La Procuraduría sancionó a tres exfuncionarios del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) por estar relacionados con las irregularidades en la millonaria licitación para llevar internet a zonas rurales del país.

Los exfuncionarios fueron sancionados porque no revisaron adecuadamente los documentos y permitieron que ingresara documentación falsa, lo que provocó la pérdida de un anticipo de más de $70 mil millones.

Se trata de:

  • Adriana Vanessa Meza Consuegra, ex Secretaria General del MinTIC. Sanción de cinco meses de suspensión “por incluir una cláusula con la figura del amigable componedor en el pliego de condiciones de la licitación, sin haber sido avalada por el Comité de Conciliación de la entidad, con lo cual cometió una falta gravísima a título de culpa grave”.
  • Camilo Alberto Jiménez Santofimio, ex Director de Infraestructura del MinTIC. Suspendido del cargo por nueve meses. Acusado de permitir que se modificaran los requisitos de indicador patrimonial, sin ningún sustento y contrario a las recomendaciones del consultor Telebroad-profit.
  • La mayor sanción la llevó la ex subdirectora de Gestión Contractual del MinTIC, Sandra Orjuela Méndez. Destituida para ejercer cargos públicos por nueve años y un mes.

Según la Procuraduría, Orjuela incurrió en falta con culpa gravísima por haber dado su aprobación para las garantías del contrato sin haber verificado de manera diligente y pese a que la UT Centro Poblados las presentó de manera extemporal. 

Eso es clave porque el contratista presentó un documento falso del banco Itaú, que solo se puedo comprobar cuando el Ministerio pretendió adelantar un proceso por incumplimiento.

Dos contratistas también fueron sancionados: 

  • Paola Andrea Izquierdo Rivera, ex representante legal del Consorcio PE2020 C Digitales. Multa de $45 millones e inhabilidad para ejercer cargos público o contratar con el Estado por 11 años.
  • Luis Fernando Duque Torres, exrepresentante legal de la Unión Temporal Centros Poblados. Sanción de una multa por $79 millones y una inhabilidad para ejercer cargos públicos o contratar con el Estado por 15 años.