¿Qué pasó?

Este jueves un juez de garantías de Bogotá decidió, finalmente, no procesar a los brasileños Luiz Antonio Bueno Junior, Luiz Antonio Mameri y Luiz Eduardo Da Rocha Soares, exdirectivos de la corrupta multinacional Odebrecht.

¿Por qué?

Por solicitud de la Fiscalía, que pidió concederles inmunidad total porque, cuenta El Espectador, “con base en sus testimonios y en pruebas que han allegado, se ha logrado esclarecer el entramado y condenar a, por lo menos, cuatro personas”. Es decir, la justicia considera que pueden recibir ese beneficio ante la colaboración en el caso.

Contexto

En 2019 había comenzado la judicialización de los tres por su participación en el entramado de corrupción de Odebrecht en Colombia. Sin embargo, ese año la Fiscalía suspendió esos procesos para que, a cambio, ellos aportaran verdad sobre cómo la multinacional pactó coimas a cambio de beneficios en contratación. Negociaron un principio de oportunidad.

Con el testimonio de ellos arrancó la investigación en Colombia. Aceptaron haber pagado 11 millones de dólares al exviceministro Gabriel García Morales (6,5 millones) y al excongresista y lobbista Otto Bula (4,5 millones)

Las preguntas

A pesar de eso, cantaron sobre todo porque así lo mandaba su compromiso de colaboración en Estados Unidos. Pero siempre estuvo en entredicho si realmente contaron toda la verdad. Por ejemplo, Otto Bula dijo que los brasileños pagaron mucha más plata por coimas, unos $65 mil millones de pesos más.

Sobre esa plata persiste una de las preguntas más grandes sobre la corrupción de Odebrecht en Colombia: si las coimas se usaron para financiar la campaña de reelección de Juan Manuel Santos.
Aunque una condena en Colombia no les hubiese generado ningún perjuicio en la práctica, pues ya están condenados en Brasil y no hay convenio de extradición entre los dos países, el hecho de que se cierre su investigación implica que ya no aportarán más a la verdad de la corrupción que protagonizaron en Colombia.

El dato

Tanto la Procuraduría como la Contraloría, que representa en este proceso los intereses patrimoniales del Estado, estuvieron de acuerdo con que los brasileños no fueran más judicializados