El presidente Gustavo Petro expidió ayer el decreto 1275, emitido por el Ministerio de Minas y Energía, en el que anuncia medidas para ampliar la cobertura y el acceso a la energía eléctrica, como desarrollo de la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en el departamento de La Guajira.
El acto administrativo toma varias medidas, como autorizar a la Comisión de Regulación de Energía (Creg) a crear un régimen tarifario especial y diferencial para el departamento.
Pero una medida clave para la transición energética está en que establece que se modifiquen los contratos de suministro de energía, otorgados en las subastas de los años 2019 y 2021, para que se suspendan temporalmente las obligaciones de las empresas generadoras hasta que los proyectos en energías no convencionales entren en operación y con un plazo máximo del julio de 2025.
Esto, según han manifestado algunas empresas que han invertido en proyectos eólicos en la región, les pone un salvavidas porque no las obliga a seguir comprando y vendiendo energía para cumplir esos compromisos de generación, como han venido haciendo.
Las empresas generadoras de energías alternativas no han logrado poner en marcha sus proyectos pues las consultas con las comunidades indígenas Wayúu se han retrasado, como contamos en esta nota.
