El desatrase: la semana analizada por La Silla

El desatrase: la semana analizada por La Silla

Estas fueron las movidas políticas más relevantes esta semana:

El olvido de Uribe

El miércoles, Álvaro Uribe presentó el borrador del proyecto de acto legislativo que aterriza la idea de “amnistía general” que propuso en la conversación con el presidente de la Comisión de la Verdad. 

Es un proyecto raro. Porque en realidad, como dijo el jurista Yesid Reyes, no se trata realmente de un “borrón y cuenta nueva” como lo sugirió el domingo antepasado; en estricto sentido, no propone perdonarles los delitos a nadie. Lo que pide es que los que hayan sido condenados puedan ser elegidos o nombrados como funcionarios públicos. Y exceptúa de este beneficio a los condenados por delitos de lesa humanidad, de guerra o de corrupción por contratación indebida.

También propone “ampliar los subrogados penales” a todos los condenados o procesados, salvo a aquellos que cometieron crímenes de guerra, de lesa humanidad, o de corrupción por contratación indebida.  En otras palabras, que condenados sean sacados de la cárcel y puedan pagar penas diferentes a la prisión.

Por último, propone que los militares que cometieron delitos sean juzgados por una “estructura especial” en la JEP, compuesta por miembros que no hayan participado “en denuncias, investigación, juzgamiento o pronunciamientos públicos en contra de quiénes están sometidos a esta jurisdicción”. 

 

Es una propuesta rara porque, básicamente, va en contravía de lo que el uribismo ha defendido con ahínco durante los últimos 5 años. 

Va en contravía de las ideas de “paz con legalidad” y del “que la hace la paga” que enarboló Iván Duque para llegar a la Presidencia bajo el ala de Uribe y de todo su discurso contra “la impunidad” en la que basó su exitosa campaña por el No en el plebiscito.  Fue el argumento con el que Uribe logró frenar todo el impulso transformador del Acuerdo con las Farc.

Ahora, con el argumento de “superar asimetrías judiciales” propone que cualquier condenado por delitos diferentes a los que estarían bajo la sombrilla de la Corte Penal Internacional pueda aspirar a un cargo de elección popular. Los condenados por parapolítica —por ejemplo— se verían beneficiados con esta reforma si fuera aprobada. 

Además, miles de personas presas quedarían en libertad. Un resultado contradictorio para un gobierno uribista que exhibe entre sus principales logros el aumento de penas para todo tipo de delitos, desde el abuso sexual de menores hasta la deforestación, pasando por la propuesta de penalizar el vandalismo durante las protestas.

¿Qué busca Uribe con esta propuesta? No está claro.

“Anoche –dijo Uribe en su conversación con la Comisión de la Verdad– veía yo en un programa a la niña Epa (Colombia) y volvían a compararla con el ladrón de bicicletas. A mí me parece grave lo que esa niña hizo –no la conozco y no la quiero juzgar–, de darle con un martillo al TransMilenio, pero también decían: ‘¿por qué estos violadores de niños no tienen cárcel y esta niña sí fue condenada?’. Este país de pronto va a necesitar una amnistía general, casi que un borrón y cuenta nueva”.

Uno de sus alfiles en el Centro Democrático, el representante Gabriel Vallejo, lo explicó así a Semana: “ Este es un proyecto de acto legislativo que manda un mensaje importante de reconciliación en Colombia. Porque no tiene sentido que hoy, mientras los narcoterroristas tienen derechos políticos, el resto de colombianos no los tienen. Aquí no hay impunidad”.

Más allá de si el proyecto tiene alguna viabilidad jurídica, o si cuenta con el tiempo o los apoyos políticos suficientes para reformar la Constitución en esta legislatura, que el expresidente Uribe pase de esgrimir la bandera de la lucha contra la impunidad y la mano dura a aquella del perdón y olvido es significativo políticamente y muestra lo diferente que terminará siendo esta campaña a la del 2018.

“La debacle del gobierno está dejando al uribismo sin un tema para abrir un debate diferente con miras al 2022”, dice el analista Carlos Suárez. “Es una propuesta que les sirve a las élites de derecha y de izquierda y que resuena con la gente que ve lo de Epa Colombia y siente que la justicia es sólo para los de ruana”.

Un ejemplo de lo que dice Suárez es la airada respuesta que les dio el Partido Comunista a Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo por haber sugerido que Gustavo Petro también fuera a la Comisión de la Verdad “a explicar por ejemplo la relación entre el partido comunista y los crímenes cometidos por las FARC EP”.  Al fin y al cabo, hasta hace tan poco como el 2004, el PC seguía promoviendo la combinación de las formas de lucha, como lo muestra Alvaro Delgado en su libro sobre este partido de izquierda.

Con su propuesta, Uribe borra de tajo la bandera que ha esgrimido para movilizar a los colombianos desde 2016. Ya tampoco tiene —tras el fracaso de Duque en ese campo— la de la Seguridad Democrática que lo llevó a ganar en 2002 y 2010. Si su nueva propuesta gana tracción, tendrá para el 2022 la de “la reconciliación”, ya no en nombre de las víctimas sino de los victimarios. 

****

Otras historias importantes de esta semana:

Alejandro Gaviría se lanzó al agua por 2022

Gaviria presentó el viernes su renuncia a la Universidad de los Andes ante su consejo directivo. Se lanzará por firmas y buscará llegar al Nuevo Liberalismo por ese camino. Su entrada a competirle a Sergio Fajardo por los votos del centro y a disputarle a Gustavo Petro el progresismo. Gaviria tiene la ventaja de contar con el apoyo de los liberales, de venir de la universidad con un discurso y de ser la novedad en esta campaña, pero no tiene ninguna experiencia electoral y se enfrentará a candidatos que ya probaron que pueden ganar millones de votos.

La Fiscalía acusó a Sergio Fajardo 

El viernes la Fiscalía radicó ante la Corte Suprema de Justicia el pliego de acusaciones contra Sergio Fajardo y lo acusa de los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. 

Cuando la Fiscalía anunció la imputación hace unos meses dijo que se basaba en que en 2013, cuando fue Gobernador de Antioquia, Fajardo pidió un préstamo en dólares cuando el dólar estaba a 1.900 pesos sin prever que este iba a subir y eso habría generado un detrimento patrimonial. El anuncio desató una polémica pues nadie puede prever el aumento del dólar. 

Pero, ahora que realmente presentó la acusación, la Fiscalía cambió su argumento: ahora es que el contrato fue pactado en pesos y ejecutado en dólares y que eso requería un concepto previo del ministerio de Hacienda.  Fajardo no aceptó la imputación y ahora está ad portas de un juicio que definirá su candidatura presidencial. 

La tributaria, como tren sin frenos en el Congreso 

El martes el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, y los ponentes de la reforma tributaria radicaron el proyecto para ser debatido en primer debate y al día siguiente por la tarde ya estaba aprobado. Falta ahora que las plenarias de las Cámaras y del Senado aprueben el proyecto, algo que podría ocurrir, si así lo quiere el Congreso, la semana entrante. 

Las curules para las víctimas son un hecho 

El Gobierno del presidente Iván Duque sancionó la creación de las 16 curules para las víctimas creadas en el Acuerdo de Paz. En el cuatrienio pasado, el Senado las había declarado archivadas pero luego de un proceso judicial de cuatro años el Consejo de Estado y la Corte Constitucional ordenaron revivirlas. 

En 2022 habrá 16 curules más en la Cámara que se elegirán a partir de la votación de 16 circunscripciones de los municipios más azotados por el conflicto armado. 

Mario Montoya pelea porque la Fiscalía no influya en su proceso en la JEP 

Esta semana, la defensa del excomandante del Ejército durante el gobierno de Álvaro Uribe, solicitó a la Justicia Especial de Paz que le pida a la Corte Constitucional que defina un conflicto de competencias para impedir que la imputación de la Fiscalía de esta semana aplique para su proceso en la JEP como quiere el Fiscal Barbosa. 

El jurista Rodrigo Uprimny denunció que la imputación de Barbosa exoneraría de responsabilidad política a Uribe pues la base de su acusación es que el general no atendió la segunda circular del Ministerio de Defensa que ordenaba privilegiar las desmovilizaciones sobre las bajas (cuando ya el escándalo de los falsos positivos comenzaba a estallar). Por eso lo responsabiliza de 104 falsos positivos, y no de los miles que la JEP dice que ocurrieron.

La JEP abrirá dos nuevos macro casos 

Esta semana el presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, anunció que la Justicia Especial abrirá dos macro casos más para investigar y sancionar a los actores del conflicto armado, y reparar a las víctimas con verdad. 

Uno será sobre crímenes de las Farc a nivel territorial y otros sobre la relación del Estado y los paramilitares.

Compartir
0