“En pleno cambio climático las corporaciones autónomas regionales no son autoridad ambiental”

“En pleno cambio climático las corporaciones autónomas regionales no son autoridad ambiental”

En un mundo donde la temperatura global va a aumentar inevitablemente 1.5 grados celsius, Colombia tiene autoridades ambientales con enormes problemas para enfrentar el cambio climático.

En el país hay 33 corporaciones autónomas regionales (CAR). En teoría son las encargadas de organizar el territorio en materia ambiental y de sancionar delitos que atentan contra los ecosistemas. En la práctica, no cumplen con las condiciones técnicas que requiere enfrentar este desafío. Menos en el Caribe, una de las zonas de mayor riesgo. 

Van 20 intentos fallidos para reformarlas. El último proyecto de ley se hundió en la legislatura que concluyó en junio de 2020. Buscaba dejar sólo siete CAR, que sus directores no se reeligieran y fueran seleccionados por méritos, así como, disminuir el tamaño de su consejo directivo. En esta legislatura no se ha vuelto a presentar. Además las CAR en varias ocasiones han sido foco de corrupción. 

La Silla Académica entrevistó a Joaquín Viloria, profesor de la Universidad del Magdalena y director de la sede del Banco de la República en Santa Marta, autor del artículo “Las corporaciones autónomas regionales del Caribe colombiano: un análisis de sus finanzas y gobierno corporativo”.

Con base en los resultados de su investigación, y en la conversación con él, estos son tres problemas estructurales de las CAR en un momento crucial para el medio ambiente. 

 

La plata de la Nación para las CAR es insuficiente

 

Los recursos naturales están teniendo un deterioro acelerado que no se compadece con la reducción del gasto público medio ambiental en el presupuesto general.

Por un lado el “Pacto IV por la sostenibilidad: “producir conservando y conservar produciendo del Gobierno Duque” bajó la asignación de recursos de 2019 a 2020 en un 26 por ciento. Ese pacto está pensado para ejecutarse en cuatro años. Pero, en los dos primeros años, sólo ha recibido el 7 por ciento de los recursos presupuestados.

El aporte del presupuesto nacional que se va a financiar a las CAR también es muy reducido. La proporción en 2020 de los recursos propios de esas corporaciones fue del 94 por ciento del total de ingresos, versus el 6 por ciento que fue plata de la nación. Eso perjudica especialmente a las CAR que no tienen muchos recursos propios por estar en zonas pobres del país.

Como se observa en la siguiente tabla el monto de la plata del presupuesto nacional (línea morada) es muy reducido en comparación con el propio de las CAR. Y en 2018 y 2019 se redujo con respecto a los años anteriores. 

 

Las tendencias de los dos últimos años de la gráfica cambiaron en 2020: El recaudo total disminuyó un 16 por ciento con respecto a 2019. La explicación es que aunque la plata del presupuesto nacional para las CAR subió en 2020 un 29 por ciento con respecto a 2019, no compensó (dado lo marginal que es) la caída de los recursos propios de las CAR que fue de un 9 por ciento

“La baja asignación presupuestal refleja la poca importancia que tiene el sector y el Ministerio de Ambiente como tal, con respecto a otros como el MinHacienda, MinSalud o MinEducación”, dice Viloria.

“Puede —continúa el investigador — que la presión internacional crezca y que potencias como EE.UU. condicionen ayudas a una mayor protección del medio ambiente”.

Eso, según Viloria, haría que el sector medioambiental cobre una relevancia que no ha tenido.

 

La desigualdad regional en las CAR

 

Dadas las fuentes principales de ingreso que tienen las CAR, Viloria encontró una gran desigualdad regional en la asignación de los recursos, que no es proporcional al área que cubren ni a la protección de los ecosistemas frágiles que tienen a cargo. Se trata de un problema estructural de cómo está concebida su estructura de financiación, basada en fuentes de ingreso regional.

Cinco corporaciones recaudaron más del 70 por ciento del total de los ingresos de todas las CAR, y sólo tienen un 9 por ciento del territorio nacional a cargo. 

Las CAR se financian, principalmente, con una sobretasa ambiental que, dependiendo de la decisión de cada municipio, puede ser un porcentaje del impuesto predial, que está entre el 15 por ciento y el 25.9 por ciento. O puede ser una sobretasa ambiental propiamente dicha que está entre el 1.5 por mil y el 2.5 por mil del avalúo de los inmuebles.

Las cinco que recaudaron los menores ingresos (el 0,62 por ciento) tiene el 18 por ciento del territorio a cargo, sin contar los 300 mil kilómetros cuadrados del mar de San Andrés, Providencia y San Catalina. 

Cuatro de esas corporaciones están en el Caribe: Carsucre, Coralina (San Andrés, Providencia y Santa Catalina), CSB (Del Sur de Bolívar) y Corpomojana. Está última es una subregión al norte de Colombia parte de la depresión Momposina, que cubre los cauces del río Magdalena, Cauca y San Jorge, con muchos humedales productivos.

En 2019, según un informe de la Contraloría, las cuatro CAR que más recaudaron recursos por sobretasa ambiental fueron la de Cundinamarca (CAR), la del Valle del Cauca (CVC), la del Atlántico (CRA) y la de Cartagena (Cardique). En 2020, la CAR, la CVC y la de Bucaramanga (Cdmb) recaudaron el 61 por ciento de la sobretasa ambiental de todas las corporaciones. Todas tienen ciudades capitales en su cobertura.

El otro rubro importante son las transferencias que deben hacer las termoeléctricas en los lugares donde operan para proteger el medio ambiente. El 58 por ciento de ese ingreso se concentró en Corantioquia, Cornare (que abarca 26 municipios de Antioquia), CAR (Cundinamarca), Corpoguavio (que abarca ocho municipios de Cundinamarca) y CRA (Atlántico).

Esto, para Viloria, plantea la necesidad de que la asignación de los recursos de las corporaciones no replique el círculo vicioso de que las zonas con menor desarrollo social y económico tienen menos recursos para proteger los ecosistemas que tienen a cargo, cuando este debería ser uno de los principales criterios a tener en cuenta. 

“Y ni que hablar de la violencia y lo riesgoso que resulta la defensa ambiental en muchas de ellas. Ahí la financiación con recursos de la nación y del Fondo de Compensación Ambiental debería ser mayor”, dice Viloria.

 

Alto riesgo de corrupción en las CAR

 

“Las corporaciones son instancias políticas, no técnicas como deberían serlo. Por lo menos eso es así en el nivel directivo, puede que más abajo haya un mayor grado de especialización”, dice Viloria. 

Así lo corrobora el Índice de Transparencia en Colombia. El último en medir a las CAR es de 2009. Ese índice mide la poca capacidad para socializar la contratación pública, la selección de funcionarios, el diseño de las políticas públicas. Mide también la alta discrecionalidad en los procesos de las entidades, y el bajo control de las auditorías internas, ciudadanas y de los órganos de control.  

En el Índice de transparencia ninguna corporación está en riesgo bajo de corrupción. Y de las del Caribe, en las que se concentra Viloria dada su importancia para la protección medio ambiental, sólo tres están en riesgo moderado, seis están en riesgo medio y una, Corpomojana, en riesgo alto.

Un indicador más reciente es el Índice de Evaluación de Desempeño Institucional —Iedi— del MinAmbiente que mide la eficiencia de las corporaciones en trámites ambientales como licencias, concesiones de aguas, permisos de vertimiento. También la gestión presupuestal y la transparencia en la administración. 

En 2020, 15 corporaciones tuvieron un desempeño entre sobresaliente y satisfactorio. A diferencia del Índice de Transparencia, Corpomojana y la Corporación del Sur de Bolívar, con riesgo de corrupción alto y medio, respectivamente, tuvieron un Iedi sobresaliente y satisfactorio. Asimismo, Corpamagdalena con riesgo moderado de corrupción, tuvo un Iedi –desempeño—bajo. 

Los criterios y las épocas son diferentes.   

Pero la falta de capacidad técnica es consecuente con  la baja ejecución de recursos que tienen las CAR, pese a todos los desafíos ambientales que enfrentan. Sobre eso ha llamado la atención la Contraloría

En esa línea, dos grandes fuentes de ingresos que tienen actualmente las CAR son los rendimientos de la plata que tienen en el sistema financiero y el dinero que no ejecutaron en los años anteriores. En 2020 correspondió al 33 por ciento de los ingresos totales.

De 2.5 billones que tenían para gasto de inversión, no ejecutaron ni la mitad de los recursos, según la Contraloría.

Las cinco con más baja ejecución en 2020 fueron Cardique (Cartagena), Corponor (Norte de Santander, Corpoamazonía, CAR de Cundinamarca y la de la Meseta de Bucaramanga —Cdmb—

“Si tuvieran un personal más técnico podrían hacer obras más pertinentes. En Santa Marta, por ejemplo, han tenido que contratar técnicos holandeses para solucionar los problemas de erosión del río y del mar que se están comiendo varios pueblos”, dice Viloria. 

“Uno esperaría —continúa el investigador— que los que dirigen las corporaciones sean personas provenientes de la ortodoxia del medio ambiente y de desarrollo sostenible. Que no sean la autoridad porque imponen sanciones sino porque son las personas que más saben en ese campo”.

A lo anterior se suma la presión grande que tienen las CAR, según Viloria, para hacer obras de saneamiento básico, acueducto y alcantarillado, tanto del Gobierno nacional como de los locales. “Las corporaciones deben enfocarse en la protección de las cabeceras de los ríos donde se toma el agua que surte los acueductos”. 

Por esa razón, según el investigador, están descuidando proyectos estrictamente ambientales, como la  protección de las partes medias y altas de los ríos que sirven a los acueductos o el control de la tala de bosques.

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