En la semana en que se están cumpliendo cinco años de la firma del Acuerdo de Paz en el Teatro Colón, luego de ser renegociado con representantes del No, muchos análisis se han enfocado en el porcentaje de lo que se ha implementado.

Los estudios de Diana Rico, en cambio, se centran en el impacto negativo del cambio de la narrativa entre el expresidente Juan Manuel Santos y el presidente Iván Duque sobre la reincorporación de los exguerrilleros de las Farc. Y los principales obstáculos que tiene el Acuerdo a juzgar por el lenguaje que usan exguerrilleros, oenegés, medios de comunicación, organismos internacionales y Gobierno.

Rico es profesora del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte y coautora del libro “Transiciones territoriales en el posacuerdo (2017-2019)”. Publicó recientemente también en coautoría con Idaly Barreto y otros los artículos: “Descongelamiento del conflicto debido al Acuerdo de Paz con las Farc–EP in Colombia: Firma (2016) e Implementación (2018)” y “Creencias maleables y esperanza en apoyo a concesiones del acuerdo con las FARC-EP en un contexto polarizado”.

Estos fueron dos de sus hallazgos más importantes.

La retórica de “impunidad” y de “paz con legalidad” de Duque mantiene resistencias al Acuerdo

Diana Rico cuenta que con base en el análisis de más de 1200 respuestas, en el punto más cercano a la firma del Acuerdo, en 2016, algunos colombianos vieron retadas sus ideas y emociones previas sobre la guerra. Practicaron la encuesta en el Atlántico a personas de diferentes edades, estratos socioeconómicos y niveles educativos. Víctimas directas e indirectas y personas sin esa condición.

A la pregunta sobre los pensamientos y los sentimientos que experimentaban cuando pensaban en el Acuerdo, respondieron usando frecuentemente la palabra “pero”: “tengo esperanza, pero tengo miedo”. 

Lo que pasó fue que ante un hecho objetivo como la firma del Acuerdo de Paz o la imagen de la entrega de las armas a la ONU, la gente experimentó lo que se llaman “creencias instigadoras” o ambivalencias internas: “creo en la paz, pero no confío en esos terroristas”. 

“Las evidencias y el lenguaje del Gobierno Santos cercano a la reconciliación social y a una paz duradera” contribuyeron en ese sentido, según Rico. 

Eso dio lugar a unas “creencias mediadoras” que son ideas que tienden puentes entre lo que la gente pensaba antes y nuevos escenarios. Pero la ventana de oportunidad se ha ido cerrando.

“Pudimos transformar lo que se conoce como la infraestructura de la cultura del conflicto”, dice la investigadora. “En una sociedad que experimentó por más de medio siglo un conflicto armado y que se enfrenta todos los días a noticias de muertes y afectaciones a la población civil, la gente naturaliza la violencia para no enloquecerse”, complementa. Es común entonces la deslegitimación del otro que piensa distinto, el énfasis en las heridas o victimización. En otras palabras, la imposibilidad de concebir otros mundos posibles. 

Y con la implementación lo que ha pasado, a diferencia del momento de la firma del Acuerdo, es que la narrativa del Gobierno Duque ha sido mucho más afín a las resistencias que hemos construido durante décadas. “Nuestros procesos cognitivos son perezosos. En términos de los pensamientos y emociones que hemos desarrollado es más fácil para los colombianos comprar la idea de la continuidad de la guerra que apostarle a la paz”, señala Rico. 

Lo que muestra su estudio es que “el lenguaje más cercano al punto de implementación es: ‘impunidad’, ‘injusticia’, ‘incertidumbre’ —continúa Rico—. Todas asociadas a un clima emocional negativo. Y eso cierra la disposición a que los colombianos hagan concesiones a los exguerrilleros”.

Aún si en estos últimos años ha aumentado la cantidad de gente que apoyaba originalmente el Acuerdo de Paz, como lo muestra un estudio de Miguel García, profesor de la Universidad de Los Andes y otros, el avance podría ser aún mayor con un discurso que estuviera más alineado.

La siguiente gráfica muestra los cambios en los dos momentos de firma e implementación del Acuerdo en cuanto al tipo de creencias que se han movilizado y también el ambiente de politización de la fase de ejecución: emociones positivas que coexisten con emociones negativas en la población. 

Los líderes políticos, los que mueven la opinión y los medios de comunicación determinan el marco de interpretación en que se mueve la gente del común y el tipo de relaciones sociales que se pueden dar, explica Rico. Más aún cuando el nivel educativo es bajo y la gente no sabe en general qué implica un proceso de paz porque no ha transitado ese camino, dice. 

Asumir una disposición hacia la paz implica cultivar la esperanza que es una de las emociones más potentes y mostrar pruebas de una vida alternativa a la violencia.

“Hay que legitimar instituciones como la JEP, porque está haciendo su trabajo. Hacer pedagogía con el hecho de que es esperable que en cualquier conflicto haya disidencias. Enfatizar en que la mayoría de exguerrilleros está cumpliendo. Que sigue habiendo inseguridad porque también hay otros grupos armados ilegales. No son los mismos. Si los medios cuentan eso, la sociedad tiene información para confrontar sus creencias”, anota Rico. Para ella la paz debe ser una política de Estado y no se debe sujetar a los vaivenes de cada Gobierno.

En ese sentido es nefasto para la reconciliación y la reincorporación de las antiguas Farc, que el expresidente Álvaro Uribe salga a decir esta semana que nunca ocurrió un Acuerdo de Paz o que el presidente Duque se remita más a la Constitución Política como el faro de la paz que al propio Acuerdo.

Hay cuatro obstáculos para el proceso de paz según el lenguaje de los responsables de la implementación

Hay cuatro obstáculos para que la implementación del Acuerdo de Paz sea exitoso. 

Así lo determinan Rico y otros en el primer capítulo de su libro “Transiciones territoriales en el posacuerdo (2017-2019)”. Analizaron 86 documentos que hacen balances sobre la ejecución provenientes de las Farc, los medios de comunicación, las oenegés, los organismos internacionales y el Gobierno. Revisaron la frecuencia en el uso de ciertas palabras y el contexto en el que lo hicieron.

El principal problema para la implementación del Acuerdo es la amenaza a la vida de los excombatientes (van al menos 300 asesinados) y de los líderes sociales (más de 600 han perdido la vida). 

Lugares como Cauca, Antioquia, Nariño son mencionadas constantemente. Y se hace referencia a la presencia de grupos ilegales que se oponen a programas como la sustitución de cultivos.  

La otra gran dificultad que mencionan son las barreras sociales y económicas para reincorporarse. La lentitud de algunos proyectos productivos y de las capacitaciones. También hablan de las diferencias entre hombres y mujeres y las condiciones precarias de salud. 

La inseguridad jurídica también es preocupante y se expresa en relación con las normas para hacer oposición política y para normalizar su situación. En ese sentido el anuncio del Gobierno de EE.UU. esta semana de sacar a los exguerrilleros de las Farc de la lista de terrorismo es una buena noticia. 

Por último, está el incumplimiento del Acuerdo como tal. Algunos de los aspectos que se mencionan son recursos y acceso a tierra.

“Estos obstáculos minan la confianza entre los exguerrilleros y el Gobierno y la expectativa de que el proceso de paz siga por buen camino”, concluye Rico