"Acuerdo con Fedegán logra avances con ganaderos, pero a costos significativos"

es Francisco Gutiérrez

El papel de la gran ganadería en el despojo de los campesinos está ya bien documentado, pero se podría agregar aún mucho más. Al mismo tiempo, las críticas unilaterales, que no tienen en cuenta que los gobernantes operan bajo restricciones, no tienen mayor interés. Por otra parte, es claro que el acuerdo tiene aspectos negativos y además genera muchas preguntas.

El primer problema es el fiscal. El acuerdo plantea preguntas distributivas complicadas: ¿qué pasa si la alcancía del Gobierno queda vacía para apoyar a las víctimas y al mismo campesinado, por ejemplo?

Muchos terratenientes además han evadido impuestos sistemáticamente, poniendo el valor de los predios en libros muy por debajo del valor del mercado. Por esta razón, la pregunta es si el Estado les va a comprar esos predios a ese valor registrado en notarías, y si eso no supone premiar a unos actores que han evadido impuestos sistemáticamente.

Hay un segundo problema serio y es que el acuerdo supone, en últimas, una transferencia económica de industriales a terratenientes. Por una parte, se hace una reforma para que los industriales tributen más, pero el grueso de esos tributos se iría a una economía, como la ganadera, que es extraordinariamente ineficiente, y que además no genera muchos empleos ni distribución de la riqueza.

La tercera cuestión que me preocupa es que toda esta fue una conversación a puerta cerrada entre Estado y gremios, sin la menor voz campesina. Y eso no es muy digerible. Claro, esto se puede corregir impulsando la participación campesina, pero con tal de que esta tenga capacidades de decisión claramente estipuladas.

Por último, varias ambigüedades del Acuerdo plantean la pregunta de si la tierra va a llegar realmente a los campesinos. Sería terrible que la respuesta fuera no.

Aún así, no se puede criticar al acuerdo desde la simplísima alternativa de decir:” exprópienlos”. Por lo demás, las personas que dicen eso no lo propusieron donde y cuando tenían influencia. Habría que preguntarles por qué. Además: ¿cómo? ¿Con qué poder y con qué capacidad se hace eso? Por supuesto, es una solución que no se puede descartar. Pero requiere de capacidades, de constelaciones de fuerzas específicas, etc. No es una cuestión que se pueda decretar sin más o plantear en términos puramente jurídicos. 

En un artículo que publicamos junto con Jennifer Vargas Reina, pensábamos el despojo como el acto planeado y consciente de quitarle la tierra a alguien, con el fin de redistribuir los derechos de propiedad entre otros agentes. En esos casos, el agente despojador intenta explícitamente apropiarse del predio y la víctima lo abandona porque alguien le exige entregarlo.

Esa sigue siendo una definición en la que no entran otros fenómenos colindantes como la afectación a derechos de propiedad sobre la tierra, como obligar a los propietarios a hospedar o dar paso a grupos armados en contra de su voluntad, en cuyo caso el despojo sería mucho más grande de lo que hoy pensamos.

Pero incluso si uno se acoge a una definición minimalista, el saldo es que en Colombia ha ocurrido una escala masiva de despojo de tierras. Hay distintas estimaciones, pero no hay un conteo oficial. Por ejemplo, Luis Jorge Garay hizo una encuesta en la que llegó a la conclusión de que más del 40% de los desplazados fueron despojados de sus tierras. Esos son más de 3 millones de personas.

Ricardo Sabogal, que dirigió la Unidad de Restitución de Tierras, nunca hizo una estimación seria porque le parecía políticamente inconveniente. Nosotros con el equipo de investigación de Diana Machuca y Margarita Marín fuimos a seis municipios y nos dimos cuenta de que las subestimaciones del despojo en las cuentas del Estado podrían llegar a ser de 1 a 10.

Entonces, una primera tarea sería hacer cifras buenas sobre despojo. Tenemos cifras decentes sobre desplazamiento, pero eso es distinto. Todavía estamos a tiempo de hacer ese ejercicio, y datos suplentes como las solicitudes de restitución lo que hacen es distorsionar la magnitud del fenómeno del despojo, pues las 140 mil solicitudes de restitución aceptadas por la Unidad de Restitución son un universo pequeño que no incluye las muchas otras solicitudes rechazadas, o las personas que simplemente se cansaron de hacer fila para que les respondieran.

En el lado bajo de la estimación está Ana Maria Ibañez, que llegó a la conclusión de 1 millón de despojados, y hay estimaciones que llegan hasta 9 o 10 millones.

Pero más allá de esas cifras difusas, es innegable que los grandes despojadores de la guerra fueron los ganaderos y sus paramilitares. En muchos territorios los paramilitares fueron el brazo armado de los ganaderos.

Claro, pero fue un despojo distinto. La guerrilla hizo dos clases de despojo. Una por efecto de su actividad armada, donde desestabilizó al territorio y ejerció distintas formas de violencia contra la gente, la cual huyó y abandonó sus predios. La otra forma de despojo fue el remplazo de poblaciones que les eran incómodas: comunidades religiosas, etcétera, las sacaban y la reemplazaban.

Pero ese despojo, que también fue grandísimo, no fue un despojo concentrador de tierras, que es lo propio del despojo paramilitar. Eso no lo hace bonito. Fue horroroso. Pero la diferencia con el despojo paramilitar es que este último concentró tierras de pequeños propietarios para darles a los grandes. Los efectos sociales y económicos a largo plazo son bien diferentes.

Sí, por ejemplo, haciendo un conteo de liderazgos paramilitares, encontramos con Jennifer Vargas que la mitad de esos liderazgos a todos los niveles eran ganaderos activos. Tipos como Mancuso, Jorge 40, Salomón Feris, los propios Castaños, de hecho, el propio Diego Vecino (aunque como gerente y administrador) venían de la entraña del mundo ganadero.

Algo que además es rarísimo, pues en la mayoría de conflictos armados hay unos especialistas en la violencia, y las élites rurales no se meten de manera directa, más bien financias y delegan. Aquí los ganaderos lideraban directamente las unidades, las construían, las llamaban, hacían cabildeo a favor de ellas.

Por ejemplo, la expansión del Bloque Norte en la Costa Caribe, desde 1996 en adelante, fue construida a través de grandes asambleas de ganaderos. De hecho, Carlos Castaño escogía a sus comandantes no por su pericia militar, sino por su capacidad de penetración entre ciertas élites rurales. Yo me acuerdo del caso de Raúl Hasbún, alias Pedro Bonito, que decía con gran orgullo que Carlos Castaño le había regalado una pistola con empuñadura de nácar. Un especialista serio de violencia nunca dice ese tipo de cosas. Y él mismo lo reconocía: “yo no sabía combatir realmente. Yo lo que hacía era construir redes sociales con la gente que contaba en el Urabá”. Lo mismo ocurrió en muchas otras regiones.

Está también el despojo conjunto, “piromaníaco”, como lo dijo uno de sus protagonistas, del Fondo Ganadero de Córdoba y los paramilitares. Ambos trabajaron de manera conjunta en la planeación y puesta en marcha de uno de los despojos más grandes del Urabá antioqueño en la zona de Tulapas y en la creación de proyectos de caucho y proyectos forestales en tierras despojadas, como en Turbo. Todo esto con el apoyo de diferentes actores políticos y agencias del estado a todos los niveles territoriales (municipio, departamento y nacional).

Aclaro: eso no significa que todos los ganaderos fueran paramilitares, muchos de ellos se hicieron matar para oponerse a los paramilitares. Entonces no se trata de poner un estigma sobre los ganaderos, pero sí de ver la economía política subyacente al conflicto en Colombia, y ahí uno ve que economías como la ganadería pueden estar asociadas a un fenómeno como el paramilitarismo porque son élites muy vulnerables, que requieren muchas tierras y en cambio no requieren de la gente (por ser muy poco intensivas en empleo).

En economías más intensivas de trabajo, usted no puede tratar a la gente solamente a bala porque la necesita y porque eso podría desatar conflictos sociales muy duros que desestabilizaran la respectiva economía. Hay una relación muy distinta entre trabajadores y élites según aspectos claves como éste del empleo, del peso de la tierra como activo en el proceso productivo, etc.

Sí, Jorge Visbal Martelo fue ex presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, Fedegán, y no por poco tiempo. Fue presidente desde 1991 y hasta 2004, y fue condenado en 2018 a nueve años de prisión por sus presuntas relaciones con Édgar Ignacio Fierro, alias Don Antonio, del Bloque Norte.

Pero más allá de la figura de Martelo, Fedegán fue un auditorio de las Convivir. Como se sabe, las Convivir fueron unas cooperativas de seguridad creadas durante el gobierno de César Gaviria, aunque realmente activadas por el de Ernesto Samper, en una resolución de 1995, que les permitía a sus miembros llevar armas largas y sofisticados dispositivos de comunicación, para protegerse de secuestros y de “pescas milagrosas”.

Los ganaderos se habían constituido en promotores incansables de la privatización de la seguridad, y apoyaron con la mayor energía la existencia de las Convivir. De hecho, la presentación del proyecto de las Convivir fue hecha por Fernando Botero Zea, el Ministro de Defensa de Samper, en el 24avo Congreso de Fedegán, y la respuesta que recibió allí fue entusiasta.

El propio José Felix Lafaurie, actual presidente de Fedegán, declaró en una ocasión: “los paramilitares eran el amigo, el vecino y el compadre”, y eso es cierto, eran parte integral del tejido social del medio hacendatario y ganadero. 

Es innegable la cercanía entre agencias de seguridad del Estado y el paramilitarismo, como en el caso del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), pero algo de lo que se habla menos, pero que en el Observatorio de Tierras hemos documentado es el rol de la institucionalidad rural para legitimar en notarías el registro de tierras despojadas, y luego financiando a los despojadores.

Por ejemplo, Augusto Francisco Castro Pacheco, alias Tuto Castro, actuó en calidad de ganadero en varios municipios del Magdalena y notablemente en Chivolo a principios de la década del 2000, y expulsó a campesinos de diferentes municipios por medio de amenazas llevadas a cabo por los paramilitares, y legalizó su propiedad sobre las tierras despojadas a través de maniobras ejecutadas por los directivos del Incora del departamento.

Eso muestra un problema más amplio con respecto de la herencia que nos dejaron varias décadas de conflicto armado. Con respecto a los derechos de propiedad, hay una informalidad masiva que contiene muchas inequidades. Por ejemplo, hay un jurgo de campesinos que han empujado, muchas veces a bala, a parques nacionales, y a quienes ahora los quieren sacar porque no pueden habitar zonas protegidas.

Y si bien Colombia ha tenido varios procesos de reforma agraria, en muchas ocasiones a los campesinos se les dieron derechos de propiedad condicionales, y los despojadores aprovecharon esa condicionalidad para robarles la tierra.

Por ejemplo, en la reforma agraria de 1994, se les daban parcelas a campesinos a condición de no abandonarlas durante seis meses seguidos, una condición que fue aprovechada por paramilitares que los sacaban del predio y los desplazaban para otras partes, y luego tenían a su calanchín en el Incora o el Incoder, que les hacía todo el proceso para mostrar que el campesino había abandonado el predio, y por eso la asignación debía revertirse. Todo esto revela que la solidez y calidad de los derechos de propiedad está también pésimamente distribuida en Colombia. 

La pulsión sobre el acceso a la seguridad privada y al acceso a los grandes medios de violencia por parte de élites rurales ha sido fundamental para la formación del Estado colombiano, y también para la conformación de las élites ganaderas hacendatarias. Entonces, una parte muy importante de lo que debería significar el acuerdo con Fedegán es precisamente abrir la oportunidad para propiciar modelos de economía rural y ocupación del territorio que permitan que esa demanda por seguridad privada se desinfle y eventualmente desaparezca.

Esto es central para evitar que se repita el ciclo de acceso privado a los grandes medios de violencia y la conformación de nuevos grupos paramilitares, que es algo que puede suceder nuevamente. El acuerdo con Fedegán mete a los grandes ganaderos a la cancha de aceptar el Acuerdo de Paz y les permite reafirmarse como actores que no son los antagonistas de siempre para muchos sectores, y ese es el gran aspecto positivo del acuerdo, porque podría ayudar a quitar la presión incesante para el acceso privado a los grandes medios de violencia.

Sobre esto, me parece que la preocupación sobre las invasiones de tierras realmente es un pánico inflado. A la gente se le olvidó que este país en buena parte se construyó alrededor de tomas de tierras, además, promovidas por políticos tradicionales.

Cali, por ejemplo, en buena parte fue construida a punta de tomas de tierras promovidas por los políticos tradicionales y después formaban la Junta de Acción Comunal, que llevaba servicios, pavimentaba y a través de eso conseguían votos. Ahora el fenómeno es muy, muy marginal, e incluso si no lo fuera se trataría de algo bastante diferente a la formación de un grupo armado. A mí me alarma que algunos voceros lo estén poniendo en el mismo nivel que el paramilitarismo, es una retórica que puede terminar justificando muchas cosas muy complicadas. 

Es clarísimo para mi que los ganaderos fueron también víctimas. No sólo de las guerrillas, de distintos elementos de criminalidad, también de los paramilitares. Masivamente. Eso no se contradice en lo más mínimo con lo que estaba diciendo arriba acerca de la íntima relación entre gran ganadería y guerra paramilitar. Muchos ganaderos fueron asesinados por paramilitares, pues varias unidades se volvieron guardias pretorianas con sus propias dinámicas.

Y el mundo paramilitar, que como documenté en mi libro era tremendamente faccional, facilitó que algunos ganaderos usaran a los paramilitares contra sus pares (entre otras cosas, también para despojarlos). Esa es una de las muchas razones por las que los grandes ganaderos deberían oponerse firmemente a la irresponsable propuesta de formar autodefensas.

Pero, por otra parte, un análisis riguroso de estos problemas a menudo escapa a la dicotomía víctima-victimario. En el conflicto muchas veces las víctimas y los victimarios fueron la misma persona. Piense en Carlos Castaño o Tirofijo, por ejemplo.

En lugar de esa dicotomía creo que el foco de atención del análisis, más allá de las tierras que el acuerdo logre obtener para los campesinos, debería estar en imaginar nuevamente el tipo de ruralidad y ocupación del territorio que necesitamos para alcanzar la paz estable. Yo no creo que la gran hacienda ganadera ocupe un lugar en ningún escenario deseable.

El problema claro no es fregar o arrinconar a los ganaderos y graduarlos de enemigos. Sino de transformar esa economía y de permitir la reconversión de sus protagonistas. ¿Cómo hacerlo? No hay una fórmula clara, pero creo que si no lo hacemos vamos a seguir en problemas. El Acuerdo alcanza avances reales, pero a costos significativos. Tendremos que esperar a ver cómo evoluciona para hacer un balance serio.