“Aunque Petro no quiso, alguien tendrá que subir la edad pensional”

es Wilson Nieto

El punto que más rescato de la reforma es que busca contribuir a “los pisos de protección social”, un concepto que existe desde hace 15 años.

Los pisos de protección social son garantías básicas que buscan prevenir o aliviar la pobreza y la vulnerabilidad. Entre ellos está el acceso a la salud y a la educación. Posteriormente, estos pisos buscan un ingreso para los adultos mayores que no puedan acceder a la pensión por diferentes razones.

En términos generales, la idea de la reforma es inyectar recursos al cumplimiento de uno de estos pilares. El problema es que siempre han tendido a quedarse en el papel porque los recursos terminan siendo insuficientes para satisfacer a toda la población.

En la reforma pensional, el Fondo de Solidaridad Social busca encontrar recursos para financiar la prima media, lo cual es válido, pero no es suficiente. Sí, se asegura una renta básica, pero ¿dónde se atacan los demás problemas de la protección social para las personas en extrema pobreza?

Yo soy partidario de no aislar la reforma pensional de los demás problemas que tiene la población vulnerable porque esta es la razón por la que se genera una tendencia a crear reforma tras reforma. Solo se solventa una parte de los problemas. En este caso sí, se ve la pensión, pero no se piensa en quién la recibe y lo que podrá hacer con ella.  

Va a tener un efecto directo en la liquidación de la pensión, porque el sistema de ahorro individual liquida la prestación económica de vejez muy por debajo de como la liquida Colpensiones.

El sistema hoy no es autosostenible por la forma en que Colpensiones liquida las pensiones de quienes devengan más de tres salarios mínimos.

Este cambio lo va a sentir directamente el afiliado, quien va a ver perjudicada su prestación económica de vejez cuando su ingreso supere tres salarios mínimos. Esto debido a que la reforma lo obligaría a pasar a un ahorro individual, el cual no genera un monto de pensión tan alto como quedaría con la prima media.

Por ejemplo, si uno cotiza 10 millones de pesos, en prima media se podría aspirar a una pensión de unos 8 millones de pesos si se llega al 80 por ciento. Para aspirar a esa misma pensión en un fondo individual tendría que hacer ahorros voluntarios y adicionales. 

La idea de la compensación de género es dar reconocimiento de pensión por cada hijo criado. Se entregarán 50 semanas de pensión por hijo, con un máximo de 150 semanas, es decir, hasta 3 hijos.

¿Esto realmente genera una protección de género? En mi opinión, no. Lo que debía analizarse en términos de equidad es que el sistema de primas medias (Colpensiones) en este momento exige 1.300 semanas para la jubilación. Las mujeres se pensionan antes que los hombres, por ende tienen 5 años menos para reunir esas semanas. Entonces, lo más razonable es que si se les exige menos edad a las mujeres para jubilarse, se les debería exigir también menos semanas de trabajo.

A esta situación hay que sumar la empleabilidad de las mujeres. En Colombia, según diferentes estadísticas, la mujer tiene índices más bajos de empleabilidad frente a los hombres. Esto añade un obstáculo más para lograr adquirir una pensión de manera óptima y en el periodo de tiempo esperado.

El incentivo que propone esta reforma no es malo. De hecho, resulta sumamente valioso para cierto sector de la población femenina, especialmente para las madres cabeza de hogar. Pero condicionar a la mujer a la gestación para lograr obtener una disminución en la cotización no sustituye una compensación de género en la reforma.

Colombia es uno de los países con edad de pensión más baja en el continente. Por lo general, la media es de 65 años. Acá es de 62 años para hombres y 57 años para mujeres.

Eso es algo que, en principio, es positivo, pero no es sostenible financieramente a largo plazo.

Efectivamente, hay un envejecimiento de la población colombiana, lo que desacelera el crecimiento económico del país: entre menos gente productiva, menos crecimiento. Ante eso normalmente lo que ocurre es que el Estado se ve obligado a aumentar la edad pensional para que las personas tengan una vida laboral más larga.

De acuerdo con un informe de Cepal, para el 2052, la población de 60 años pasará a ser predominante en América Latina.

Si Petro no aumenta la edad de jubilación, su sucesor tendría que recurrir a otras opciones para generar un sistema sostenible. Eso lo puede hacer modificando los requisitos de contribución, por ejemplo, podría aumentar el número de semanas requeridas para acceder a la pensión y así generar más ingresos y un menor retiro de prestaciones.

Lo que modificará esta reforma es la forma de liquidar la prestación económica, obteniendo prestaciones muy por debajo de lo que se está liquidando hoy en día. Se ha dicho que el sistema de prima media, es decir el administrado por Colpensiones, es muy garantista frente a un sistema de ahorro individual o de fondos privados. Posiblemente, en un futuro, lo que va a hacer Colpensiones es generar un sistema más decreciente, donde baje la forma de liquidar la prestación, lo que también garantizaría la sostenibilidad del sistema.

Sí, porque el actual sistema de seguridad social, financieramente, está en crisis. Aunque Petro no dará esa batalla, alguien más tendrá que enfrentarse al problema de subir la edad de pensión.

La expectativa de vida ha aumentado de manera significativa desde que se estipularon los requisitos para acceder a pensión en la ley 797 de 2003, lo que ha creado la necesidad de adaptar el sistema pensional a la nueva realidad demográfica. Hoy la población se pensiona a una edad muy inferior comparada a la esperanza de su vida actual, que está por los 75 años.

Lo anterior se traduce en que las personas tendrán derecho a acceder a la pensión durante más tiempo del que se estimaba —por más de diez años— y con menos personas aportando para cubrir ese gasto. Por eso digo que tarde que temprano existirá el aumento en la edad de pensión.

Esta no es una situación exclusiva de Colombia. Francia es el ejemplo más claro, ya que la población también presenta un envejecimiento poblacional acelerado y se están viendo obligados a aumentar la edad pensional para solventar este problema. Pero el caso francés es ejemplar de lo costoso que puede llegar a ser políticamente tomar esta decisión.

Si usted a la fecha tiene 1.000 semanas de cotización acreditada, independiente del fondo en donde las haya cotizado, se le respetará integralmente la aplicación de la Ley 100 del 93, es decir, no le aplicarían los puntos de esta reforma. Si tienes menos de mil, te aplica toda la reforma.

Desde mi punto de vista, el número de semanas es razonable a partir de las demandas que propone la reforma. Sin embargo, lo que no se contempló fue la posibilidad de establecer una doble opción en la transición. Es decir, no sólo una transición por las semanas cotizadas, sino también por la edad.

Si no se tienen las semanas, pero sí la edad de jubilación, se le debería dar la libertad al cotizante de continuar con el régimen anterior, pero no es el caso. Esta situación lo que genera es que una persona que ya se encuentra en edad pensional se va a ver obligada a seguir trabajando para conseguir las semanas necesarias para pensionarse.

El sistema colombiano empezó siendo muy garantista con la Ley 100 de 1993, que otorgaba unos beneficios muy amplios, como garantizar las prestaciones económicas y de salud a quienes eran incapaces de afiliarse a algún sistema. El problema es que puso a competir entre sí a dos regímenes pensionales, el de ahorro individual y el de prima media, los cuales difieren ostensiblemente en la liquidación de la pensión de vejez.

Por esta razón, 10 años después salió la ley 797 de 2003, que aumentó la edad de pensión, las semanas de cotización, los aportes de cotización y modificó la liquidación en un sistema decreciente de ingreso para garantizar una mayor sostenibilidad financiera. Pero era tan inviable financieramente e incapaz de responder económicamente a la población, que también se creó la cuenta del Fondo de Solidaridad Pensional al poco tiempo de crearse la ley 100 de 1993.

Hoy volvemos a necesitar una reforma que busca aumentar los recursos de este fondo para quienes tengan ingresos de tres salarios mínimos. Obsérvese cómo gradualmente fue aumentando el porcentaje de cotización del ingreso hasta llegar hoy al 16 por ciento, pues el inicial fue demasiado bajo respecto a los beneficios que se obtenían.

Los anteriores aspectos, aunado al porcentaje de longevidad de la población en comparación con los aportes actuales de cotización, hacen inviable financieramente el sistema pensional como viene, que tampoco ha cumplido uno de los principales pilares de la seguridad social: la universalidad.

El sistema actual piensa en una sostenibilidad financiera, pero no analiza la vejez como un todo, donde es necesario darle una protección mucho más amplia al ser humano.

Es necesario pensar en políticas que permitan entender que el sistema pensional no es sólo producto de los requisitos de edad y semanas cotizadas ¿Por qué no pensamos en temas de empleabilidad y de formalización de empleo? Si, por ejemplo, formalizan el trabajo en el sector rural, aquella persona que labura en el campo contribuiría financieramente y obtendría cobertura del sistema social.

Con la formalización y el aumento de la empleabilidad se generarían los recursos sin necesidad de modificar los requisitos de pensiones. Pero mientras eso no pase se hace inevitable eventualmente subir la edad de pensión.