"Colombia no sigue hoy las secuelas ambientales que dejan sectores extractivos"

es Mauricio Cabrera

es Luis Alberto Vargas

De pasivos ambientales se empezó a hablar a comienzos del año 2000, cuando en latinoamérica varios países empezaron a mover la idea de legislar sobre el tema de los impactos ambientales de proyectos y actividades humanas. Esto frente a un boom que había de industrias extractivas en todo el continente, especialmente en Chile y en Perú, que se volvieron países altamente dependientes de la minería.

En Colombia se empieza a hablar del tema en el segundo periodo del presidente Uribe, donde se planteó la necesidad de legislar sobre la materia y se dejó un compromiso en el Plan Nacional de Desarrollo para hacerlo. Ese compromiso se prolongó en los planes de desarrollo de Santos y de Duque, sin que pasara de ahí a convertirse en una ley o se desarrollara una política pública. El mayor avance que hubo fue una ponencia presentada por el representante Luciano Grisales, en la última legislatura del gobierno Duque y que resultó en la primera votación que aprobó el proyecto de ley en la comisión quinta de cámara, pero Luciano no fue reelecto así que el proyecto no pudo avanzar más.

Entonces, aunque muchas instituciones, como la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) o el Departamento Nacional de Planeación (DNP) coinciden en que hay un vacío normativo frente a los pasivos ambientales, no se ha podido sacar una ley sobre el tema hasta el momento, por lo que Colombia no tiene cómo seguir de manera confiable las secuelas ambientales que dejan sectores extractivos.

En ese intervalo de tiempo, los ministerios de Ambiente y de Minas han tenido muchas discusiones sobre el concepto de pasivo ambiental y qué es lo que podría entrar en esa categoría. 

Sobre la definición del concepto no hay tanto debate. Un pasivo ambiental refiere a los impactos ambientales negativos que pueden ser medidos, ubicados y delimitados geográficamente y que pueden ser causados por proyectos, obras o actividades humanas, incluso en proyectos que ya han sido autorizados y tienen permisos legales para ejercer esa actividad. Ahora, un tema distinto es cuánto de ese concepto ha sido interiorizado en las prácticas de las empresas y las industrias, que lo han incorporado muy poco. 

Pero el diablo está en los detalles. De 17 documentos que pude analizar que han tratado sobre pasivos ambientales, de los cuales cuatro son proyectos de ley, hay definiciones diferentes de lo que este significa, lo cual, a su vez establece obligaciones diferentes a sectores de la economía. 

También, una de las discusiones en Colombia ha sido si, por ejemplo, en la cuenta de los pasivos ambientales se incluye a los proyectos mineros que están en desarrollo y ya fueron licenciados o solamente se cuentan cuando los proyectos ya han sido terminados. Lo que busca el proyecto de ley que actualmente está en curso es que los pasivos se cuenten con posterioridad a la finalización del proyecto que lo provocó, es decir, que es una evaluación que se hace después de ejecutada la obra.

Sobre eso hay un detalle técnico que es clave. Y es que como la evaluación de pasivos es posterior a la obra, puede pasar, por ejemplo, que un proyecto minero al que se le concedió una licencia para explotar, descubra en esa evaluación final que no cumplió con los requisitos necesarios para evitar impactos, aún cuando con el licenciamiento cumplió todo lo que se le había pedido.

Ahí el Gobierno debe buscar equilibrar las dos varas, la del licenciamiento y la de la evaluación de pasivos ambientales, para que sean similares. De lo contrario, los empresarios pueden demandar una afectación porque el gobierno les estaría pidiendo dos unidades de medida de evaluación de su gestión ambiental.   

El proyecto que fue presentado en esta legislatura por la representante Julia Miranda (Nuevo Liberalismo) y el representante Cristian Avendaño (Partido Verde) le hace ajustes a la propuesta que había hecho Luciano Grisales. Central a esta propuesta es que busca que se regulen no solamente los pasivos mineros, sino todas las actividades que dejan un saldo de contaminación.

Además, llama a la creación de una política pública para la gestión de pasivos ambientales, y crea un registro de pasivos ambientales que realizará el ministerio de Ambiente y el Ideam para llevar ese inventario, y modifica la caducidad de las acciones sancionatorias ambientales: caducarían a los 20 años de haber sucedido el impacto ambiental negativo.

Esto en un contexto en el que se ha calculado, según un estudio contratado por el Ministerio de Ambiente en 2016, que el sector minero es responsable del 42% de los pasivos ambientales, mientras que el de los hidrocarburos es responsable del 24%, seguido de otras industrias que generan el 15% y el manejo de residuos, que genera el 13% restante.

Según calculó ese estudio, en el país habrían 1843 pasivos, pero ese dato sigue siendo un estimativo y el desafío que tiene por delante el gobierno es hacer una revisión sistemática de los pasivos ambientales del país.

Ahora, el proyecto de ley, si pasa en el Congreso, no resuelve todos los problemas. Le falta nivel de detalle y un desarrollo desde el ejecutivo, pero lo que ya logra es un mínimo consenso sobre el significado del término, que no es poco, porque evita que haya diferencia de criterios entre las entidades para evaluar pasivos ambientales. Si no hay un mínimo de acuerdo sobre lo que cuenta o no como pasivo, un profesional de Corporinoquia evaluará un pasivo de hidrocarburos de manera diferente a como la evalúa uno de Corpoamazonas en otro proyecto, y así todo se enreda. 

El proyecto para regular los pasivos ambientales desarrolla precisamente lo que el Consejo de Estado le pidió en agosto al gobierno, que es que elabore un inventario de pasivos ambientales mineros y adopte un plan preventivo y correctivo de esos pasivos ambientales.

Actualmente no hay una capacidad institucional en el país para hacerle seguimiento y prevenir los pasivos que se generan, por ejemplo, por vertimientos o contaminación de ríos y ecosistemas por proyectos extractivos. Por eso la sentencia del Consejo de Estado y ese proyecto de ley encajan totalmente con la visión del gobierno de generar control y responsabilidad por parte de los actores que causan impactos ambientales. 

El sector minero se ve afectado porque le pone un control a sus actividades, pero no creo que esté cerrado a tener criterios claros para que se evalúen sus impactos ambientales, siempre que sean claros y sirvan para mejorar sus prácticas. La idea de una reglamentación de los pasivos ambientales no puede ser ahogar al sector minero, pues de él dependen muchas regiones y las finanzas del país, sino hacerlo más conscientes de los impactos que tienen sus actividades en distintos territorios.

Ahora, hay todo un universo grande de proyectos de minería ilegal que generan pasivos ambientales y no están siendo vigilados. Aunque el proyecto de ley contempla hacerle control a los pasivos ambientales de la minería ilegal, el desafío será el de hacerles seguimiento a estas actividades que muchas veces se dan en zonas no localizadas y sin suficiente control del Estado. 

En Perú se logró reglamentar una ley en 2004 para la gestión de los pasivos ambientales mineros exclusivamente. Aún así, las medidas son tímidas frente a un sector que es muy fuerte en la economía nacional: aporta casi el 10% del PIB y es el 68% de las exportaciones. Pero la ley sí les ha servido para darles información para gestionar dónde hacer los proyectos o reubicar comunidades frente a pasivos calculados que podrían ponerlas en riesgo.

En Alemania, hay un conteo de 696 mil pasivos ambientales, que es una cifra mucho mayor a la que tenemos acá, porque ellos están contando casos de pasivos ambientales en edificios viejos hechos con aislamiento térmico que usaban asbesto, y también en el sector del lavado en seco por el clorofurocarbono. Ellos han llegado a hacer un microanálisis sobre dónde hay contaminación y afectaciones ambientales en áreas urbanas.