Con las elecciones del 27 de octubre se va a consolidar la deslegitimación del sistema político, dice Fernando Giraldo, profesor de la Uninorte.
El 27 de octubre son las elecciones regionales, las primeras después del Acuerdo de Paz, y está por verse si fenómenos como una alta participación, el debilitamiento de los partidos tradicionales, la derrota de algunas maquinarias políticas, que ocurrieron en las pasadas elecciones presidenciales y legislativas, se van a repetir.
Fernando Giraldo, profesor de la Facultad de Ciencia Política de la Universidad del Norte, es bastante pesimista al respecto.
Giraldo es especialista en comportamiento electoral, partidos políticos y financiación de campañas y ha publicado varios textos entre ellos: “Circunscripciones Especiales: la paz en la apatía electoral”, “Partidos políticos en Colombia: evolución y prospectiva” y “El abstencionismo decisional”.
La Silla Académica: ¿Por qué cree que se van a recordar estas elecciones regionales?
Fernando Giraldo: Estas elecciones se van a recordar por la consolidación de todos los factores de perturbación de la legitimidad y estabilidad del sistema político colombiano.
No es nada novedoso, pero por su naturaleza estas elecciones no son una disputa por el poder basada en la confrontación de ideas políticas sobre el modelo de sociedad que se quiere hacer prevalecer, sino que giran en torno a necesidades puntuales de la gente (seguridad, movilidad, empleo) pero capturadas por agentes legales e ilegales que actúan en los territorios, contratistas, bandas criminales y senadores.
Tenemos que aplazar la participación hasta que no garanticemos la legitimidad del proceso electoral
LSA: ¿Cuál puede ser la implicación de unas elecciones regionales sin mermelada del Gobierno, que es una de las formas que éste tiene de incidir a través de los congresistas y éstos en la elección de alcaldes y gobernadores?
F.G.: Creo que el impacto va a ser menor porque estas elecciones se rigen por facciones locales de los partidos y lo que cuentan son las casas políticas en cada ciudad o región.
Me parece que la representatividad de los partidos va a ser muy pareja a la que tienen hoy en el Congreso. No creo que ningún partido llegue a tener más de 150 ó 160 alcaldías.
Los cinco partidos más grandes en el Senado: el Centro Democrático, Cambio Radical, el Partido Conservador, el Partido Liberal y la U, van a tener entre 120 y 150 alcaldías en promedio cada uno.
Lo que a nivel local pone a Duque frente a un escenario similar al que tiene hoy en el Congreso y es previsible que, así no quiera, vaya a tener que negociar con los congresistas.
El mismo Centro Democrático o el Mira, que se habían caracterizado por su coherencia a nivel nacional, hoy se comportan de la misma manera para bien y para mal, que los demás partidos.
En unos lugares hacen alianza con unos y en el municipio vecino pueden estar enfrentados.
También va a haber, por supuesto, coaliciones electorales cuyos ganadores van a ser reclamados por todos.
LSA: ¿Por qué se dan esas contradicciones en las alianzas partidistas?
F.G.: Por un debilitamiento acelerado de los partidos en Colombia, que se debe a varias razones. Una, es la existencia de la figura de los grupos significativos de ciudadanos (tres personas que se reúnen, conforman un comité, se registran, recogen firmas y postulan un candidato) que son una competencia desleal de los partidos.
Hoy hay 16 partidos, menos que los que había en 2003, pero hay cientos de grupos significativos de ciudadanos. En el 99 por ciento de los países una persona no puede lanzarse si no es por un partido.
A través de las elecciones locales estamos legitimando poderes ilegítimos
Otra causa del debilitamiento es el voto preferente que ha hecho que los partidos estén fracturados por dentro. La lucha al interior entre los candidatos es a muerte de manera que el adversario es el compañero de la misma lista y no el de la lista de otro partido.
Y, una tercera, es que los partidos sólo pueden tener un alcance nacional a pesar de la complejidad, de lo extenso y quebrado geográficamente que es el país, de un censo electoral de casi 37 millones de electores y de la diversidad cultural.
Eso hace que se comporten localmente como facciones y que haya cientos de candidatos por grupos significativos de ciudadanos que terminan después aliados con uno o varios partidos.
Lo importante es sumar votos el día de las elecciones y la consecuencia es una volatilidad electoral excesiva que hace que los resultados de una elección a otra pueden ser radicalmente opuestos y que impide que haya una mínima continuidad en las políticas públicas.
En Colombia los alcaldes no son gerentes de recursos sino de emociones. Tal como pasó esta semana con la adjudicación del metro de Bogotá a dos meses de acabarse el mandato de Peñalosa.
Un alcalde debería seguir haciendo lo que está funcionando bien y corregir lo que no, pero llegan a cambiar todo lo que hizo el anterior.
LSA: Usted dice que el abstencionismo decisional hace pensar en un problema que va más allá de la concurrencia a las urnas ¿cuál es?
F.G.: Una cosa es participar y otra decidir. Una forma de abstenerse es a través del voto en blanco, del voto nulo deliberado o de no marcar el tarjetón. En estos casos la persona participa pero no elige un candidato que es para lo que fue convocada en principio.
Es preferible votar, así sea en blanco, que no ir a las urnas
De igual forma, una persona puede participar en elecciones simultáneas como las regionales, en las que en la mayoría de ciudades se elige alcalde, gobernador, concejales, diputados y ediles, pero solo votar por algunos de esos cargos y abstenerse de hacerlo para los demás.
Incluso, la gente vota por partidos distintos para cada cargo.
LSA: ¿Qué implicaciones tiene este abstencionismo para la democracia?
F.G.: Tiene un impacto negativo en la legitimidad de las instituciones que obtienen menos votos.
En las elecciones regionales, por ejemplo, la gente vota más a la alcaldía, le sigue el concejo, las gobernaciones, las asambleas y, por último, las juntas administradoras locales.
Históricamente, la votación para las Juntas de Administración Locales -JAL- es muchísimo menor que la votación a los concejos, a veces hasta de un 50 por ciento menos. En Cartago, Valle, 52 mil personas votan por listas al concejo contra 35 mil que lo hacen para las JAL, es decir, 17 mil votos menos.
LSA: ¿Qué explica esa diferencia en la votación?
F.G.: En el caso de las JAL una posible explicación es que la gente no conoce para qué sirven. Una vez se identifica este problema se puede pensar en que hay que hacer más pedagogía política porque las JAL son el órgano más cercano a la gente, son vecinos, están “a la vuelta de la cuadra”, y toman decisiones que los afectan directamente o, por lo menos, brindan un espacio donde las personas pueden ser escuchadas, mucho más que en los concejos.
Las asambleas, después de las JAL, son a las que menos vota la gente. En este caso si uno se pregunta que pasaría si no existieran, la respuesta sería que no mucho. Habría que pensar en darles mayor peso si eso tiene sentido o, en lugar de tener tantos departamentos, considerar migrar a un sistema de grandes bloques de regiones, semi federal. En ese contexto, las asambleas serían mucho más importantes porque harían las veces de pequeños parlamentos.
La realidad hoy es que los ciudadanos perciben que las decisiones más importantes las toman los alcaldes y los concejales y por eso la abstención para las JAL y las asambleas es pronunciada.
LSA: Algunas personas creen que los gobernadores han ido perdiendo relevancia aún en las zonas de regalías y se prevé que muchos no vayan a tener sucesores ¿cree que en estas elecciones se va a reflejar en menos votos a la gobernación?
F.G.: La importancia de las gobernaciones varía mucho de un departamento a otro. Aquellos en que la ciudad capital del departamento no es tan grande y no acapara los recursos que le transfiere la Nación al departamento, el poder de los gobernadores es mayor y por ende la votación, cuando, por el contrario, la capital se queda con el 80 por ciento hay una suerte de desequilibrio centralizador.
Los costeños en Barranquilla critican que todo es para Bogotá, pero cuatro de cada cinco barranquilleros no se identifica como atlanticense.
En estos casos el alcalde de la capital pesa más.
LSA: Usted distingue entre captura del proceso y captura de la campaña electoral ¿cuál es la diferencia?
F.G.: La campaña electoral es sólo una parte del proceso político electoral. Éste dura cuatro años (un ciclo) pero se une al ciclo anterior y queda vinculado al ciclo que sigue.
Me explico: cuando digo que ya sabemos quién va a ser alcalde de Barranquilla y el gobernador del Atlántico es porque hay una captura del proceso político que tiene como efecto que no haya una competencia real y eso no se explica principalmente porque haya una compra de votos masiva.
El próximo alcalde posiblemente sacará entre 280 mil y 300 mil votos. En el mejor de los casos las fuerzas políticas que lo respaldan podrán asegurar indebidamente 80 mil votos, pero los 200 mil restantes van a votar con convicción. La captura del proceso político hace que cuando llegan elecciones ni siquiera haya que comprar votos.
LSA: Siguiendo con su ejemplo ¿Cómo se explica el unanimismo que hay en Barranquilla?
F.G.: Se trata de un monopolio de la política, en el que los actores políticos se ponen de acuerdo en no debatir ni confrontar las ideas, ni hacer control político, por ejemplo. De 21 concejales que hay en Barranquilla, 20 son afines a la Alcaldía y sólo uno ha intentado decir algo, pese a ser de partidos distintos y a enfrentarse incluso electoralmente.
A las decisiones que toma el alcalde simplemente se les da trámite, y aunque no es ilegal renunciaron a hacer política, porque el concejo hace parte de la estructura del gobierno que no se reduce al ejecutivo.
Los medios de comunicación también tienen una gran influencia y poca autonomía e independencia. Espero meses para escuchar una crítica y no llega.
Hay muchas cosas por reconocerle a la actual casa política que controla la alcaldía, pero también hay muchas cosas que no se han hecho bien o cosas que se pueden hacer mejor y no hay quién lo diga. Controlan todos los campos hasta el deportivo y el recreacional.
Tiene que ver con la cultura política también. La experiencia le indica a la gente que los Char en su primer mandato, Elsa Noguera en el segundo, y nuevamente los Char han sido buenos alcaldes, han hecho obras que para los ciudadanos son positivas, luego no hay nada que discutir y es lo peor que le puede pasar a una democracia.
Ha habido gobernantes tan malos que quien haga lo que naturalmente tiene que hacer hay que premiarlo por eso
Ha habido gobernantes tan malos antes, que quien haga lo que naturalmente tiene que hacer hay que premiarlo por eso.
LSA: Si el voto en blanco tiene mayoría absoluta se tienen que repetir las elecciones y no se pueden volver a presentar los candidatos derrotados ¿cree que algo así pueda pasar en Cartagena donde los candidatos fuertes representan la continuidad del desgobierno?
F.G.: Después de las reformas de 2003 y 2009 el voto en blanco tiene una mayor utilidad política, sin embargo, no siempre es la mejor decisión.
Cuando los partidos postulan candidatos, generalmente, postulan al “mejor” electoralmente, que garantice ganar. Cuando los ciudadanos ven que ninguno sirve y esa expresión es mayoritaria, los partidos probablemente van a postular al que estaba de segundo o tercero, que no garantiza que sea mejor al que perdió.
Como el voto en blanco sólo puede ganar una vez, si en las elecciones que repitan, el 99 por ciento vota en blanco otra vez, el uno por ciento restante va a elegir al alcalde.
LSA: Pero a veces es importante mandar una señal de rechazo después del desgobierno que ha tenido Cartagena…
F.G.: En la contienda política en Cartagena hay muchos candidatos, débiles en general. Aunque el voto en blanco parece tener fuerza, si no logra ser el 50 por ciento más uno de los votos válidos, sino el 48 por ciento, por ejemplo, el resto de los votos útiles (por candidatos) se van a dispersar entre seis o siete candidatos y el que gane lo va a terminar haciendo con entre el 12 y el 10 por ciento de los votos válidos, que pueden terminar siendo el 8 o 9 por ciento del censo electoral (dada la baja participación y la inexistencia del voto obligatorio).
En otras palabras, la ciudad tendría un alcalde con una de las votaciones históricamente más bajas, es decir, con un déficit de legitimidad como para agravar el problema.
Si el voto en blanco obtiene la mayoría, las elecciones tendrán que repetirse antes del 31 de diciembre y nada indica que después vaya a ganar alguien mejor.
Lo ideal era que los partidos hubieran sido más responsables y hubieran hecho alianzas sobre acuerdos programáticos para combatir la corrupción, la inestabilidad y los problemas que tiene la ciudad que son del tamaño del planeta.
LSA: Sobre financiación de campañas, usted dice que expertos señalan que la rendición de cuentas no tiene efectos en la práctica ¿Debería acabarse Cuentas Claras?
F.G.: Cuentas Claras sirve y debe mantenerse pero debe mejorarse. Una cosa es lo que formalmente dicen los candidatos y los partidos, si es que cumplen, y en ese caso, además, de presentar los libros de contabilidad y de cargar la información oportunamente, es fundamental que tengan que adjuntar los soportes.
El proceso electoral local, en un 90 por ciento de los municipios, está capturado por agentes legales o ilegales
Cuando incumplen las consecuencias son muy pocas. A eso se suma que el CNE muchas veces revisa aleatoriamente las cuentas y, en vez, de enfocarse en los casos
graves, termina investigando errores involuntarios que también pueden cometer los candidatos o los partidos.
Pero Cuentas Claras es un procedimiento técnico que no puede resolver problemas sustantivos.
LSA: ¿Cuáles son para usted los tres principales problemas que tiene la financiación de campañas aún en lo que se conoce por encima de la mesa?
F.G.: Uno de ellos es que los partidos políticos no responden por sus candidatos y con el voto preferente cada candidato en las listas de las corporaciones es una campaña en sí misma, difícil de controlar, porque en las listas hay de todo como en la viña del señor.
Los partidos deben presentar un libro único de contabilidad en el que se incluyan las cuentas de cada candidato dentro de los dos meses después de las elecciones. Lo que ocurre es que de 100 candidatos al Senado, por ejemplo, 10 no presentan cuentas y lo que hace el partido es remitir al CNE el resto y reportar los que faltan para que esa autoridad los requiera, pero no asume ninguna responsabilidad por ellos pese a haberlos postulado.
Es claro que las responsabilidades penales, disciplinarias, fiscales, son individuales pero no pasa lo mismo con las responsabilidades políticas.
Una sanción contundente sería que se pueda congelar la personería jurídica de los partidos o que les impidan participar en unas próximas elecciones; a partir de eso van a mirar con lupa los candidatos que avalan y serán los primeros en denunciar cualquier irregularidad.
LSA: Usted cita la siguiente frase en su artículo: “los dineros públicos, al ser insuficientes, cumplen un papel de equilibrio en la competencia,… mientras los privados cubren los gastos electorales propiamente dichos” ¿Qué significa?
F.G.: Una de las decisiones más importantes que podría tomar el Estado es que el financiamiento de las campañas sea público en su totalidad y, a la par, se tomen otras medidas para que nadie pueda hacerlo de otra manera y tenga consecuencias graves.
La honestidad, además, no es bien reconocida.
En la campaña presidencial de 2010, el Partido Verde decidió asignarle a Fajardo como fórmula vicepresidencial de Mockus un salario de 35 millones de pesos mensuales, durante dos meses, para que se pudiera dedicar a hacer campaña y, así lo reportaron en sus libros de contabilidad, algo que nadie había hecho antes.
Lo primero que hizo el CNE fue decir que se trataba de un acto indebido y los obligaron a sacar ese rubro de las cuentas. Uno podrá discutir si era un salario alto o no, pero no era un acto corrupto, lo ideal es que los candidatos digan lo que se gastan.
Los grupos significativos de ciudadanos ahora tienen que reportar sus gastos desde que empiezan a recolectar firmas, pero la ley no les pone un tope sino a partir del comienzo de la campaña electoral, de forma que en un año se pueden haber gastado 10 mil millones y no tiene ninguna consecuencia.
En este orden de ideas, otra decisión importante es acabar con la figura de los grupos significativos de ciudadanos.
LSA: El caso de Aida Merlano ha ido tomando la forma de que ella es la única que está pagando por una práctica generalizada ¿eso debería llevarnos a justificarla o cuál debería ser la posición que tomen los ciudadanos?
No es bueno para una democracia que se condene una persona para que los demás no paguen
F.G.: Aída Merlano cometió un delito y eso debe estar claro. Por otro lado, no es bueno para una democracia que se condene una persona para que los demás no paguen o para que los demás expían sus propios pecados, eso ha ocurrido en muchos casos.
Detrás de Aída, como lo ha contado La Silla Caribe, y como lo revela la lista de implicados de la Fiscalía, está involucrada buena parte de la clase política de la Costa. Ella trabajaba con diferentes partidos algo que en términos prácticos se refleja en la modalidad que se llama “el voto combo”: en vez de ofrecerle a un elector 50 mil pesos por el voto, le ofrecen 200 mil y le indican por cuáles partidos debe votar para cada cargo. Me sorprende que no se hubiera volado antes.
Colombia habrá cambiado el día que no haya fraude electoral
Colombia habrá cambiado el día que no haya fraude electoral. En Alemania, por poner un ejemplo, también cometen infracciones e irregularidades electorales pero son de menor rango. Aquí además, con dificultad, se sancionan sólo las infracciones en menos de un diez por ciento, y fraudes electorales uno de 100.
LSA: ¿El peso del clientelismo es el mismo en las diferentes regiones de Colombia?
F.G.: El caso de Aída es emblemático, pero hay menos corrupción en la Costa Atlántica que en el resto del país.
El caso de Aída es emblemático pero hay menos corrupción en la Costa Atlántica que en el resto del país
La corrupción electoral depende del porcentaje de ciudadanos que participan. Quizás es más visible la corrupción en la Costa porque la abstención es mayor. En la Costa vota diez por ciento menos de personas que en la media nacional. Donde hay mayor abstención es en los estratos uno y dos y es más pronunciada en la Costa donde hay más pobreza y miseria, pero venden menos el voto que en lugares donde hay mejores condiciones.
Los que se abstienen de votar tienen las mismas necesidades de quienes venden el voto.
En Soledad, una ciudad dormitorio de Barranquilla, votan 160 mil personas de un potencial electoral de 290 mil. La persona que no vende su voto tiene las mismas condiciones de quien sí lo hace, los mismos 50 mil le sirven para el mercado de 15 días, pero prefiere no hacerlo por dignidad.
En Bogotá es donde más vota la gente y lo hace de una manera más autónoma, pero eso no quiere decir que no haya también corrupción sino que se relativiza porque la abstención es más baja, pero en términos de volumen es equivalente a lo que pasa en la Costa.
Es la baja participación lo que hace visible la corrupción aquí, porque los votos que se compran son mucho más que los que participan de forma independiente.
LSA: Usted dice que el exceso de regulación es perjudicial ¿en qué sentido?
F.G.: Una prioridad es incrementar la participación de los ciudadanos y al mismo tiempo combatir la corrupción, principalmente la electoral, que la distorsiona. Entre menos se regule la primera mejor, en cambio, la segunda exige regular todo. Es como atender dos amos al mismo tiempo.
LSA: ¿Cuál es la solución entonces?
F.G.: Tenemos que aplazar la participación hasta que no garanticemos la legitimidad del proceso electoral.
El proceso electoral local, en un 90 por ciento de los municipios, está capturado por agentes legales o ilegales. Y a través de las elecciones locales estamos legitimando poderes que son ilegítimos.
Según el procurador Fernando Carrillo hay 400 municipios que tienen riesgo de fraude electoral (y estos son sólo los casos más evidentes) y pese a que todo el mundo sabe cómo están ganando los gobernadores y los alcaldes, la misma autoridad electoral legitima el fraude al reconocerlos públicamente como los que eligió la gente. ¿Para qué? para decir que somos un país democrático que no suspende las elecciones en ninguna parte de su territorio. Los colombianos somos formales, somos del siglo XIX.
El Estado debería suspender al menos, transitoriamente, las elecciones en los lugares en que no ha sido capaz de garantizar que la gente vote libre y segura, de hecho es una potestad legal que tiene el Gobierno.
Lo que estamos haciendo es permitiendo que en las campañas intervengan dineros lícitos de empresas privadas (contratistas) que buscan intervenir en la política pública indebidamente, o dineros ilícitos de bandas criminales o, incluso, dinero de candidatos que financian sus propias campañas sin reportarlo o superando los límites legales.
Podrán decirme que no es democrático pero qué va a pasar en Tumaco, en muchas zonas del Cauca, en el Catatumbo, en Versalles en el Valle del Cauca, por poner sólo algunos ejemplos.
LSA: Si se suspendieran las elecciones como usted propone para que sea el Presidente o el gobernador, en algunos casos, quienes elijan por ejemplo a los alcaldes terminarían siendo personas afines ideológicamente ¿eso no es un problema también?
F.G.: No digo que sea ideal mi propuesta sólo hay que abrir el debate y pensarnos las cosas en serio.
La ventaja de que sea el Presidente quien elija a las autoridades en ciertos municipios es que por lo menos el Presidente fue elegido democráticamente y la gente va a poder reclamarle a alguien por haber designado un mal alcalde, en muchos casos quien responde hoy es el comandante de turno de una banda criminal.
Se pueden poner limitaciones: que tengan que ser civiles, quizá del partido mayoritario en el concejo, o de una coalición de los partidos mayoritarios. El punto es que una cosa es la democracia nacional y otra la local.
Una cosa es la democracia nacional y otra la local
Estas elecciones van a ser similares a las anteriores. Y dadas las circunstancias en que se van a elegir muchos de los alcaldes y gobernadores no van a ser mandatarios que puedan darle un impulso grande al aterrizaje del Acuerdo de Paz. El proceso electoral de entre 400 y 500 municipios está capturado por actores formales e informales.
Para citar:
Soto, H. y F. Giraldo (2016). El abstencionismo decisional. Revista ALCEU v.16 n.32
Giraldo, F. (2016). Financiamiento partidista en Colombia y rendición de cuentas: un intento por limitar la corrupción electoral. En Clientelismo, patronazgo y corrupción en Colombia y México. Universidad del Norte
Giraldo, F. (2019). Circunscripciones Especiales: la paz en la apatía electoral . Revista Mexicana de Sociología v.81 n.2