“El gas es la fuente de energía más importante de la transición energética”

es Paola Gutiérrez

Lo primero que hay que decir es que esta no es la primera transición energética. La historia de la humanidad ha tenido diferentes procesos que se han dado a la par con las últimas revoluciones industriales. Estas han consistido en el paso de economías basadas en el carbón a la máquina de vapor, luego a la electricidad y, finalmente, a economías basadas en el uso de otros combustibles fósiles como el petróleo o el gas. La que estamos viendo hoy es la última de esas transiciones, basada en la necesidad de reducir el uso de fuentes de energía cuyo consumo y producción aumentan los gases de efecto invernadero en el mundo.

Estas transiciones implican cambios estructurales en los sistemas energéticos, por lo que han sido, en general, eventos prolongados que se desarrollaron durante décadas. No tiene por qué ser distinto en este caso. No será una cosa que se dé de la noche a la mañana, por lo que hay que insistir en que no se trata de hacer un salto energético, sino efectivamente una transición. Las transiciones son seguras e irreversibles cuando se hacen de forma progresiva.

Este gobierno propone acelerar la transición energética. Es un tema que no comenzó con Petro, sino que viene de otras administraciones. En 2004 se construyó el primer parque eólico del país. En 2014 se aprobó en el Congreso la ley que daba incentivos para energías renovables no convencionales, y en 2018 se construyó la primera granja solar.

Entonces, no es el plan de un Gobierno, sino un objetivo loable que se viene construyendo desde hace años y que se puede avanzar en un corto y mediano plazo, pero antes tenemos que ser conscientes del punto de partida desde el que parte Colombia para plantear esa transición. 

En Europa, para muchos países, la transición energética equivale a dejar de depender de las exportaciones de gas y de petróleo de países como Rusia, una bomba que les ha explotado ahora con la guerra en Ucrania y con el invierno que viene.

Pero en un país como Colombia, las condiciones son distintas y son principalmente tres: una alta dependencia fiscal de las contraprestaciones económicas que se generan alrededor de la explotación de estos recursos naturales, y al tiempo una alta vulnerabilidad a los efectos del calentamiento global, como vimos con el ejemplo del huracán Iota en San Andrés.

Pero un tercer punto clave es que Colombia le empezó a apostar a la transición energética con miras a garantizar el suministro de energía. De entrada, nuestra matriz de generación es considerada altamente limpia: casi un 70% de la energía del consumo doméstico se genera a partir de hidroeléctricas, por lo que fueron inicialmente situaciones de racionamiento y apagones, como las que se vivieron en los años 90s, las que hicieron que Colombia definitivamente haya ido tomando decisiones hacia la diversificación de fuentes y la búsqueda de energías de respaldo.

Inicialmente ese era el propósito. Desde luego, también cumplir con objetivos ambientales que van muy de la mano de los escenarios a nivel global, pero eso hay que aterrizarlo al contexto nacional, donde el objetivo más concreto es no volver a esos casos de racionamientos de energía. 

Es cierto que Colombia solo emite el 0,6 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero del mundo, y otros informes más recientes hablan de un máximo de 0,5 por ciento.

Pero eso no significa que no debe embarcarse en un cambio del modelo energético, y que no deba proponerse el objetivo de ir eliminando de su economía las emisiones de dióxido de carbono. Pues si bien las más de 200 millones de toneladas de CO2 que emite el país al año no son tan relevantes en la gran torta de la contaminación global, sí tenemos que pagar, y muy caros, los efectos del cambio climático, como el fenómeno del niño, etc, y los costos en salud pública de esas emisiones.

Tampoco podemos descansarnos en la idea de que nuestra matriz energética es limpia para no seguir avanzando en la transición energética. Pues, por ejemplo, aún cuando se dice que las emisiones generadas por grandes hidroeléctricas son limpias, éstas no aparecen mencionadas en la ley como fuentes no convencionales de energías renovables, precisamente porque los proyectos de las grandes hidroeléctricas sí tienen unos impactos ambientales grandes en los cuerpos de agua intervenidos.

Cuando hablamos de renovables nos referimos a tener más generación basada en energía solar, eólica y a tener más centrales hidroeléctricas de pequeña escala. 

Cuando se habla de transición energética se habla ahora especialmente de acciones que contribuyan a mitigar los efectos de los gases de efecto invernadero, y por eso ocupan la agenda las decisiones políticas en contra de hidrocarburos contaminantes. Pero hay otros temas claves que también definen qué tanto se avanza en la transición.

Por ejemplo, uno de esos frentes es la democratización del mercado eléctrico, que en Colombia opera como un mercado operado por pocos actores de gran envergadura y con un sistema de suministro unidireccional que va desde los grandes centros de generación a los consumidores finales.

Esa organización no le da tanto lugar a otro tipo de actores, como son los prosumidores, que son los agentes que producen y consumen energía simultáneamente, y que con la proliferación de mecanismos como los paneles solares han aumentado en el país. La energía solar es la que encabeza la transición en Colombia, ya que garantiza un mayor suministro que la energía eólica, que sólo en algunas regiones, como La Guajira, tiene velocidades suficientes para un suministro sostenido.

Si bien desde la ley 697 se promueve la utilización de energías renovables, es con la ley 1715 de 2014 y, posteriormente, la Resolución de la Creg 030 de 2018, que se  se da un verdadero avance para la incorporación de energías renovables no convencionales, hasta llegar a la regulación y desafíos de la figura del prosumidor y la regulación, la venta y abastecimiento partir de excedentes de energía. 

Aunque todavía hay obstáculos a la proliferación de este modelo de prosumidores descentralizados, el uso de herramientas regulatorias y tecnológicas como el blockchain permiten que se creen mercados de compra y venta de excedentes de energía. 

Yo coincido con esos expertos en decir que el gas es el energético por excelencia para acelerar la transición energética. Ahí vale la pena resaltar que la transición energética debe tener en cuenta la diversificación de fuentes, no a dejar de utilizar algunas fuentes de manera irrevocable. El energético más caro es el que no se tiene, como se dice, así que no es un buen negocio salir de una fuente de energía tan competitiva como el gas, y en la que hemos demostrado que podemos tener reservas importantes si seguimos explorando.

El gas es competitivo, primero, porque es más limpio respecto al petróleo y respecto al carbón. También, porque es económicamente más rentable y tiene una infraestructura amplia que permite su masificación: hoy tiene más de 10 millones de usuarios conectados, entre generación eléctrica, transporte y en los fogones de muchas casas.

La transición energética hacia energías más limpias debe tener en cuenta, como parte de sus engranaje, la seguridad energética, la sostenibilidad social y ambiental. No será justa, segura e irreversible si abandonamos, especialmente, a un energético como el gas natural, que es usado en la producción de fertilizantes, de cemento, de acero y en otros sectores claves para temas sociales.

Así que me parecen bien las declaraciones del Ministro de Hacienda, que no descarta la discusión sobre nuevas exploraciones de este hidrocarburo y, en general, que en el gobierno actual las posturas frente a cerrarle la puerta a los hidrocarburos se estén morigerado basadas en datos. 

Efectivamente migrar hacia energías más limpias es algo que es costoso. No quiere decir que no se justifique por ello, pero sí hay que aceptar que quien está al final de la cadena de estos mercados es el usuario, entonces a ese consumidor, independientemente del estrato en el que esté, le van a trasladar los costos de la producción. La transición tiene que contemplar estos costos sociales eventualmente transferidos por cuenta de la compra, por ejemplo, de paneles solares o de molinos eléctricos.

Esto me lleva a un punto, y es que la consideración social de la transición energética no pasa solamente por consultarles a las comunidades sobre la conveniencia de obras de infraestructura en sus territorios, sino, finalmente, a cómo se protege su bolsillo. Por esa razón, el avance hacia energías renovables tiene que contemplar subvenciones y subsidios para incentivar la producción de energía que, de otro modo, sale muy costosa.

También sale costoso su mantenimiento. Por ejemplo, en zonas rurales, cuando hay proyectos con el apoyo de cooperación internacional para instalar paneles solares, ocurre a menudo que si se daña un panel a la gente le sale muy costoso buscar quién se lo arregle. Contrario es el caso cuando se daña la planta eléctrica que funciona basada en diésel, ahí el señor que arregla las motos puede solucionar el problema. Pero el mantenimiento de los paneles resulta muy costoso para gran parte de las personas. 

Claro, mientras en el mundo casi tres cuartas partes de las emisiones globales vienen de la producción y el consumo de energía, apenas un 18 por ciento vienen de la agricultura, la deforestación y el manejo de suelos. En Colombia estos últimos tres son responsables de casi dos terceras partes de las emisiones.

Por supuesto que la industria minero-energética tiene un gran impacto ambiental que tiene que ser mitigado, pero ya lleva haciendo cosas al respecto. La industria del gas y el petróleo ha venido incorporando renovables para sus propias instalaciones y reduciendo la intensidad del consumo. Empresas como Ecopetrol vienen migrando a negocios con combustibles con baja o nula emisión como el hidrógeno o los biocombustibles y también en la compensación que hacen por emisiones de CO2.

Entonces, la industria energética está siendo objeto de vigilancia y regulación constantemente, lo que a menudo facilita tener datos de su impacto ambiental y unos estándares para tratar de mitigar estos efectos. Por eso es importante que al nivel de las políticas públicas se revisen con la misma profundidad las emisiones de otros sectores, como la ganadería, para saber qué tipo de reformas son prioritarias, y no volcar toda la discusión sobre transición energética a la industria de los hidrocarburos.

Acá el mensaje es que se debe apostar a una identificación y coexistencia de fuentes, no solo se debe hablar de descarbonización, sino revisarla en un contexto mucho más amplio, para que se dé un cambio que sea racional, gradual y seguro.