“Hay muchas demandas sociales, si Petro no las atiende va a haber protestas”

“Hay muchas demandas sociales, si Petro no las atiende va a haber protestas”
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Cristina Echeverri Pineda, profesora de la U. Nacional

Muchos análisis apuntan a que los cambios que mostraron estas elecciones que acaban de pasar son el corolario de la jornada de protestas sociales masivas que arrancaron en 2019. Inéditas en nuestro país.

De hecho varios de sus protagonistas pasaron ahora a ocupar cargos de poder en el Estado.

¿Qué dice esto de la cultura política de los colombianos? ¿Y cómo se va a comportar en un Gobierno afín a la movilización social?

La Silla Académica entrevistó a Cristina Echeverri, profesora de la Universidad Nacional sede Medellín, para analizar las relaciones entre protesta y sistema político.

Ella es autora de “Reconocimiento constitucional para afrodescendientes en la región andina: movilización social y cambio constitucional”, “Diversity and plural construction of public action in Andean America”, y de “Normas internacionales para afrodescendientes en América Latina: interacción entre movimientos sociales, Estados e instituciones internacionales”, con base en los cuales hacemos esta entrevista. 

La Silla Académica

Cristina Echeverri Pineda

En Colombia la movilización se asume como lo contrario a las instituciones y a los canales formales de participación política. ¿Cómo lo ve usted?

Teóricamente uno podría hablar de distintas formas de participación política: una tradicional es la participación electoral en la que los partidos políticos juegan un rol importante, por ejemplo. Y hay otras formas que no están reglamentadas institucionalmente, como la movilización en la calle.

Si bien tampoco están completamente por fuera de lo institucional: nuestra Constitución consagra el derecho a la protesta. Y muchas de las reivindicaciones de los movimientos se han institucionalizado como ocurrió con el derecho laboral. O con los derechos de las minorías.

Pero sus lógicas son diferentes. Una protesta arranca con una gente que sale a la calle un día y vuelve al día siguiente y otros se unen, y así por varios días. Es algo más espontáneo y sin un devenir claramente establecido. La movilización social tiene unas características propias que escapan al control de las instituciones, de los políticos y de unas personas en particular. 

Usted ha estudiado la relación entre las movilizaciones sociales y el sistema político. ¿Qué patrones ha encontrado?

Depende mucho de cada democracia, sistema político y sociedad. De los contextos. Hay países en los que la movilización como participación política es más aceptada y no genera tantos choques. Un ejemplo de eso es Suiza, donde la gente frecuentemente está protestando y haciendo consultas ciudadanas. Allá el sistema político cuenta con mecanismos para acoger rápidamente las demandas que está haciendo la gente en la calle.

Colombia, como en muchos temas, es ambivalente con respecto a la protesta. Todavía genera mucha resistencia, pese a ser un derecho. Algo que es contraproducente. Pues normalmente hace que se tornen más masivas, más violentas y que duren más.

En América Latina la movilización social ha tenido momentos muy importantes: el del movimiento obrero a principios del siglo XX, las movilizaciones estudiantiles en los 60 y 70 y en las dos décadas recientes. Los movimientos por los derechos humanos contra las dictaduras del Cono Sur. Pero nuestros sistemas políticos han sido muy reacios a aceptar sus demandas. Y por eso vemos conflictos políticos no resueltos.

En el caso colombiano, la Violencia política y el conflicto armado han jugado en contra de la protesta social. Ha perdido algo de fuerza, pero a quienes protestan les sigue costando mucho desmarcarse de la lucha armada, desvirtuar que son guerrilleros. 

¿Qué dicen los paros recientes y las elecciones pasadas sobre la cultura política de los colombianos?

Encuestas de opinión pública, como la Lapop, muestran que un país mayoritariamente de centro derecha como Colombia se ha movido un poco hacia la centro izquierda. Los jóvenes han tenido un rol más protagónico en los últimos procesos políticos.

En la última década hemos visto un aumento de la gente que se está movilizando —más allá de los sindicatos o los estudiantes— así como una ampliación de los temas por los cuales la gente protesta. El Acuerdo de Paz fue definitivo en esto.

Recientemente se movilizaron las personas con discapacidades en Bogotá. Hace un par de meses lo hicieron los motociclistas. En la pandemia lo hicieron los comerciantes.

Nunca habíamos visto movilizaciones durante tres meses como las que ocurrieron en abril de 2021. Algo que hace más difícil también la estigmatización de quienes protestan.

Alrededor de esto también ha habido unos procesos de organización social que lentamente se han ido instaurando en la sociedad colombiana: las ollas comunitarias, las asambleas comunitarias, municipales y nacionales. Donaciones de comida y de medicamentos. Todo un despliegue cultural y artístico. Y eso no se desactiva tan fácilmente.

Aunque los gobernantes se han negado a negociar con la gente, en ciertos momentos les ha tocado terminar cediendo. 

Petro promovió la movilización social durante su alcaldía, como cuando fue destituido arbitrariamente por Ordóñez. Después vino el paro y, aunque él mismo o Gustavo Bolívar lo promovieron, parecía superarlos. ¿Cuál es la relación entre los políticos y la movilización social? 

Los tipos de gobernantes hacen una diferencia.

Cuando es un Gobierno que no respeta mínimamente el derecho a la protesta pacífica, la relación con quienes se movilizan se torna muy conflictiva. Si reacciona primero que todo coercitivamente, si antes de llegar la Procuraduría, llega al Esmad, y se ve la movilización social ante todo como un problema de orden público. El efecto puede ser que la indignación crezca y que se intensifique aún más.

En los últimos años del Gobierno Duque transitamos hacia una represión de la protesta que hizo que se profundizara la misma. Por las razones de cultura política que mencioné antes, pero también como reacción a la respuesta del Estado. El 21N de 2019, en la mayor parte de la jornada, prevalecieron las muestras artísticas. Pero los hechos violentos de unos cuantos manifestantes y la respuesta desproporcionada del Esmad sumada al asesinato al día siguiente de Dilan Cruz por parte de un agente de esa policía encendieron el fuego.

Luego vino un intento de conversación nacional que la mayoría de personas sintió como una burla porque no había una voluntad genuina de dialogar. Aparentemente conversamos, pero nadie conversó con nadie.

Luego vino el 9S. Las marchas en reproche por el abuso policial y asesinato del estudiante de derecho Javier Ordóñez fueron respondidas con más abusos. Y eso hizo que se fuera radicalizando la protesta: que se formaran las primeras líneas y que en 2021 viviéramos el estallido social más grande de las últimas décadas.

Si institucionalmente se hubiera respondido al desempleo juvenil, al aumento de la pobreza, las cosas quizá habrían sido diferentes.

Iván Duque muestra ahora como un logro de su gobierno la matrícula cero. No hay que olvidar que eso salió de las protestas. 

¿Qué pasa con los gobernantes que son afines a la protesta social?

En general un sistema político que permita canalizar las demandas de la gente en la calle puede desactivar más fácilmente las movilizaciones. En América Latina a finales de los 90, cuando llegaron al poder gobiernos que recogieron las demandas de la gente desde abajo, hubo cierta disminución de la participación política en las calles porque se encontraron canales institucionales. Pero eso no hizo que desapareciera porque es independiente.

Bolivia es un buen ejemplo de eso. Cuando Evo Morales insistió en reelegirse hubo protestas en su contra, no solo de la oposición sino de gente afín al MAS, su partido político, que no estaba de acuerdo. La movilización fue en contra del líder mismo. 

Algunas personas creen que si Petro encuentra oposición en el Congreso o en las otras ramas del poder público a sus grandes reformas va a apoyarse en la gente y la va a movilizar como elemento de presión…

Siguiendo con el argumento anterior, el correlato de que la gente sale a marchar porque un político —favorable a la protesta— le dice que lo haga es totalmente reduccionista (al mejor estilo de la famosa autoentrevista del presidente Duque). El 28 de abril de 2022 se cumplió un año del estallido social. Líderes como el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, pidieron que no salieran a marchar porque era una trampa (en plena época electoral lo iban a usar en contra del candidato Gustavo Petro). No fue masivo porque era una conmemoración, pero la gente igual salió.

Una lectura como esas desconoce sobre todo la gran cantidad de cosas que tienen que suceder para que un paro como el de 2021 se sostenga. Lo más lógico no es que la gente deje de trabajar, no vaya a estudiar o simplemente no se quede en la casa viendo televisión, por salir a marchar. Y que lo haga durante varios días, con el riesgo de que le pase algo. Ni que después de un día de estar caminando, aguantando sol o lluvia, cansado, llegue a la casa a hacer cacerolazo. Ni que lo hagan muchas personas.

No se trata de desconocer que hay unos líderes políticos más cercanos a esos procesos. No en vano en la lista al Congreso del Pacto Histórico había políticos tradicionales y también personas que se hicieron visibles por el paro. Pero tener en cuenta esto último no nos puede llevar a decir que un candidato puede decirle a la gente si protesta o no.

La contracara es que, dado que Petro canalizó buena parte del descontento social expresado en el paro, las expectativas sobre su gestión son altas. Por tanto, ¿cree que la gente le va a exigir si no cumple sus promesas?

Quiero creer que los colombianos tienen la madurez de protestar incluso por un líder por el que votaron. Que pueden salir a cuestionarlo. Eso hablaría de una sociedad que tiene proyectos colectivos más allá de un líder. Que puede demandar su cumplimiento independientemente de la persona que lo ocupe.

El movimiento de mujeres tuvo disputas muy fuertes con Petro: por apoyar la candidatura de Hollman Morris, quien está acusado de violencia de género; por los ataques a Ángela María Robledo; por las declaraciones machistas de Gustavo Bolívar. Ese sector cuestionó ese proyecto político.

No podemos pensar la movilización social en un sentido homogéneo, en todo caso.

La sociedad colombiana se ha fortalecido, pero le falta caminar un trecho para ser totalmente autónoma de sus líderes.

En el Pacto Histórico concretamente hay liderazgos personalistas muy fuertes, como el de Gustavo Petro, pero también han confluido otros proyectos políticos de personas afro, mujeres, jóvenes.

En su gobierno va a ver de todo. Sectores que le van a pelear y otros que le van a agachar más la cabeza. No me imagino, de nuevo, al sector de las mujeres dejándole pasar un ataque a los derechos sexuales y reproductivos. 

¿Qué tiene que pasar para que los electores se vuelvan más autocríticos y no sientan que tienen que defender su proyecto o líder como sea porque de lo contrario le dan cabida al opositor?

Hay que tener presentes los momentos coyunturales. Uno es el de las elecciones,llenas de ataques personales, en el que hay que mostrarse unidos y herméticos.

Pero el comportamiento es distinto cuando se es Gobierno que cuando se es oposición. El uribismo logró estar más cohesionado cuando le hizo la oposición a Santos que en el Gobierno Duque, por ejemplo. Hay que ver qué tanto los atomizan las diferencias. El Pacto Histórico está compuesto por sectores muy diversos. Esa ha sido su apuesta.

La distancia crítica depende entonces de las tensiones internas por una parte y, sobre todo, de la capacidad de construir colectivamente. Eso fortalece una sociedad y hace que no se mueva al vaivén de los políticos de turno. Por el contrario, son ellos quienes tienen que responder a las demandas sociales y ajustarse a ellas. 

Usted ha estudiado la relación entre movilización social y cambios constitucionales en la región Andina. Petro en su libro autobiográfico critica la Constitución del 91, y en 2018 dijo que convocaría a una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Con una sociedad movilizada políticamente cree que es más factible que logre ese propósito si estuviera aún en sus planes?

No lo veo.

Si tú comparas Colombia y Chile, allá la protesta claramente desembocó en una reflexión muy fuerte sobre la institucionalidad. Chile tenía la Constitución de la dictadura de Pinochet. En las movilizaciones fueron un tema los problemas que generó el neoliberalismo y su relación con esa carta de derechos. Era una idea que estaba instalada en la sociedad.

El proceso chileno es muy distinto.

En América Latina, y puntualmente en la región Andina, sí hay un fetichismo por el cambio constitucional y porque automáticamente al otro día tenemos otro país. Y cuando comparas con otras regiones, nuestros países han cambiado mucho las constituciones y Colombia no ha sido la excepción. En distintos momentos, los actores políticos han sacado esa carta para resolver coyunturas o problemas estructurales. Las Farc la usaron en las negociaciones de La Habana. El uribismo y Petro en otros momentos. Ha sido una propuesta recurrente para reformar la justicia ante la imposibilidad de hacerlo de otra manera.

Pero más allá de eso, no veo en la gente un deseo de cambiar la Constitución, ni siquiera en los momentos más duros del paro. Lo que salió en el estallido fue el reclamo de que se cumpla.

En el estudio que hizo de los cambios constitucionales en Perú y Venezuela usted encontró además que no sirvieron para profundizar la democracia…

Así es. Los cambios constitucionales no vuelven a las sociedades más democráticas ni más participativas necesariamente. La Constitución que promovió Hugo Chávez en el 99 giró en torno a sus intereses políticos y hubo muy poco juego de otras fuerzas. A la postre en esa Carta no se ampliaron los derechos, por ejemplo, de las minorías afrodescendientes o indígenas. En Perú el cambio constitucional estuvo marcado por una presión internacional y la agenda política de Fujimori, con poca participación de la sociedad.

En Ecuador hubo dos cambios constitucionales en muy poco tiempo. En el 98, aunque los líderes del proceso fueron los partidos tradicionales, el movimiento indígena que era muy fuerte se inventó una constituyente paralela y lograron poner agenda. Lo mismo las mujeres. El cambio en 2008 lo promovió Rafael Correa y fue más restrictiva en reconocer derechos de las mujeres, por ejemplo. Entonces las asambleas constituyentes no necesariamente nos hacen más democráticos. 

Su estudio se ha enfocado en la movilización afro. ¿Qué cree que se pudo haber transformado en ese proceso con al menos tres vicepresidentes afro y una, Francia, que efectivamente llegó al poder?

Este sin duda es un momento muy importante. Además por el tipo de liderazgo de Francia, que a diferencia del caso de Marelen Castillo, la fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández, ha construído su discurso desde su experiencia de racismo.

Pero este resultado es también producto de décadas de activismo y organización social y política de las comunidades afro. En ese sentido no es algo repentino. Y tiene un alcance internacional. El movimiento afrodescendiente ha logrado construir redes transnacionales importantes porque el tema del racismo y la trata trasatlántica —con la esclavitud— ha afectado a personas afro en todos los lugares del mundo. Los liderazgos de Francia y Luis Gilberto Murillo, la fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo, están insertos en esa lógica internacional y eso sin duda ha potenciado sus carreras políticas.

Esta coyuntura electoral, seguramente, ensanchará las oportunidades para que más líderes afro puedan ocupar posiciones de poder. 

¿En el gobierno de Petro va a seguir habiendo protestas?

Lo que vimos en las movilizaciones de 2019 y 2021 son un montón de temas por los que la gente se moviliza. En contra del fracking. Por la igualdad de las mujeres y el derecho a la educación. Hay una sociedad que tiene muchas demandas. Y si el gobernante que llegue no pone sobre la mesa algunas de ellas va a haber protestas.

Los colombianos han encontrado en la protesta una forma de participar de los asuntos públicos. Y de conversar colectivamente sobre temas que les interesan. Es una sociedad que ya encontró ahí una forma de expresarse políticamente.

Hay muchas cosas que se están reacomodando: el declive de la importancia de una figura tan protagonista en las últimas dos décadas, como Álvaro Uribe. La disminución del conflicto armado. La sociedad se está enterando además de cosas que no sabía o no quiso saber con el trabajo de la justicia transicional. Esto sumado a una participación fuerte de las mujeres y los jóvenes.

Eso no significa la abolición de la democracia representativa para pasar solo a una participación en las calles, sino su profundización. Que más líderes alternativos lleguen al poder. Que quienes han participado de la protesta social vean en la política institucional un camino también para promover sus proyectos políticos. Un mayor diálogo entre las diferentes formas de participación política. 

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Cristina Echeverri Pineda

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Participación de afrodescendientes en los cambios constitucionales y en la formación de Estado en la región andina

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