El Gobierno de Gustavo Petro logró aprobar la reforma tributaria más grande de la historia reciente, con un recaudo de unos 20 billones de pesos en promedio entre el 2023 y el 2026. Gran parte de ese recaudo vendrá de las empresas, sobre todo del sector de hidrocarburos, ahondando una dependencia del sistema tributario colombiano en las personas jurídicas.
Paralelo a esta apuesta, Petro ha exaltado la “economía popular”, el concepto con el que nombra el conjunto de la economía informal en el país. En un Congreso de empresas pequeñas y medianas, en octubre, dijo: “la economía popular es el eje para desarrollar la economía colombiana en una época de recesión. El verdadero capitalismo de Colombia está en la economía popular”. Y dijo que es necesario reducir la informalidad, pero sin precarizar aún más a los trabajadores del país.
Para entender la diferencia entre estas dos actitudes del gobierno actual frente a la economía formal e informal, y profundizar sobre si la reforma tributaria ataca o ahonda el problema de la informalidad, La Silla Académica entrevistó a Alejandro Barrera Escobar y a Héctor Mauricio Serna, profesores de la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas de la Universidad de Manizales. Ambos son autores del artículo: “Efectos en el empleo en las micro y pequeñas empresas generados por la emergencia del COVID-19: caso Colombia”, que informa ésta entrevista.