"Los mercenarios son prescindibles y se les puede echar la culpa de todo"

"Los mercenarios son prescindibles y se les puede echar la culpa de todo"

La participación de exsoldados colombianos en el magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moïse, se enmarca en el negocio mundial de las llamadas Compañías Militares y de Seguridad Privada que han privatizado la guerra y que mueven miles de millones de dólares al año.

"Los mercenarios son prescindibles y se les puede echar la culpa de todo"

La Silla Académica entrevistó a Mario Urueña, profesor de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario y de su maestría en Conflicto, Memoria y Paz, quien es autor del libro “Mercenarios y Compañías Militares y de Seguridad Privadas. Estructuración de sus redes normativas” y del artículo “El personal de las Compañías Militares y de Seguridad Privadas: ¿Contratistas civiles o mercenarios?”.

Urueña señala en esta entrevista que son más las similitudes que las diferencias entre mercenarios y ese tipo de compañías y que los organismos internacionales y los Estados se han quedado muy cortos regulándolas por falta de voluntad dados los intereses políticos y económicos en juego.

La Silla Académica

Mario Iván Urueña Sánchez

Usted es un estudioso de las formas de violencia privada dentro de las cuales está el mercenarismo. ¿Cuál es su origen?

En los 3500 años de historia narrada de las guerras, sólo hay un lapso de 90 años —muy discutible, además— en el que la guerra supuestamente se hizo con ejércitos regulares, que exhibían sus armas y peleaban en un campo abierto lejos de la población civil. Es el período que transcurre entre la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Desde la Guerra de Crimea hasta la Primera Guerra Mundial.

Pero las guerras con mercenarios, con violencia privada, son tan antiguas como la guerra misma. Incluso las grandes civilizaciones la empleaban.

Mario Ureña S.

Por eso el mito del monopolio de la violencia que hace parte de la constitución misma del Estado Nación, del que habló el sociólogo alemán Max Webber, sólo es una ficción. Basta mirar en Colombia la delincuencia organizada, la guerrilla, el paramilitarismo. 

Para nosotros el Estado es todo. El derecho existe porque existe el Estado y así. La verdad es que el alcance del Estado es muy limitado. La estatalización no surge en detrimento, sino gracias a las formas privadas de violencia. 

En los análisis que se han hecho de lo que pasó en Haití se ha usado el calificativo de mercenarios para hablar de los colombianos que acusan de participar en el magnicidio. ¿Qué es un mercenario?

Los mercenarios son aquellos extranjeros que prestan sus servicios militares a cambio de una recompensa material, con independencia de una filiación ideológica, patriótica o un ethos combatiente. Frente a la asociación que han hecho algunos entre mercenarios y paramilitares, estos en estricto sentido no cumplen con el requisito de ser extranjeros, por ejemplo. 

Maquiavelo fue uno de sus mayores críticos porque representaban la decadencia del Imperio Romano, donde pelear y morir luchando por sus causas era el mayor motivo de orgullo. Pelear, como lo hacen los mercenarios, con la motivación principal de recibir dinero para usarlo en vida es deshonroso. Participan en un Golpe de Estado no porque tengan una motivación política sino porque les pagan.

Los mercenarios son políticamente neutros, por eso son tan prescindibles y se les puede echar la culpa de todo cuando algo sale mal.

Mario Ureña S.
Usted dice que lo que se conocen como Compañías Privadas y de Seguridad Privada son la forma moderna de “lavarle la cara” al mercenarismo. ¿En qué consisten?

 

Desde finales de los 70 empezaron a surgir compañías privadas —las primeras fueron británicas— que reclutaban miembros de las fuerzas especiales de sus países activos o retirados para prestar servicios militares aprovechando las conexiones políticas y económicas que tenían. Se enfocaron en un comienzo en la protección de gobernantes e infraestructura en el Golfo Pérsico y en la Península Arábiga. Con la globalización en los 90 esas compañías se consolidaron y proliferaron. Hoy son un negocio que mueve cerca de 200 mil millones de dólares al año.

Estas compañías muchas veces les sirven a los Estados, pero también pueden ser contratadas por grupos armados ilegales para ir en contra del Estado mismo.

Mario Urueña S.

En un comienzo no se llamaban Compañías Militares y de Seguridad Privada —Cmsp—. Este nombre sólo se les dio después en un esfuerzo por distinguirlas del mercenarismo y legitimar sus acciones.

¿Han logrado mejorar su reputación?


 Las experiencias son variadas. Desde los 90, por ejemplo, algunas Cmsp han apoyado misiones de paz de la ONU y de otras ONG. También han protegido infraestructura estratégica para los países. Al mismo tiempo, en muchos casos han sido un mecanismo de evasión de responsabilidad para los Estados y otros grupos de poder político y económico por violaciones de derechos humanos y daños al medio ambiente. 

Uno de los casos más sonados es el de Blackwater, hoy Academi —es una práctica común cambiar de nombre y de paquete de accionistas cuando algo sale mal—. Fue fundada por Erik Dean Prince, un ex militar estadounidense, y en 2002 cientos de sus hombres apoyaron a las fuerzas armadas de ese país en la guerra en Afganistán y luego en Iraq. En 2007, se supo que habían sido responsables de la muerte de 17 civiles en ese país. Y según el medio La Razón.es hacían detenciones extrajudiciales para la CIA. 

En Colombia, la experiencia con las Cmsp ha estado vinculada al Plan Colombia, al paramilitarismo y a la lucha contra las guerrillas. 

DynCorp, una de las empresas privadas militares más grandes del mundo, lleva muchos años en el país, contratada por el Departamento de Estado de EE.UU., en la lucha contra el narcotráfico, fumigando con glifosato cultivos de coca y haciendo algunas operaciones militares. 

Además de tener demandas de campesinos ecuatorianos por daños medioambientales y muertes de personas, en 2000 varios de sus miembros fueron acusados de estar involucrados en tráfico de drogas, un contrasentido. 

Dada la relación desigual con EE.UU, los controles son muy pocos. Estas compañías pueden usar las brigadas del Ejército y entrar y salir del país sin controles aduaneros. Ni ellas ni sus agentes responden frente a los organismos de control. Dyncorp también fue acusada de llevar contratistas colombianos a la guerra de Iraq entre 2005 y 2006, bajo la promesa de 2500 dólares mensuales, y de pagarles en realidad mil. 

Otro caso conocido es el de Yair Klein, el ex militar israelí, fundador de la empresa Hod Halanit, que vino a Colombia por solicitud del teniente Luis Meneses para entrenar paramilitares, financiados por el cartel de Medellín en la lucha contra las guerrillas. 

En los análisis sobre lo que pasó con los colombianos en Haití, la hipótesis de que fueron engañados tiene mucha tracción. ¿Esa idea le suena plausible?

Los soldados colombianos son apetecidos por las compañías de seguridad por dos razones principalmente. Por un lado, muchos han sido entrenados por fuerzas de seguridad estadounidense en el marco del Plan Colombia, además de que tienen una larga experiencia en terreno por el conflicto armado. Un militar canadiense o costarricense tienen muy pocas posibilidades de participar directamente en hostilidades armadas. 

Por otro, son mano de obra de bajo costo. Tenemos una economía con un dólar revaluado y los soldados profesionales tienen unos salarios o pensiones muy bajas contra los que es fácil competir. Les pueden ofrecer hasta tres o cuatro veces sus ingresos. Algo que no pasa, por ejemplo, con un soldado chileno o uno israelí.

Esto los hace vulnerables. No todas las compañías militares y de seguridad privada son grandes conglomerados económicos. Hay también empresas pequeñas, unipersonales conformadas por un militar retirado con buenos contactos. Lo que llamaríamos empresas de garaje. CTU, la compañía que contrató a los colombianos que fueron a Haití, pareciera estar en este segundo grupo. Era manejada desde un almacén pequeño en Miami por un venezolano-estadounidense, Antonio Intriago, con un largo historial de quiebras.

Algunas compañías sí ofrecen condiciones de trabajo muy claras, pero otras que pueden darle a los soldados un trato similar al de la trata de personas.

Mario Urueña S.

En el centro de Asia, donde no hay consulados cerca, por poner un ejemplo, lo primero que hace un empleador es quitarles el pasaporte a los soldados reclutados. O les promete un salario y les paga otro. 

La experiencia que tienen los soldados colombianos no se compadece mucho con lo fácil que fue capturarlos pocas horas después del magnicidio ¿Cuál es su teoría al respecto?

La teoría que tiene más sentido para mí es la de que había unos exmilitares que sabían perfectamente a qué iban y había otros a los que los reclutaron con mentiras. Duberney Capador, el soldado retirado que los reclutó y que murió en Haití, probablemente tenía más información que el resto. 

Los que sabían, instrumentalizan a los otros. La mirada de muchos de los que fueron capturados es de sorpresa y confusión.

Me parece que esa posibilidad es la que explicaría que unos hombres tan altamente entrenados no tuvieran un plan de escape, algo casi ridículo. Y que los hombres haitianos hayan sido tan rápidos capturándolos. 

La cantidad de disparos que recibió el presidente de Haití y los signos de tortura irían en la línea de que había otros que sí sabían. 

En su libro usted encontró que las Cmsp y el mercenarismo no son tan diferentes. ¿Por qué lo dice?

En teoría, las diferencias entre mercenarismo y Compañías Militares y de Seguridad Privada radican en que en el primer caso la contratación de personal es informal e incluso ilegal, mientras las Cmsp registran la empresa ante las autoridades competentes, tienen un gobierno corporativo y hacen contratos que se rigen por la respectiva normatividad.

Los mercenarios, por otro lado, están en teoría encargados de acciones ofensivas, de combates militares, en cambio las Cmsp se enfocan en labores de protección de personal, infraestructura, personal humanitario. 

En otras palabras, mientras los mercenarios no tienen ni Dios ni ley, las Cmsp —dada su organización compleja— tienen una serie de normas y controles que garantizan que su actuar se ajusta a las normas. Esas diferencias en el plano discursivo se han usado para legitimar que las Cmsp existan.

Pero en la práctica, no se cumplen en muchos casos.

Por eso, Enrique Bernales Ballesteros, quien fue el relator especial para el mercenarismo de la ONU entre 1987 y 2004, muy pronto apuntó hacia que muchas Cmsp actuaban en realidad como nuevas modalidades de mercenarismo y que había que vincularlas a las convenciones que lo regulan. Calificó, por ejemplo, a Executive Outcomes, una empresa que operaba en Angola, como mercenaria, por sus vínculos con gobiernos corruptos para proteger la explotación de minerales en países pobres. Con el tiempo y el lobby tan fuerte, Bernales fue bajándole el volumen a sus denuncias, hasta ser reemplazado en 2004 por Shaista Shameem, una abagada de Fiji, que ha hecho una aplicación laxa de las dos convenciones antimercenarios universales.

¿A qué tipo de lobby se refiere?

Dos ejemplos ilustran bien las redes de poder que se mueven alrededor de las Cmsp y las puertas giratorias con el Estado.

Un caso famoso es el de Dick Cheney, uno de los vicepresidentes de EE.UU. más importantes en la historia de ese país, que estuvo detrás de las decisiones más cruciales que se tomaron durante el Gobierno Bush, incluida la de invadir a Iraq. Al mismo tiempo desde 1995 fue asesor de Halliburton, una empresa petrolera y de servicios encargada de la reconstrucción de Iraq, señalada al mismo tiempo de financiar el terrorismo.

Y Erik Dean Prince, el exmilitar estadounidense que fundó Blackwater, es hermano de Betsy Devos, la exsecretria de Educación de Trump. Durante este gobierno fue acusado de reclutar espías para infiltrar grupos de opositores. 

Usted dice que las Cmsp gozan de total impunidad. ¿Por qué?

Los mercenarios son una rueda suelta en el derecho internacional.

Mario Urueña S.

 

Porque toda la normatividad que regula a las Cmsp es lo que se conoce como “soft law”, es decir, no es de obligatorio cumplimiento. Y ninguna persona ha sido condenada por mercenarismo. 

El Documento de Montreux, que hoy suscriben cerca de 47 países bajo la coordinación del Gobierno Suizo y la Cruz Roja, le exige, por ejemplo, a los Estados no contratar compañías militares privadas para operaciones que el DIH reserva a autoridades estatales, y dice que debe exigirles el cumplimiento del DIH, pero no las sujeta directamente a esa normatividad. A lo que se suma que su personal se considera civil y no combatiente, uno de los requisitos para que les aplique el DIH, y a que éste sólo aplica cuando hay conflictos armados declarados en los países. 

También está el Código de Conducta adoptado también por el Gobierno Suizo y la Cruz Roja dirigido a las Cmsp, que señala que sus contratistas sólo deben atacar en legítima defensa propia o de las personas que protegen y que no deben incurrir en aprehensión de personas, tortura, explotación sexual, entre otros. Pero, además de que no es vinculante, sólo considera como Cmsp a las que prestan servicios de protección y escolta, dejando por fuera a las que hacen operaciones militares y acciones ofensivas, algo que es común. 

El borrador de la Convención Internacional de Vigilancia de las Cmsp de 2009 de la ONU,  que sí abarca todos los servicios que pueden prestar, tampoco tiene fuerza legal. 

Eso es con respecto al derecho internacional. En los lugares, además, donde las Cmsp operan no hay tampoco una normatividad interna que proteja a su población de los desmanes que cometen. Como es el caso de Iraq donde han hecho presencia masivamente. 

Toda la discusión ha girado en torno a cómo separar las Cmsp del mercenarismo, pero incluso si se asociaran en el derecho internacional, probar el mercenarismo es dificilísimo porque hay que cumplir con seis requisitos que casi nunca son concurrentes: que la persona haya sido reclutada para combatir en un conflicto armado; que haya intervenido directamente en las hostilidades; que esté animada por un provecho personal; que no sea nacional o residente de un territorio controlado por una parte en conflicto; que no sea miembro de las fuerzas armadas de una parte en conflicto; que no sea parte de una misión oficial que no es parte en el conflicto.

 

Para que condenen a alguien por mercenarismo tiene que tener un abogado totalmente inepto.

Mario Urueña S.

¿Este grado de impunidad qué implicaciones puede tener para los colombianos?

En Haití, los van a juzgar por otros delitos como asesinato o tortura y les va a caer todo el peso de la ley, porque además necesitan un chivo expiatorio. Y como no hay un acuerdo benevolente como el que tiene, por ejemplo, EE.UU. en las bases colombianas, el Gobierno colombiano podrá hacer poco para asegurar por lo menos un juicio justo. 

 

Compartir
0
Preloader
  • Amigo
  • Lector
  • Usuario

Cargando...

Preloader
  • Los periodistas están prendiendo sus computadores
  • Micrófonos encendidos
  • Estamos cargando últimas noticias