“Los riesgos para las elecciones no han bajado casi nada desde hace una década”

“Los riesgos para las elecciones no han bajado casi nada desde hace una década”
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A la izquierda Diego Rubiano, en el medio Yann Basset y a la derecha Alejandro Sánchez.

La Misión de Observación Electoral —MOE— entregó esta semana los mapas de riesgo de fraude para las elecciones al Congreso y presidenciales de 2022. Esta información corresponde al comportamiento que han tenido los municipios en las elecciones anteriores, algo que la MOE con un grupo de universidades lleva monitoreando desde 2007.

Para analizar los retos que ese informe supone para la democracia colombiana, La Silla Académica habló con tres de sus autores: Yann Basset, profesor de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, Alejandro Sánchez, profesor del Departamento de Ciencia Jurídica y Política de la Universidad Javeriana de Cali, y Diego Rubiano, abogado de la Universidad del Rosario e investigador de la MOE. Esta entrevista corresponde a la conversación editada que tuvimos con los autores en el evento de entrega del informe “Mapas y factores de riesgo electoral Elecciones Nacionales Colombia 2022”.

La Misión de Observación Electoral —MOE— desde 2007 viene midiendo los riesgos de fraude en las elecciones a Senado y Cámara. ¿Cuál ha sido la evolución?

En primer lugar, las elecciones a Cámara y Senado se dan el mismo día, pero tienen particularidades muy distintas entre sí y por eso hacemos cálculos diferentes. La cantidad de municipios en riesgo siempre tiende a ser menor frente a lo que se da en la Cámara de Representantes, porque las elecciones al Senado son de orden nacional. En las de Cámara las estructuras partidistas de alcance local y regional tienen mucho peso, las movidas son más locales y por eso puede haber un mayor control de los electores. El tipo de dominio que han tenido ciertos gamonales en determinados territorios. 

El mapa nos muestra una reducción ligera en el número de municipios que está en riesgo. Para Cámara tenemos un total de 335 municipios (de 1122) en algún nivel de riesgo. 51 municipios están en riesgo extremo, 98 en riesgo alto y 186 en riesgo medio. Hay concentración en el suroriente colombiano asociado a temas de baja participación. En la periferia antioqueña, especialmente en el norte, el nordeste y el bajo cauca antioqueño, por problemas de seguridad y de control del territorio durante el proceso de elecciones. 

El mapa del Senado muestra que son básicamente 323 municipios los que están en algún tipo de riesgo. 30 en riesgo extremo, 90 en riesgo alto y 194 en riesgo medio. Está concentrado también en el suroriente colombiano, en departamentos como Meta, Caquetá, Guaviare o el bajo Putumayo.

Lo que vemos en el tiempo es una estabilización en los riesgos electorales desde la elección del 2010: no vemos picos muy elevados desde entonces, pero tampoco una fuerte tendencia a la baja. Cabe entonces la pregunta de que medidas deben tomarse para bajar los indicadores en la próxima elección. El Estado tiene una deuda.

Estos mapas muestran cuáles son los municipios que se comportan de forma atípica de acuerdo a variables que pueden relacionarse con fraude electoral como el nivel de participación, el número de votos blancos, de votos nulos. Revisamos cómo se han comportado los municipios en esos campos en el pasado.

Sobre la estabilización que mencionó Diego, hay un antes y un después de la parapolítica. A partir de los mapas de riesgo de 2014 —que reflejan el comportamiento electoral de las tres últimas elecciones: 2010, de 2006 y del 2002. La década fuerte de la parapolítica—hay un quiebre en las desviaciones estándar, es decir en la tipicidad de esas variables. En otras palabras los municipios atípicos eran muy pero muy atípicos. Su comportamiento no tenía ningún tipo de explicación en una elección normal. Los resultados eran a veces absolutamente absurdos: había municipios con tasas de abstención negativas, es decir con más del 100 por ciento de participación. Eso ya no existe. Desde entonces vemos una atipicidad menos importante estadísticamente.

Lo que vemos hoy no es lo mismo de hace diez años cuando había coacción masiva por parte de los actores armados que cambiaban totalmente los resultados. El número de municipios que ha bajado y que se estabiliza, corresponde a este quiebre en la historia electoral y es una buena noticia. 

En todo caso, aunque el conflicto haya desaparecido como lo conocíamos tenemos que preguntarnos: ¿Qué hacemos con los municipios que siguen teniendo elecciones en medio del conflicto? No nos hacíamos esa pregunta antes porque el proceso de paz nos había dado un compás de espera.

Pero ahora estamos diciéndole a la gente de la zona rural de Buenaventura, por ejemplo, donde van a elegir una de las curules de paz, que voten cuando tienen en este momento 2 mil personas desplazadas. Hay que revisar entonces qué papel deben tener las alertas tempranas, cómo se relacionan las comisiones de seguimiento electoral —lideradas por el MinInterior, con participación de las campañas políticas y la MOE— con los consejos de seguridad. 

Usted habla además de una anormalidad que se explica por ese fenómeno. ¿Qué pasa con la guerrilla?

Hay un patrón absolutamente claro que hemos identificado en la Universidad del Rosario. Los municipios con presencia histórica de la guerrilla de las Farc, principalmente, tenían un nivel de participación bajo. Su manera de interferir en el proceso electoral era saboteándolo. Haciendo un paro armado o un atentado que impidiera que la gente saliera a votar. Así demostraban que quienes mandaban eran ellos. Los paramilitares en cambio obligaban a las personas a votar por los candidatos con los que estaban aliados. 

“Los riesgos para las elecciones no han bajado casi nada desde hace una década”
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¿Por qué, como muestra el informe, hay unos municipios que elección tras elección siguen pintados de rojo por tener un riesgo extremo de fraude electoral?

Atlántico, por ejemplo. ¿Qué pasó allá en las pasadas elecciones? El efecto Aida Merlano, del cual estamos hablando ahora.

Nuestra metodología destaca Atlántico en la Costa Caribe, junto con Córdoba y parte de Sucre porque históricamente ha tenido un comportamiento particularmente raro de una fuerte participación electoral. Lo que es un posible indicador de que están incitando a los electores a votar mediante distribución de favores, por ejemplo.

En un país cada vez más urbano también empezamos a ver desde 2018 delitos electorales como constreñimiento al elector, trasteo de votos, y otras irregularidades en las principales ciudades: Bogotá o Barranquilla. Por eso desde este año la MOE va a publicar mapas electorales de esas capitales y de Cali (de la que está a cargo Alejandro Sánchez) y Medellín.

Hoy quizá hay más riesgo de fraude en elecciones en las ciudades que en el campo, por un simple tema de economía de escala: es menos costoso, más fácil, menos visible porque hay muchos grupos.

 ¿Qué le falta hacer al Estado para que en vez de que el riesgo de fraude electoral esté “estancado”, baje significativamente? 

La Misión Electoral Especial creada en el marco del Acuerdo fijó unos derroteros de lo que tenemos que seguir hablando, por ejemplo, el fortalecimiento del Consejo Nacional Electoral —CNE—que es el responsable directo de los escrutinios donde se materializan buena parte de los comportamientos atípicos de los que hablamos hoy.

Hay un nuevo Código Electoral que trae cambios importantes como la autonomía presupuestal y administrativa del CNE, aunque falta regularla, pero al mismo tiempo se le atribuyen funciones que no está en capacidad de cumplir. Como supervisar a las entidades financieras, o controlar el universo de encuestas y sondeos que se hacen por medios electrónicos.

Antes quizá de atribuirle al CNE nuevas funciones, hay que fortalecer la entidad. En ese sentido la Misión Electoral Especial buscaba evitar la duplicidad de funciones jurisdiccionales en materia electoral, pero también desconcentrarlas. A los tribunales electorales especiales en las regiones, esos que envía el CNE para que reciban denuncias, les toca llegar rogarles a las comisiones de seguimiento electoral para que les den papel o les presten una oficina. Esa debilidad no la va a corregir el nuevo Código Electoral.

Hay que mejorar, además, el sistema que garantiza la publicidad de las actas de escrutinio en mesa, es decir, la publicación de los E14. Ese es un elemento fundamental para garantizar la transparencia de las elecciones. Debería haber un sistema público o privado que digitalice inmediatamente el acta de conteo de los votos, de forma que sea pública desde el mismo momento en que sale de la mesa de votación. Al menos en las capitales. No hay razón para que el registrador conozca los E14 antes que un ciudadano.

No corrige, además, un problema que es el de los altos costos de información que tiene el elector, que dificultan el ejercicio democrático. Es muy difícil para una persona identificar cuántas organizaciones políticas compiten en Bogotá, ni qué hablar en Cundinamarca. El partido indica muy poco o nada realmente de cuáles son los grupos políticos que están detrás: ¿50? ¿60? Eso le dificulta ubicarse y pedir luego una rendición de cuentas.

Muchas personas terminan entonces votando por el que es amigo, por el que puede darles un puesto de trabajo. Y ahí toda la idea de luchar contra el constreñimiento deja de tener sentido.

Sobre los retos que seguimos teniendo en materia electoral, desde la MOE podemos construir escenarios de mejor detección de riesgo. Aprovechando la trazabilidad de 15 años que llevamos haciendo este ejercicio, pero incorporando a la vez nuevas variables que reflejen los cambios que está teniendo el proceso electoral de forma que podamos incidir en ellas. Una es el fraude en la inscripción de las cédulas, por ejemplo.

Es fundamental la inclusión de nuevas tecnologías. Eso facilita la veeduría de organizaciones como la MOE, pero también de la ciudadanía y los medios de comunicación. Pero también plantea un reto sobre cómo hacerlo. 

Faltan pocas semanas para las elecciones a Congreso y para las consultas presidenciales. ¿Qué tanto puede hacer el Gobierno y las autoridades electorales para remediar las fallas que hay? 

Hay que hacer un llamado fuerte a las instituciones: para que se envíen comisiones de seguimiento electoral a los lugares donde se votarán, por ejemplo, por las curules de paz. Allá los candidatos, típicamente, tienen grandes dificultades para financiar sus campañas, además de los riesgos de seguridad que enfrentan.

También se puede hacer todavía un esfuerzo para aumentar la cantidad de máquinas biométricas en los puestos de votación que disminuyan el riesgo de suplantación el próximo 13 de marzo.

Por último. Se debe garantizar un control efectivo de la inscripción de cédulas. En este momento estamos cerrando ese tema del censo electoral, de cuántas personas se inscribieron. Tenemos todavía muchísimas dudas respecto de la información suministrada.

Los llamados de atención son no solo a las autoridades, sino también a la ciudadanía y los partidos políticos. Los partidos también deberían mirar los mapas de riesgo electoral y mandar testigos a los municipios con mayores problemas.

Nosotros en la MOE no tenemos observadores. Necesitamos que la sociedad civil tenga los ojos puestos en los municipios de mayor riesgo y que rodee el proceso electoral. Que participen como testigos, observadores para tratar de evitar irregularidades. Hemos visto lo efectivo que es. Hace 15 años nadie tenía idea de qué era el E14. Ahora cada vez que hay un tachón en el E14, hay un escándalo.  

En las elecciones de 2014 los votos de Buenaventura llegaban tarde y se estaban definiendo curules en la Cámara, pudimos hacer una revisión gracias a la información que publicó la Registraduría de todos los E14, de todas las actas de preconteo, para revisar qué pasaba en ellas. Esto lo hizo un equipo grandísimo de estudiantes que decidió de manera voluntaria participar.