“El llamado de Mazzucato es a que el Estado sea un agente emprendedor”

Luis Antonio Orozco

Un Estado emprendedor, como lo ha definido Mariana Mazzucato, es uno que concibe que el rol del Estado no debe limitarse a administrar o a regular los mercados, sino que debe tener iniciativas de emprendimiento propias donde convoque al sector privado y a toda la sociedad a grandes proyectos de largo plazo enfocados en desafíos transversales. A esto es a lo que ella llama “misiones”.

En Colombia, estas grandes “misiones” tendrían que plantearse alrededor de cerrar la brecha digital, que es profunda (El 48% de los hogares no tiene internet según el Censo de 2018) e implicaría nuevos acuerdos de gobernanza para una coordinación entre el gobierno, el sector privado y la sociedad civil, donde el sector privado pueda obtener ganancias en el largo plazo, pero también las poblaciones desventajadas se vuelvan más productivas.

El llamado de Mazzucato es a que el Estado se convierta en el agente emprendedor por excelencia, pero en una visión orientada hacia la generación, no de rentas principalmente, sino de resultados sociales.

Una política económica acertada busca que los sectores de la economía se hagan más productivos y que sea sostenible el uso de recursos naturales, y no descansa principalmente en subsidios para las personas, pues esto las hace dependientes de estos. Requiere, como sostiene mi maestro Clemente Forero en la Misión de Sabios, de inversión fuerte en ciencia y tecnología. Hizo esta reflexión al respecto. 

Mazzucato precisamente crítica a muchos gobiernos de izquierda que piensan solo en redistribuir y no en cambiar las estructuras de producción-distribución (dos cosas que son inseparables en una economía), para producir más y generar más bienestar.

Esto, por supuesto, va en contravía de políticas como la de pleno empleo que ha prometido el Gobierno entrante, que dice que contrataría a las personas para pequeñas obras de impacto veredal o barrial y programas de convivencia para reducir la violencia. Pero los costos de un programa así serían enormes teniendo en cuenta que, según datos del Dane, para enero de este año había en el país 3.5 millones de personas desempleadas.

Una cosa es tener una base de subsidios para poder aliviar las necesidades sociales a gente que es desvalida, que no tiene la oportunidad de una alimentación básica y otra es crear valor social. Colombia las ha tenido con Familias en Acción, Bono Solidario en Ecuador, Argentina con Familias por la Inclusión Social, Bolsa Família en Brasil, Panes en Uruguay o Puente-Chile Solidario, pero no se les da capacidades a la gente para solucionarse por sí mismos su calidad de vida, y es allí donde la ciencia y la tecnología tienen mucho que aportar.

En resumen, es cierto que en el plan de gobierno de Petro no se ve reflejada la idea de un Estado emprendedor tan claramente, como sí se ha venido discutiendo en estos días con sus guiños a Mazzucato y su elección de Ministro de Hacienda. Creo que sería mejor si ahora que está en el gobierno le apuesta a políticas de un Estado emprendedor más que a uno asistencialista.

Duque se vendió discursivamente como un Presidente que apoyaba el emprendimiento. En 2020 logró empujar la aprobación de la Ley de Emprendimiento, pero su idea presenta dos problemas grandes.

Primero, seguía concibiendo la investigación científica y tecnológica desconectada de la actividad productiva y de la formación de negocio. Sólo en muy pocos casos las universidades y los centros de investigación están vinculados con ecosistemas de innovación.

El sistema de ciencia, tecnología e innovación está desconectado de Colombia. Una entidad como Innpulsa y el mismo Ministerio de Comercio, Industria y Turismo compiten con el entonces Colciencias, hoy convertido en Ministerio, por ser los rectores de la política de innovación y tener la legitimidad de recibir y asignar presupuestos para CTI.

El segundo problema es la idea desmedida de que todo lo que es ciencia y tecnología tiene que terminar en competitividad. Esa idea viene del académico estadounidense Michael Porter, que la planteó en los 80s, y asesoró a empresas como Pacific Rubiales (que quebró), pero es una idea que viene del mundo de los negocios y no es así como se debe pensar el Estado, que no es una empresa privada.

En esencia, el enfoque desde el gobierno Duque era financiar emprendedores (medidas de apoyo para mipymes) muy en el tono de “vaya y mire qué hace con esos recursos”, pero sin responder ante la sociedad por qué esos recursos los estaba asignando de esa manera, y sin una visión sobre cómo quería que estos emprendimientos contribuyeran a grandes objetivos sociales de largo plazo. como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Por ejemplo, nunca reguló plataformas como Rappi o Uber. Porque pensaba que era un problema de equilibrar canchas, cuando la realidad es que se habían creado nuevas canchas dado el avance en innovación de modelos de negocio en el marco de las denominadas economías colaborativas.

Las tecnologías de la información y de las comunicaciones pueden servir para la inclusión social, pues pueden ayudar a tramitar necesidades económicas de las comunidades. Por ejemplo, hoy tenemos plataformas que masifican la capacidad de conectar oferta y demanda de formas antes inimaginables, y el Estado no debería ser indiferente a esas oportunidades.

Colombia ha visto crecer este tipo de iniciativas como resultado del trabajo de entidades como Sharecollab, que busca promover una cultura colaborativa en el país. La plataforma comenzó a operar en 2014, y para 2020, tenía registradas 300 organizaciones, de las cuales 58 son empresas colaborativas basadas en tecnologías de la información. Pero en esas iniciativas el Estado no ha jugado un rol tan importante.

La idea de Mazucatto es precisamente que el Estado, como agente emprendedor, organice y lidere algunas de estas plataformas, y le permita a la gente tener la posibilidad de entrar en ellas, sin depender de los intermediarios privados que hoy se quedan con la gran mayoría de los recursos porque consiguen controlar el capital y los datos de la operación. 

Hoy en día lo que pasa es que algunas compañías privadas se benefician de una economía colaborativa, pero incrementan la desigualdad y la precariedad laboral. Rappi, por ejemplo, o Uber, fueron creadas desde la lógica de economías colaborativas que usan tecnologías digitales de manera creativa para conectar oferta y demanda, pero se han convertido en un ejercicio de concentración de poder que le niegan el bienestar a sus participantes por la forma como lidian con la contratación y las responsabilidades civiles en materia laboral.

Como diría Mazzucato, lo que pasa actualmente con el caso de Rappi y el de otras plataformas derivadas de innovaciones tecnológicas es que “se socializa el riesgo de la innovación, pero se privatizan las ganancias”.  

Rappi fue creada en 2015 por Sebastian Mejia, Felipe Villamarín, Guillermo Plaza y Simón Borrero, el actual CEO. Esa empresa es hoy fuente de ingresos para más de 50 mil rappitenderos (los intermediarios entre negocios y consumidores) que en la aplicación ven una opción de recursos en un contexto de alta inmigración y desempleo.

Se ha caracterizado por una innovación constante en su portafolio, que se refleja en que hoy ofrece servicios financieros a usuarios que no tienen historial crediticio, lo cual es bueno como modelo de innovación, pero también ha tenido muchos problemas en su relación con lo público.

Uno de estos es que las condiciones de empleo son muy precarias, pues los trabajadores no tienen contratos, tienen que asumir los costos iniciales de adquirir su equipo de trabajo y asumen todos los riesgos de la operación, aún cuando no están asegurados.

Pero más allá de las críticas a la precarización laboral, el modelo de negocio está concebido de tal forma que permite el acceso tecnológico a la plataforma, pero no promueve el desarrollo de capacidades de los empleados, por no hablar del problema del aporte de Rappi a las finanzas del Estado. Por ejemplo, en 2019, reportó $238 millones de pesos en pérdidas corporativas, lo que le dió beneficios fiscales aún cuando no hay claridad sobre cuál es la remuneración de sus dueños y ejecutivos. 

El ideal sería que la gente preste los servicios en estas aplicaciones saltando la necesaria intermediación de una empresa que se queda con gran parte de las ganacias. Estas aplicaciones deberían garantizarles a las personas tener un trabajo decente y con la capacidad de creación de comunidad sobre la plataforma.

En ellas se podrían apalancar muchas de las ambiciones de Petro de reducir el desempleo y luchar contra la desigualdad. Hoy no ocurre esto, pues el dueño del algoritmo es el que pone las condiciones, sin que los datos que está recogiendo con el uso de la aplicación sirvan para la gestión de políticas públicas.

Ya se han visto algunos experimentos interesantes en esta vía. Por ejemplo, en Texas, Uber canceló sus operaciones en 2016 debido a desacuerdos con el gobierno local sobre el tema de impuestos. Eso llevó a que una comunidad de 36 mil conductores moviera su operación a Facebook, donde acordaron desarrollarar su propia aplicación descentralizada llamada ArcadeCity, donde las ganancias no van a un tercero, sino que se reparten entre los operadores de la aplicación. Ese caso me parece que muestra cómo podrían funcionar economías colaborativas de una manera más útil.

Si la aplicación Rappi dice: no me sirve así, sería insostenible financieramente, creo que no hay que tenerle miedo a que deje de operar en la forma en que la conocemos hoy, y que el Estado asuma la gestión de un mejor reemplazo para plataformas como esta.

Sí, por ejemplo, existe el caso de Agrapp, que es una plataforma que ofrece una línea de financiamiento para el sector agrícola en Colombia. La hicieron en 2018, y ayuda a que pequeños y medianos productores agrícolas se pongan en contacto con personas que pueden invertir en sus negocios, hasta en un 75% de la inversión requerida.

En los dos primeros años, Agrapp ha logrado asegurar inversiones por más de 500 millones de pesos para apoyar 19 negocios rurales conectándolos con 72 inversionistas. Los negocios tienen que demostrar que tienen al menos una hectárea de tierra y que tienen experiencia en la siembra de frutas que la aplicación vea con potencial de ser comercializadas en el exterior.

La idea de Agrapp es pequeña, pero imagínese eso con más inversión pública, fundamentada en investigación científica y tecnológica, y escalado a nuevos sectores. Eso es lo que haría un Estado emprendedor, que no deja esas innovaciones de las economías colaborativas en manos de privados y se desentiende de ellas. Asume su responsabilidad y basados en el avance de la ciencia promueve la introducción de innovaciones tecnológicas y organizacionales para crear comunidad, gente comprometida, con visión compartida, todos empujando para el mismo lado.

Otra de la que hablamos en el artículo es Ecobot, que fue creada en 2016, y que busca promover hábitos de consumo responsables, por lo que a través de máquinas llamadas “ecobots” permite que la gente pueda dejar botellas plásticas en ellas a cambio de tickets que pueden ser cambiados por productos en tiendas de aliados. Hasta la fecha, se han recogido 2 millones de botellas plásticas en 70 máquinas que están en 6 ciudades de Colombia.

De nuevo, con inversión pública estas aplicaciones podrían lograr mucho más. Y son interesantes porque van más allá del mero desarrollo de una tecnología y crean oportunidades para incluir nuevos agentes a la economía a través de soluciones tecnológicas que están recogiendo información transparente.