“Petro no puede antagonizar a la clase media, como lo ha hecho antes"

es Ricardo López-Pedreros

El expresidente Juan Manuel Santos habló de la “era del posconflicto” como una en la que el gobierno dedicaría todos sus esfuerzos a robustecer la clase media, como “la fuerza motriz de una democracia plena”. El mensaje era claro: la clase media es la garantía de una paz duradera.

A pesar de sus diferencias, Álvaro Uribe Vélez también defendía la idea de que una “sociedad cohesionada” era producto de una gran clase media. Cuando Uribe categorizaba el acuerdo de paz como una usurpación antidemocrática, evocaba la destrucción de la sociedad de una clase media basada en la inversión extranjera y la propiedad privada.

Para Uribe se justificaba usar la violencia contra grupos insurgentes siempre que se ejerciera para la protección de esa sociedad de clase media, la “gente de bien”, que es la que, según esta versión, permite que haya inversión capitalista y que Colombia se pueda vender al mundo como una posibilidad de belleza económica o de diversidad geográfica. Aunque también hay que recordar que el líder paramilitar Carlos Castaño, en alguna entrevista, dijo que el proyecto paramilitar era la defensa de las clases medias.

Entonces, tanto Uribe como Santos y Duque, en distintas orillas de la paz, vieron el logro de la cohesión social como un objetivo que recae especialmente en la clase media. Es decir, por un lado, se asumía que la paz permitiría la creación de una clase media que podía materializar la democracia. Por el otro, se decía que la clase media lograría las condiciones para una paz duradera y sostenible. Aún así, rara vez se cuestiona esa conexión discursiva que se hace entre democracia, clases medias y posconflicto.

¿Realmente qué significa vivir en una sociedad que supera el conflicto? ¿Basta con hacer crecer la clase media para lograrlo? Me parece que es necesario cuestionar esa idea, algo que es difícil porque en Colombia hay un monopolio de la crítica a la paz por parte de la derecha.

Creo, en todo caso, que con el gobierno de Petro por lo menos estamos ante una posición diferente frente a esa relación entre la paz y la clase media. 

Porque el gobierno de Petro le apuesta a una paz en la que caben más grupos sociales y donde la paz se entiende como equivalente a justicia social y no necesariamente con una mayor clase media.

No es que no sea relevante la clase media. Esa idea de que supuestamente las clases medias van a desaparecer con este proyecto político de Petro es errada. Lo que pasa es que este gobierno sí imagina otra posibilidad de paz como ascenso social, que es una manifestación colectiva, y no solamente como crecimiento de la clase media como logro individual.

Aquí hay una tensión entre una clase media que representa el desarrollo, el individualismo neoliberal, por un lado, y una visión del logro económico en armonía con la naturaleza y la sociedad en general, desde una visión de lo que la vicepresidenta ha llamado “vivir sabroso.”

Esto no es nuevo. Manteniendo algunas diferencias, esto también ocurrió, por ejemplo, con Lula da Silva o con Evo Morales, que apostaban a un ascenso social como una manifestación colectiva, como una cuestión de bienestar económico colectivo. Y aquí hay que decir que muchos actores que lograron ser parte de una clase media, casi siempre medida por cuestiones de consumo, terminaron votando por proyectos de derecha y autoritarios.

Aún así, Petro va a seguir con el discurso de protección de la clase media, así sea expandiendo programas hacia la microempresa o incluyendo mucha más gente en la categoría ‘clase media’ a través de las estadísticas del Dane, porque meterse con la clase media es muy costoso políticamente.  

Aunque como se ve en los trinos, Petro ha tenido en su trayectoria a veces una posición crítica de la clase media, a la que asocia con una clase consumista y conservadora, en el libro trato de mostrar que Colombia ha tenido muchos grupos de clase media que han sido más progresistas de lo que a veces se piensa desde posiciones de izquierda. Muchas de estas, de hecho, fueron importantes para que un proyecto como el de Petro llegara al poder, pues participaron activamente de las movilizaciones de 2020 y 2021.

Esta actitud ambivalente frente a la clase media claramente ha cambiado con el Petro presidente. Eso se ve en gestos como, por ejemplo, su presencia en el último congreso de Acopi (la asociación de empresarios pequeños y medianos), ahí es claro que quiere hablarle a ese público, que es uno de los estandartes de la clase media en el país.

Si uno revisa la historia reciente, se da cuenta que Acopi no ha sido ajena a las causas que hoy defiende Petro. Por ejemplo, la noción de economía popular también la han defendido en el pasado los medianos y pequeños empresarios, que defienden su posición de ser el grupo de empresarios que producen más empleo. Esto muestra que hay unas conexiones históricas de ese grupo con el Petro que hoy se moviliza para lograr cierta legitimidad dentro de las clases medias.

En todo caso, creo que como estrategia política es casi imposible que Petro diga que no le importan las clases medias. Es imposible hacerlo por el peso político que tienen en lo que supuestamente significa vivir en democracia, y la legitimidad que le quitarían a su gobierno.  

La clase media casi siempre se indica como la respuesta a los problemas sociales, y casi nunca como una pregunta. Por ejemplo, si el problema es que las sociedades se han vuelto muy inequitativas, la solución es ampliar las clases medias. Si es la polarización de los extremos políticos, la solución es fortalecer el centro, que se asocia con las clases medias. Entonces, parece que hay un consenso en que hay que proteger las clases medias si se quiere vivir en democracia.

Normalmente se busca tener un listado matemático en su descripción y ahistórico en su contenido, que permita definir de inmediato quiénes hacen parte o no de la clase media, sin importar el contexto histórico o los discursos o condiciones estructurales en las que persiste.

Pero a mí lo que me interesa es llevar la categoría de clase media al terreno histórico. 

Eso quiere decir preguntarse de dónde viene esa idea de clase que siempre usamos para hablar de la democracia, y así poder cuestionar lo que este concepto logra en términos de réditos políticos. Cuando uno dice que Colombia es una sociedad de clase media, ¿qué es lo que ocurre en el debate público o qué se justifica con el uso de ese concepto?

Además, verlo históricamente también permite entender que permanentemente se están negociando las fronteras sobre lo que entra o no en la categoría. Por ejemplo, en el gobierno de Iván Duque hubo muchas discusiones porque el Dane (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) intentaba poner más gente dentro de esa categoría de clase media, así fuera bajando la capacidad adquisitiva o los ingresos.

Hoy el Dane categoriza la clase media como la compuesta por aquellos a quienes corresponde un ingreso per cápita al interior del hogar entre $653.781 y $3.520.360 al mes, pero hechos como la pandemia hicieron evidente la fragilidad de lo que se ha celebrado como la materialización de una clase media en el país, que llegó a ser el 25% de la población en 2020.

Mi interés en el libro era mostrar que el concepto de clase media es útil para pensar formas de dominación, de racismo y de clasificación social. Intento hacer una genealogía sobre cómo se naturalizó la noción de clase media en Colombia. Cómo llegó a ese nivel de normatividad en el plano de las ideas y de las prácticas, y pensar que detrás del concepto normativo de clase media se movilizan—y legitiman—prácticas racistas y clasistas que en muchos casos se entronan como “democracia plenas”.

Porque en ese periodo la clase media se tornó en uno de los objetos de estudio más debatidos: asesores de política pública en el ámbito global, tecnócratas de programas de desarrollo y representantes de programas de bienestar estatales asociaron a la clase media con una definición de democracia, donde el que pertenecía a esta clase era el ciudadano democrático ideal: con características de objetividad y neutralidad en sus comportamientos.

Esto responde a varias cosas que estaban pasando. A nivel mundial, se acaba la Segunda Guerra Mundial y había una preocupación sobre cómo hablar del conflicto social y de las cuestiones de raza. En el caso de América Latina se da cierta radicalización reformista y, en algunos casos, más de izquierda (triunfo de la Revolución en Cuba), por lo que hay una preocupación desde los Estados Unidos sobre cómo evitar la expansión comunista en la región.

En el caso de Colombia, la discusión sobre la clase media gira alrededor del periodo de la Violencia, que suscita la pregunta sobre cómo evitar que se repita un fenómeno social de esas características y poder transitar hacia una armonía social.

Alberto Lleras Camargo, que fue el primer presidente del Frente Nacional, precisamente hablaba de la fundación de una Segunda República, la cual hacía descansar especialmente en unas clases medias profesionales, que eran las que iban a educar a las élites y a los grupos populares, y así evitar un regreso a una sociedad biclacista, feudalista y antidemocrática.

Es en ese contexto donde aparecen algunos de los próceres de las ciencias sociales en Colombia para legitimar ese discurso de la importancia de la clase media, como Orlando Fals Borda y Germán Guzmán (sociología), Virginia Gutiérrez de Pineda (antropología) o Eduardo Umaña Luna (derecho), que ubicaban a los profesionales, y también a los empleados de servicios y pequeños propietarios, como los sujetos por excelencia de una democracia estable.

Este proceso de formación de clases medias estuvo acompañado por la aparición de programas de desarrollo del nivel nacional, como la formalización del Departamento Administrativo del Servicio Civil, en 1958, o, el mismo año, la creación de la Esap (Escuela Superior de Administración Pública), que buscaban, en palabras de Lleras Camargo, una “profesionalización de las relaciones sociales”.

Estos programas contaron con la financiación de la Alianza para el Progreso, el programa de desarrollo con el que Estados Unidos buscaba exportar una clase media que supuestamente ya existía en su país y llevar a las sociedades latinoamericanas hacia una modernidad democrática y capitalista, y así librarla de la seducción del comunismo. 

Sí, por esos años de desarrollo del discurso de la clase media se ven muchas defensas intelectuales de que el mestizo es el sujeto democrático por excelencia. La antropóloga Virginia Gutiérrez de Pineda, por ejemplo, consideraba que en Bogotá y Antioquia había sujetos que estaban más próximos a lograr una armonía social precisamente desde el mestizaje.

Pero detrás de ese discurso del mestizaje estaba muchas veces una racialización de la noción de clase media, porque había la idea de que ciertos grupos tenían manifestaciones culturales que impedían la formación de sujetos democráticos. Por ejemplo, Gutiérrez de Pineda hablaba de que Antioquia había logrado la formación de un tipo de sujeto que era el emprendedor, una capacidad económica de superación personal.

En contraste, pensaba que los grupos llamados “negroides”, que eran del Pacífico, tenían el problema de que manifestaban su masculinidad a través de la búsqueda de la satisfacción sexual, mientras que en Antioquia esa energía se utilizaba para el desarrollo económico.

El trabajo de la socióloga Mara Viveros Vigoya ha profundizado esa crítica mostrando la racialización discursiva de la clase media. Eso ayuda a entender por qué es tan difícil y aparentemente contraintuitivo que se hable de clases medias negras o indígenas.

Otro frente en el que se ve esto, y que abordo en el libro, es que en los procesos de selección para esas entidades estatales creadas a finales de los 50s, los que tenían que elegir “los miembros más capaces y valiosos de la sociedad”, solían privilegiar ciertos perfiles. Por ejemplo, las personas que mostraban una biografía que mostraba una inclinación al servicio, al sacrificio, y a la preservación de una familia estable. En suma, un Estado democrático debía estar representado por una clase media, pero una profesional, masculina, heterosexual y mestiza. 

Lo que se vio es que algunos profesionales que participaron en los programas de desarrollo creados en los 50s y 60s, muchas veces terminaron insatisfechos y frustrados con sus condiciones sociales, y esto dio pie a la aparición de nuevas formas de radicalización.

Se dice muchas veces que la radicalización política se dio en Colombia por fuera del Frente Nacional, porque este cerró las puertas a la diversificación política. Esto en parte es verdad. Pero lo que ocurrió también es que los programas de desarrollo del Frente Nacional crearon contradicciones que empujaron a algunos sujetos que se pensaba que iban a lograr la armonía social, a terminar en orillas de oposición.

Por ejemplo, la historia de Alfredo Molano da cuenta de eso. Él venía de los programas de desarrollo, había trabajado en programas financiados por la Alianza para el Progreso, trabajó para el Incora, y luego de estas experiencias de clases medias y de profesionalización terminó cuestionando al Frente Nacional y moviéndose hacia la izquierda.

Otras clases medias desencantadas con las políticas del Frente Nacional, después del 65, se empiezan a acercar a la Anapo, y ahí hacen un reclamo político de representación del pueblo. Algunos de ellos terminaron en el M19, un grupo que es una manifestación de las clases medias y de una radicalización de una pequeña burguesía.

La respuesta de los gobiernos de los 70s vino en la forma de un tire y afloje en políticas sociales, como la creación del Upac, una medida usada para calcular el costo de algunos créditos de vivienda, y mucha violencia estatal para mantener una clase media “adecuada” y despolitizada.    

Petro debe ser consciente de que entre sus bases hay unas clases medias que no están satisfechas con lo ocurrido en gobiernos anteriores y, por ello, han participado en protestas y en la movilización social. No puede antagonizarlas diciendo que votan por la derecha, como lo ha hecho en el pasado.

Por eso creo, al menos en términos económicos, que Petro le va a seguir hablando de manera muy cercana a los pequeños propietarios, a Acopi, a las pequeñas empresas, las pequeñas industrias. Algunos miembros de Acopi pueden abrazar su idea de economía popular, siempre y cuando continúen siendo ellos los representantes o se consideren los representantes de esa economía popular.

Otro grupo de clase media con el que se relacionará el gobierno es con esa clase media que desde los 90s se vincula con la idea del emprendedor. De una definición de clase media ligada a la dependencia del Estado se pasó a una ligada a la independencia laboral, y no veo que este gobierno esté interesado en romper o criticar esa clase media emprendedora. Así que la apoyará a través de agencias que ya tiene el Estado, como Innpulsa.

Lo que sí me parece interesante para hacerle seguimiento es que en Petro sí se ve, por ocasiones, a alguien que no compra completamente la idea de que las clases medias son incuestionables, y eso puede ayudar al menos a repensar esa noción casi que sacra de que, por definición, las clases medias están en favor de una sociedad democrática. Quizás la pregunta es precisamente esta: ¿Qué significa vivir en una sociedad que se imagina así misma como democrática?