“Petro no puede fijar por su lado la tarifa de la energía”

es Luis Ferney Moreno

El presidente Petro podría presentar sus propuestas de otra forma. La manera en que lo dice, en términos de intervención, asusta a un mercado tan sensible como el de los servicios públicos. 

Hay confusión en esa afirmación de que va a asumir funciones de las comisiones. En un borrador de decreto que ya se conoce, se dice que el presidente “reasumirá algunas de las funciones presidenciales de carácter regulatorio en materia de servicios públicos domiciliarios”.

Eso confunde porque las únicas funciones que el presidente ha delegado a las comisiones, a través del decreto 2253 de 1994, son las de señalar las políticas generales de administración, pero no de regulación, que son las de fijar tarifas. Se confunde la función de  regulación con la facultad para señalar políticas generales.

El presidente Petro puede reasumir en cualquier momento la función de señalar la política general delegada a la Creg, lo que no se puede decir es que reasume la función de carácter regulatorio, porque ningún presidente ha delegado dicha función a las comisiones de regulación.

El presidente Petro lo que puede es reasumir la función de señalar políticas generales de administración y control de los servicios públicos la cual fue delegada a la Creg por el decreto 2253 de 1994. Al hacerlo, el presidente de Colombia puede señalar políticas generales donde fija unos lineamientos a la Creg y a la Cra (la comisión de regulación de agua potable y saneamiento básico) sobre administración y control, pero sin quitarle su rol como autoridad tarifaria.

Sí. Esto no implica que el presidente tenga un cheque en blanco para intervenir directamente en los costos de la tarifa de la electricidad o del agua. En el régimen actual de libre competencia de la energía eléctrica (ley 142 de 1994) ya se definieron las tareas sobre qué le corresponde hacer a la Creg.

En el artículo 23 de la ley 143 se señala que es esta comisión, la Creg, la que debe definir las tarifas a través de unas fórmulas tarifarias complejas. El presidente Petro, al reasumir la función de señalar la política general no le puede decir a los generadores de energía: ahora la generación vale 100 pesos el KW hora mes, porque eso desborda sus facultades, ni tampoco establecer una metodología tarifaria especifica.

No puede, porque los integrantes de las comisiones son determinados por la ley y por periodos fijos. También sus funciones son determinadas en la ley, esto es, en la Ley 143 y 142.

Lo que pasa actualmente es que la mayoría de los comisionados fueron elegidos por el presidente Duque, pero eso no quiere decir que sus decisiones no obedezcan a criterios técnicos. El presidente Petro podrá nombrar directamente nuevos comisionados cuando venzan dentro de su administración el periodo de los actuales.

En todo caso, ya el gobierno tiene asiento en las decisiones de las comisiones. A la Creg también va, con voz y voto, el ministro de Minas y Energía, de Hacienda, y el director de Planeación. A la Cra va el ministro de Vivienda, de Ambiente y de Salud, así como el Director de Planeación. Entonces no es que el gobierno no tenga ningún rol en lo que se decide en esas comisiones.    

Después del pacto tarifario acá en Colombia lo que se ha visto es que las tarifas finales y los precios de generación aún siguen siendo altos. Esto es sorprendente porque en este mercado lo que normalmente ocurre es que si sube la oferta de energía y la demanda se mantiene intacta, los precios de bolsa deben bajar.

Eso fue precisamente lo que pasó en este caso: había mucha oferta de energía, sobre todo de energía hidráulica, que es la que finalmente pone el precio en la bolsa, porque es la energía más barata de generar. Entonces, los precios de la bolsa podrián haber sido otros con los embalses llenos y una gran oferta hídrica del país (es decir, más oferta).

No creo que fuera un problema de falta de voluntad del ministerio o de los operadores de energía con los que se hizo el pacto tarifario. Es un problema más estructural. Estoy convencido que eso tiene que ver con un tema del diseño institucional en Colombia. ¿Por qué? Comparando con otros países, lo que hacen las entidades que funcionan como comisiones de regulación, es que tienen al mismo tiempo la tarea de regular, pero también de fiscalizar: de hacer control y vigilancia.

El problema de Colombia es que dividió esas tareas en distintas entidades. Por un lado están las comisiones de regulación, que regulan el mercado, y por otro la superintendencia de servicios públicos, que hace vigilancia. Ha faltado una política de control de los servicios públicos por parte de los presidentes de la república que le apunte a vigilar mejor el mercado de los servicios públicos. 

Esa vigilancia del mercado pasa, primero, porque el superintendente de servicios públicos sea elegido, como el de industria y comercio o como el financiero, por un término fijo de cuatro años. Hoy el único superintendente que no tiene no tiene periodo fijo es el de servicios públicos.

Segundo, que se unifiquen las funciones de las comisiones y la superintendencia en una única entidad. Una que pueda fiscalizar con instrumentos tecnológicos y con recursos suficiente y pueda determinar los presuntos abusos que se presenten en el mercado.

No se trata de asumir que están abusando, como parece asumir el presidente, sino de tener instituciones que vigilen efectivamente donde están los abusos. Hoy a la superintendencia de servicios públicos la consume la tarea de responder derechos de petición, pero no hay una vigilancia más estructural del mercado.

Con una entidad más fuerte haciendo vigilancia, creo que se pueden empezar a identificar las fuentes de las alzas de los precios. También, es importante tener en cuenta que aunque los costos y rentabilidades deben responder a una suficiencia financiera, también deben obedecer al principio de eficiencia económica para que las tarifas sean razonables y justas.

Lo que puede hacer el gobierno, en cabeza del presidente, es señalar unos lineamientos para que se logren unas tarifas razonables y justas, con el fin de que las comisiones de regulación revisen las estructuras reales del mercado, los costos y las rentabilidades.

A titulo de ejemplo, si se observa ciertas fallas en la estructura real del mercado o en los costos o rentabilidades o hay presuntos abusos tarifarios, el gobierno podría dar lineamientos para que una actividad que se encuentra en un régimen de libertad de precios pase más bien a un régimen de regulación o  incluso puede instar a que la Creg le ponga un precio definido de antemano. No lo puede hacer el presidente directamente, pero sí puede dar la orientación para que lo haga en casos en los que descubra algún abuso por parte de operadores.

Es importante precisar que las alzas de tarifas tampoco son un problema generalizado del país. Están especialmente concentradas en la Costa atlántica. En otros lugares del país no se ven quejas generalizadas por las tarifas.

Sí, en América Latina, en general, hay un modelo mixto que mezcla intervención estatal y libre competencia en los mercados de la energía y el agua. Estos elementos se introdujeron de diversas maneras en cada uno de los países.

A mí me parece que el modelo mixto funciona bien, porque ahí hay empresas públicas y empresas privadas que prestan servicios, y el Estado está regulando y fiscalizando. Volver todo público es un problema porque puede pasar lo que ocurrió en México antes de la reforma constitucional que cambio el modelo, que destinaba gran parte del presupuesto nacional para realizar las inversiones en el sector.

El modelo mixto sale avante en este episodio. Petro no está diciendo que hay que acabar con los prestadores privados ni que hay que disolver las comisiones reguladoras. Hay un respeto básico del modelo, aunque la manera en que habla del problema pueda llamar a confusión.