"Que Petro sea Presidente muestra que en la toma al Palacio tocaba negociar"

es Yesid Reyes

La gran discusión que hay desde 1985 hasta hoy en relación con la toma del Palacio de Justicia gira fundamentalmente alrededor de la forma como el Gobierno de la época enfrentó el problema. Había dos maneras teóricas de hacerlo. Una era buscando una forma de negociar con el comando guerrillero que se había tomado el Palacio de Justicia, y otra era intentar desalojar militarmente el Palacio, lo que suponía no solamente enfrentar un comando guerrillero armado, sino poner en peligro la vida de 351 rehenes civiles.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia en esa época pidió, a través de una cadena radial, que cesara el fuego y que los integrantes del comando guerrillero estaban dispuestos a sentarse a conversar, pero que resultaba indispensable cesar el fuego. Esa es la expresión que se usa ahora para hacer homenajes alrededor de esa fecha.

Lo cierto es que, en su momento, esa petición no fue escuchada. La respuesta por parte del Gobierno estuvo a cargo de la entonces ministra de Comunicaciones, que era Noemí Sanín, quien básicamente dio la orden a las emisoras de que se abstuvieran de realizar entrevistas con personas que estuvieran dentro del Palacio de Justicia. Amenazó a directores de noticieros de televisión y de noticieros radiales con el cierre de las emisoras si seguían haciendo esa clase de transmisiones, y después autorizó pasar por televisión un partido de fútbol del torneo local para que la gente se olvidara de lo que estaba ocurriendo en la Plaza de Bolívar.

No hubo ninguna petición del Congreso hacia el gobierno para que suspendieran el operativo militar. En el Ejecutivo, salvo una voz aislada (el Ministro Enrique Parejo) tanto el Presidente de la República como los ministros dejaron que el operativo militar avanzara y descartaron cualquier posibilidad de negociar y cesar el fuego.

En estos 37 años el eje de la discusión siempre ha sido ese. ¿Cómo tenía que haber enfrentado el gobierno la toma del Palacio de Justicia? ¿Tenía que haberse sentado a negociar? ¿Cuál es el aprendizaje que sacamos de esa fecha

Si uno revisa la historia desde 1985 hasta hoy, lo que se ve es un giro en Colombia hacia las soluciones negociadas de los conflictos armados. Después de la toma del Palacio de Justicia se firmó un acuerdo de paz con el M-19, que dicho sea de paso, es uno de los acuerdos de paz más exitosos que ha habido en Colombia. Una desmovilización prácticamente absoluta de los integrantes, que se vincularon a la vida social y política del país.

Después de ese acuerdo de paz con el M-19 se han dado acuerdos de paz con otros grupos guerrilleros. El último, el acuerdo con las FARC, precedido del acuerdo con los grupos paramilitares, y ahora se anuncia un acuerdo de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Entonces, lo que en 1985 parecía ser la preferencia del Gobierno por soluciones militares a esta clase de conflictos, pues con el paso de los años estamos viendo que ha girado hacia el otro lado, y que los últimos gobiernos son partidarios de soluciones negociadas a los conflictos armados.

Ese es realmente el símbolo de esa frase que toma vigencia 37 años después de la toma del Palacio de Justicia, que es “que cese al fuego”. Esa frase lo que significa es que hay que privilegiar la solución negociada frente a la solución militar en casos como este. 

Que tantos antiguos integrantes del M-19 hayan hecho parte de la vida política de la nación en los últimos años, incluido, por supuesto, el Presidente Petro, lo que muestra es justamente lo absurdo de haber intentado resolver la situación en el Palacio de Justicia por la violencia.

Lo que muestra la reincorporación de los ex integrantes del M-19 a la vida social y política del país, es que la solución correcta era negociar. Si se hubiera negociado en esa época con el M-19 habríamos tenido el mismo efecto que tuvimos unos pocos años después, que es la desmovilización de ese grupo, pero con 100 muertos menos, entre ellos 11 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y no habríamos tenido las heridas de decenas de rehenes más y la desaparición de un puñado de personas, de las cuales seis siguen sin aparecer.

No solamente creo que fue un error de estrategia militar del M-19, sino, por supuesto, fue un acto desde todo punto de vista censurable haber tomado 350 personas como rehenes para forzar unas exigencias que tenían frente al Gobierno. Y, dicho de una manera más amplia, como lo he mencionado en algunos artículos, no soy partidario de reclamos armados frente a problemas específicos que presenta un gobierno o un Estado en un momento determinado.

Entonces, no apruebo la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19. Pero si uno escucha la conversación del Presidente de la Corte con los medios de comunicación ese día, los guerrilleros no estaban en ese momento disparando contra los rehenes que había en el Palacio. Lo que decía el Presidente de la Corte es que los disparos venían desde afuera, y que era necesario que cesaran para abrir las negociaciones, aunque eso no exima a los miembros del M-19 de los delitos que cometieron, que van desde matar personas hasta secuestrar rehenes.

Ahora, ¿cuáles eran las exigencias del M-19? Eran dos. Primero, que la Corte Suprema avalara la constitucionalidad de los acuerdos de cese bilateral al fuego suscritos entre el M-19 y el gobierno de Belisario Betancur. Esto era para decir que el Gobierno estaba obligado a cumplirlos. La segunda exigencia era, a partir de ese presupuesto, que la Corte dijera que el Gobierno había incumplido esos acuerdos de cese al fuego porque había hecho incursiones militares contra campamentos del M-19.

Hay personas que en su época dijeron que esas eran unas exigencias terribles y que no había ninguna posibilidad de cumplirlas. Sobre eso quisiera hacer algunas precisiones. La primera es que, evidentemente, en cualquier negociación las partes inflan sus pretensiones para poder llegar luego a unos acuerdos. Entonces, eso no quiere decir que el M-19 no hubiera estado dispuesto a negociar.

La segunda es que, si uno vuelve unos años atrás, cuando el M-19 tomó la sede de la Embajada de la República Dominicana, era claro que las pretensiones en ese entonces parecían mucho más inaceptables que las que hizo en la toma del Palacio de Justicia. Entonces exigió básicamente dos cosas: una, el pago de 5 millones de dólares por parte del Gobierno, y la otra era que liberaran a 300 guerrilleros que estaban presos. En ese caso, el Presidente Turbay asumió las riendas de la negociación, prohibió la solución militar y se sentó a negociar con el M-19 durante 61 días, luego de los cuales logró una salida que, en las palabras de Turbay, terminó “sin darle al M-19 ni un peso ni un preso”.

Pero imaginemos el peor escenario en la Toma del Palacio. ¿Qué es lo peor que hubiera podido pasar si la Corte enjuiciaba al presidente Betancur? ¿Qué legitimidad podía tener esa sentencia, entre comillas, de una Corte Suprema de Justicia encañonada por un número de guerrilleros armados? Ese habría sido un fallo ilegítimo, que no habría afectado la institucionalidad del país, pero la reacción del Gobierno de Betancur fue cerrar todas las opciones al diálogo y optar por la opción militar que tantas vidas cobró. 

En la época previa a la toma del Palacio de Justicia yo ejercía la profesión de abogado y tenía algunos clientes privados de la libertad en cárceles de Bogotá. Uno de ellos estaba preso en la Picota, en el pabellón que se llamaba “de los extraditables”, porque fue el primer grupo de personas que fueron extraditadas a Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico.

Yo visitaba la Picota semanalmente para visitar a este preso, y más o menos una semana antes de la toma del Palacio, él me dijo: “¿dónde va a estar su papá la semana entrante?”. Yo le dije que en la Corte, y él me respondió: “Yo no le puedo dar detalles porque me juego la vida si se los doy, pero sí le digo una cosa: su papá no debe estar en Bogotá la semana entrante. Va a pasar una cosa gravísima. Mire a ver si le adelanta un viaje o algo, pero no puede estar”, dijo.

Con esa noticia me quedé ese día. Yo se la comenté al Director de la Policía Nacional, y me dijo que los presos hablan muchas bobadas, y me aseguró lo siguiente: “le garantizo personalmente que a su papá no le va a pasar nada”. A los seis días se tomaron el Palacio. Cuando volví a la Picota, después de unas semanas, me volví a encontrar a la persona detenida y me dijo: “Esto era lo que no le podía decir. Yo estoy con la gente que dio plata para ese ataque”.

Entonces, independientemente de qué digan las decisiones de los juzgados y de las comisiones de la verdad, yo tengo la absoluta convicción de que el narcotráfico financió, de alguna manera, la toma del Palacio de Justicia, básicamente porque lo supe antes de que la toma se diera y porque me lo confirmaron después. Ahora, otra de las incógnitas que queda pendiente es por qué se retiró inexplicablemente la seguridad del Palacio de Justicia el 2 de noviembre, apenas 4 días antes del ataque.

Esto último abre la posibilidad (aunque sobre esto sólo puedo hacer una inferencia lógica, pero sin pruebas) de que por lo menos una parte de las Fuerzas Armadas tuviera conocimiento del plan de toma del Palacio de Justicia, y retiró la seguridad para posibilitar que el comando del M-19 entrara al edificio, y así poderlos atrapar y aniquilarlos militarmente, como finalmente ocurrió. Esto último que afirmo lo digo con menos certeza que lo que creo sobre la financiación del narcotráfico para ese ataque, pero sí tiendo a pensar que las Fuerzas Armadas tenían conocimiento de que la toma se iba a hacer. 

La gran verdad ya está relativamente clara. Cuando hablo de la gran verdad hablo de la certezas sobre las acciones criminales emprendidas por el comando del M-19 al tomarse el Palacio. También está claro que hubo excesos de las Fuerzas Armadas en su intento de recuperar militarmente el Palacio. Está claro que hubo personas que murieron, como un magistrado auxiliar, que salió con vida del Palacio de Justicia, y su cuerpo fue llevado posteriormente al edificio para hacerlo parecer una víctima de los combates que allí tuvieron lugar.

Aunque hay todavía zonas oscuras donde se necesitaría más verdad, comenzando por las seis personas desaparecidas de las que no se sabe qué pasó. Y sigue habiendo dudas sobre por qué se retiró la vigilancia del Palacio de Justicia y sobre la vinculación del narcotráfico con la Toma del Palacio.

El gran aprendizaje en estos últimos 37 años es que fue un gran error haberse negado a cesar el fuego en el Palacio. Ha quedado claro que la solución negociada es preferible a la solución militar para deliberar en este caso de conflictos, y la muestra de ello es que, desde entonces, el país ha tenido tal vez una media docena de procesos de paz, unos más completos y exitosos que otros. El Estado colombiano ha tomado esa lección, más allá de las diferencias ideológicas de los gobiernos que se han sucedido.

Por más de que ciertos sectores sigan insistiendo en que la recuperación militar del Palacio fue lo correcto, creo que todo apunta a que fue un error histórico, pero del que hemos aprendido, y la preferencia por opciones de negociación ha venido consolidando sin que la gente sea necesariamente consciente de ello.

Ahora que Colombia se ha embarcado en el proyecto de una justicia transicional, hay que recordar que las justicias transicionales, más que un componente exclusivo de justicia, contiene una serie de mecanismos que los Estados buscan para superar un pasado plagado de violaciones masivas a derechos humanos. De eso se trata para nosotros. De poder pasar la página: el M-19 es cosa del pasado. Es importante conversar sobre su rol histórico, pero ya se disolvió; las personas que hacían parte del grupo se incorporaron a la vida en sociedad.

No son momentos para seguir discutiendo eventuales responsabilidades de hace 37 años de los que se alzaron en su momento en armas, porque ya esa página pasó, y para eso hicimos un proceso de paz. No quiere decir que nos olvidemos de lo que pasó, pero sí que nos demos la oportunidad de pasar esa nefasta página de nuestra historia.