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Hasta hace poco el estudio y la práctica de los derechos humanos estaba circunscrita a los Estados, las organizaciones internacionales y a las ONG. En los círculos empresariales y en las firmas de abogados poco se sabía de este tema y hasta se trataba con desdén. Sin embargo en los últimos años el campo legal sobre la relación entre las empresas y los derechos humanos ha tenido una evolución notable. Por un lado se ha presentado una rápida evolución de estándares internacionales y nacionales (tanto de "soft law" como de "hard law"), y por otro una creciente litigiosidad tanto en foros nacionales como internacionales. Estos dos fenómenos han llamado la atención de inversionistas internacionales y del sector privado en general, pues en algunos casos dichos litigios han impactado directamente la viabilidad y sostenibilidad de las inversiones.
¿Derechos humanos y empresa?
Lo anterior no es extraño para el contexto colombiano o latinoamericano. En los últimos años hemos visto cómo el mercado y sus participantes han comenzado a exigir estándares más altos de conducta por parte de marcas y empresas frente al tema de derechos humanos. Ante esta demanda las empresas han reaccionado con iniciativas de valor compartido o con estrategias de sostenibilidad de mayor alcance.
Si bien estas estrategias corporativas han ayudado a contrarrestar la creciente presión social sobre proyectos, marcas y empresas hoy en día son, a todas, luces insuficientes. Por ejemplo ante un juicio dichas estrategias de sostenibilidad no constituyen automáticamente una prueba válida para demostrar la debida diligencia en materia de derechos humanos. Existe una urgente necesidad del sector privado para entender -ya no solo desde un punto de vista corporativo sino también desde un punto de vista jurídico- los riesgos y oportunidades asociados al tema de derechos humanos.
Así las cosas, la debida diligencia en la gestión empresarial de los derechos humanos se comienza a configurar como una especie dentro del campo del derecho corporativo. Esta práctica del derecho debe acompañar a los abogados in-house de clientes nacionales y extranjeros a entender sus obligaciones y deberes en la materia, y debe también asesorar a los equipos de sostenibilidad para que dichas estrategias se desplieguen cumpliendo con los estándares (en constante evolución) para prever posibles escenarios de riesgo legal o litigio. Esta práctica legal, que por definición es interdisciplinaria porque integra análisis legal, cultural, social y económico, es entonces un instrumento para gestionar los riesgos de un proyecto desde su diseño, construcción y ejecución.
En Colombia, dicha necesidad se hace aún más tangible, muchas de las inversiones se realizan en territorios estratégicos donde confluyen etnias, ilegalidad, informalidad, pobreza y baja presencia estatal. Las protestas sociales de los últimos meses también han mostrado a las empresas la necesidad de entender mejor el contexto y de actuar de forma más proactiva. Para nadie es un secreto que muchos contextos de operación en Colombia son, en muchos casos, escenarios de conflicto y desconfianza. Dada esta realidad por supuesto que se requiere una decidida acción estatal y un entorno regulatorio predecible y confiable. Sin embargo, las empresas también pueden prepararse para estos retos, poniendo en el centro de su estrategia legal los temas de derechos humanos y su relación con la estrategia corporativa.
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