¿Se han convertido los venezolanos en chivos expiatorios?

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Las últimas protestas sociales en Colombia tienen un factor común: se ha reforzado un discurso en el que los migrantes parecen ser el nuevo enemigo público.

Conforme aumenta el descontento social en Colombia aparecen las protestas y con ellas la presunción del involucramiento de los venezolanos en los saqueos y disturbios que se han llegado a presentar.  

En noviembre de 2019 distintos grupos de oposición al Gobierno convocaron protestas que se convirtieron en el Paro Nacional del 21 de noviembre. Entre los motivos de la movilización estaban el asesinato a líderes sociales, corrupción por parte de agentes del Estado, inconformidad con respecto a las determinaciones del Gobierno hacia la implementación del Acuerdo de Paz, entre otras. La represión a las protestas en varias ciudades del país fue notoria. En Bogotá, por ejemplo, el asesinato a Dilan Cruz por parte del Esmad.

El entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, y la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez afirmaron que las protestas estaban financiadas por grupos armados. Incluso días antes de que iniciara el Paro, la vicepresidenta aseveró que había encapuchados venezolanos infiltrados en las manifestaciones.

El 22 de noviembre de 2019 se decretó el toque de queda en la capital y el pánico por lo que sucedió después quitó el foco a la movilización. En la noche se popularizó voz a voz y en redes sociales que el rompimiento del orden público en Bogotá era inminente porque había "vándalos" en varios barrios residenciales de Bogotá amenazando con entrar a las viviendas para saquearlas. Se rumoraba que eran venezolanos. Vecinos salieron en pijama armados con bates y palos esperando defenderse de grupos vandálicos que nunca llegaron para amedrentarlos.

Un año después, Diego Cancino, concejal de Bogotá, comprobaba con la Policía Metropolitana de Bogotá que los vándalos no existieron. No se reportó que ingresaran a ningún conjunto y no hubo una sola persona judicializada por vandalismo. Pero el daño ya estaba hecho; esto ocasionó que la xenofobia tomara forma. Según el periodista Santiago Torrado en el diario El País de España, la gente comenzó a hablar de movilizarse contra los migrantes y en algunos lugares de la ciudad se les atacó frontalmente con pintadas y destruyendo bicitaxis, oficio en el que se suelen emplear los migrantes.

En el Paro de noviembre de 2019 inició una tendencia: criminalizar la protesta social instrumentalizando a los venezolanos.

La reforma tributaria que pretende implementar el gobierno del presidente Duque fue el catalizador de un nuevo Paro Nacional que comenzó el pasado 28 de abril de 2021. Volvió a ocurrir lo mismo que hace dos años con relación a los migrantes. El orden público se perturbó, esta vez en Cali, y la gente los inculpa.

Asimismo, continúa el patrón por el que las autoridades atribuyen disturbios y saqueos a los migrantes. El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, declaró públicamente en varios escenarios que venezolanos fueron capturados en actos vandálicos generados en el marco de las manifestaciones. Según él, esos actos estaban siendo promovidos por estructuras criminales. Solicitó, además, que se deportara inmediatamente a los migrantes que estuviesen delinquiendo, pasando por alto que esto requiere de un debido proceso y que, de hecho, anteriormente ha habido acusaciones hacia Migración Colombia por incumplirlo al llevar a cabo las expulsiones.

Por otro lado, las declaraciones de nuestras autoridades deben ser responsables teniendo en cuenta que la xenofobia ya no proviene de sectores focalizados. Ahora es un fenómeno evocado en todo el país y, evidentemente, aún más en las grandes ciudades que han sido las mayores receptoras. Hay una discriminación soterrada que se cataliza con hechos puntuales: desde el conocimiento de delitos que han cometido ciudadanos venezolanos causantes de terror a los colombianos hasta la simple concesión de derechos básicos al grueso de la población migrante, como el anuncio del Estatuto Temporal de Protección.

Precisamente, ese es uno de los mayores retos: el Estatuto. Su materialización —que comienza el 5 de mayo— llega en un momento en que la comunidad receptora aún no se adapta a la migración. Y en el marco de la agitación que atravesamos como sociedad por diversas inconformidades —sumando las dificultades que supone la pandemia— la forma en que se comunican las implicaciones del Estatuto y la necesidad de integración son cruciales para no llegar al escenario de una confrontación social generalizada entre colombianos y venezolanos.

Cabe examinar si la enfatización en la nacionalidad de quienes cometen delitos por parte de los funcionarios públicos se convierte en una excusa para acaparar la atención pública y que hechos de inseguridad o la pérdida de control por parte del Estado queden en el último lugar de la discusión. De igual forma, analizar si con cada manifestación de opositores al Gobierno se refuerza el imaginario según el cual los migrantes son los culpables de la inseguridad pública y la inestabilidad política en Colombia.

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*Este es un espacio de opinión y debate. Los contenidos reflejan únicamente la opinión personal de sus autores y no compromete el de La Silla Vacía ni a sus patrocinadores.

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