6 preguntas que nos deja el paro armado del Clan del Golfo

6 preguntas que nos deja el paro armado del Clan del Golfo
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Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), organización que el Estado colombiano denomina “Clan del Golfo”, decretaron desde el jueves 5 hasta el martes 10 de mayo un paro armado en las regiones en las que actúan. Dos días antes de que se cumpliera el plazo, anunciaron en un nuevo comunicado que lo daban por terminado.

Las consecuencias del paro armado no están todavía sistematizadas, pero lo que sí sabemos es que hubo varios muertos, al menos 120 acciones bélicas, más de 80.000 personas sin acceso a gas y un número todavía desconocido de personas confinadas en sus hogares durante varios días.

Independientemente de los números, lo que quedó claro es que las AGC mostraron una inédita capacidad de coordinación logística y operativa y dejaron claro que, en el panorama de seguridad, no son un actor secundario, sino posiblemente la organización criminal con mayor capacidad táctica del país.

A pesar de que han pululado varios análisis que asocian el paro armado con diversos fenómenos (desde un asunto de narcotráfico hasta una orden de un sector político especifico de paralizar al país antes de elecciones), la realidad es que a estas alturas tenemos más preguntas que respuestas. No solo sobre el paro armado, sino sobre las mismas AGC, y cualquiera que afirme lo contrario posiblemente está pensando más con el deseo que con los datos disponibles.

Por eso es importante aclarar que en esta columna no vamos a llegar a conclusiones indiscutibles, sino que vamos a plantear algunas preguntas que, a la luz de la historia de las AGC, pueden darnos pistas sobre lo que sucedió durante estos días y sus efectos futuros.

1. ¿Esto es una toma paramilitar?

Nuestra posición inicial es que no. Un paro armado no es equivalente a una toma. Aunque los estudios sobre la toma de municipios como tácticas de guerra son escasos en Colombia, el Centro Nacional de Memoria Histórica (Cnmh) ha mencionado que, para los paramilitares, las tomas de un municipio buscaban causar daño a otro grupo armado y atacar a quienes ellos consideraban (erróneamente) guerrilleros infiltrados dentro de la población civil. Es decir: las tomas son formas de disputar, ganar y acumular territorios o neutralizar la influencia de un competidor armado en ciertas áreas geográficas.

Por el contrario, un paro armado, según el Centro de Pensamiento UNCaribe de la Universidad del Norte, consiste en el uso de la violencia o la amenaza real de su uso por parte de un grupo armado para obligar a los ciudadanos a detener las actividades sociales y económicas por un tiempo determinado en un territorio especifico.

En este caso, las AGC no estaban buscando afectar a un actor armado en particular ni ensanchar su presencia territorial. Por el contrario, las AGC decretaron el paro armado en territorios en los que ya ejercían algún tipo de control. La diferencia principal entre una toma y un paro armado es que, en las tomas, los actores armados buscan ganar presencia, mientras que en los paros armados los actores armados buscan reforzar un control que ya tienen.

Un paro armado solo es posible cuando un actor ilegal cuenta con los hombres, las armas y la capacidad de control suficiente para hacer cumplir sus órdenes. De lo contrario, el paro armado sería un fracaso, dado que la población local lo incumpliría y eso demostraría la debilidad de la organización. Por tanto, esta no es una toma, sino un reforzamiento de las gobernanzas armadas que las AGC ya han establecido en una buena parte del Caribe colombiano y el Urabá antioqueño y chocoano.

2. ¿Las AGC son paramilitares?

Ha sido muy común asociar los hechos de esta semana con el paramilitarismo de las AUC. A pesar de que las AGC son un grupo armado que nació con la desmovilización de esta organización ilegal, difícilmente podríamos afirmar que se trata de un grupo paramilitar.

Antes de decir cualquier otra cosa: que no sean paramilitares no implica que no puedan tener alianzas con el Estado o que su existencia no demande atención prioritaria por parte del Estado. Simplemente quiere decir que no podemos seguir leyendo las guerras en Colombia bajo un criterio dicotómico de guerrillas/paramilitares. Es posible que estemos ante otro tipo de actor armado que aún no hemos podido conceptualizar acertadamente (y aquí no solo entran las AGC, sino otros grupos, como el EPL y la constelación de disidencias de las Farc-EP, por solo mencionar algunos).

En primer lugar, es difícil encasillar a las AGC como paramilitares porque no son un grupo armado que haya demostrado una abierta vocación contrainsurgente y alianzas con sectores estatales en todo el territorio nacional. Todo lo contrario. En el Sur de Bolívar se han aliado con el ELN, y en el sur de Córdoba se aliaron con las antiguas Farc-EP, en teoría dos actores armados con ideas políticas de izquierda. Es decir: las AGC no tienen como propósito central combatir a las guerrillas, por lo que renunciaron a la vocación contrainsurgente de las AUC.

En segundo lugar, su propio discurso político (evidente en sus estatutos y sus diferentes apariciones públicas) está muy lejos de ser un discurso paramilitar. De hecho, las AGC dicen existir para defenderse de… ¡el Estado colombiano y no de grupos insurgentes! En las mismas palabras del estatuto de las AGC, este grupo se creó “como una manifestación de repudio ante el país político, siempre tan alejado del país nacional”. Además, cuestionan la “corrupción político administrativa de las élites que nos han gobernado” y se declaran en “oposición política y estratégica al Estado, supliendo para la sociedad sus vacíos e inconsistencias”.

Por supuesto, se podría decir que todas esas declaraciones no son más que palabrerías y que las AGC son solo un cartel sin intenciones políticas. Sin embargo, si esto es así, ¿por qué esta organización se molestó en establecer una casa de adoctrinamiento en los municipios de Repelón y Luruaco, al sur del departamento del Atlántico, en donde impartían clases con base en, justamente, este estatuto?

Además, no tiene mucho sentido asumir a las AGC como grupos paramilitares al tiempo que hacen emboscadas en Antioquia y el sur de Córdoba a miembros de las Fuerzas Militares, o ejecutan planes pistola contra la Policía de algunos departamentos (recientemente en los Montes de María). Hay que aceptar, aunque sea políticamente difícil, que estamos ante un fenómeno diferente al paramilitarismo.

Aquellos que afirman que las AGC son paramilitares omiten todos los detalles que rodean a esta organización. Y aquellos que afirman que las AGC son solo criminales omiten todas las lógicas políticas que hay detrás de la actuación de este grupo armado.

En realidad, es un grupo armado que transita constantemente entre lo político y lo criminal en formas que todavía nos falta por descubrir. Este artículo aborda más profundamente estas aristas políticas del crimen organizado.

3. ¿Las AGC son un cartel de narcotráfico?

También se las describe (principalmente desde el Gobierno, pero también por otros sectores) como un cartel de narcotráfico. Esta denominación, aunque útil para desdibujar políticamente a la organización, es notablemente errónea.

Por un lado, las AGC no controlan todo el proceso de producción, transporte y comercialización del narcotráfico colombiano. Aunque pueden controlarlo entre ciertas zonas, mucha de la droga que se comercializa en el exterior usualmente está a cargo de grupos armados mexicanos o brasileños. Por tanto, el Clan del Golfo, aunque muy poderoso en Colombia, es solo un nodo (reemplazable)  del narcotráfico en el exterior.

Por otro lado, las AGC no solo persiguen objetivos del narcotráfico en Colombia, sino que tienen varias rentas ilegales en su portafolio: minería ilegal, extorsión, tráfico de madera, tráfico y contrabando de migrantes, entre otras. Asimismo, sus objetivos trascienden lo estrictamente criminal: dan órdenes a poblaciones locales, controlan actividades sociales y definen qué es válido y qué no en un territorio. Es decir, reducir sus acciones al narcotráfico y a la búsqueda de rentas ilegales es desconocer varias aristas de esta organización armada.

Las AGC es muchas cosas. Quizá una de esas es ser un cartel, pero sin duda no es la única ni la que define a este grupo armado.

4. ¿El paro armado fue el resultado de la extradición de Otoniel?

Aunque eso fue lo que dijeron las AGC, dudamos mucho de que con esta acción las AGC buscaran detener la extradición de Otoniel.

Este no es el primer paro armado que hacen. En el 2017, como respuesta a la muerte de alias “Gavilán”, las AGC decretaron un paro armado que se materializó con un plan pistola en nueve departamentos de Colombia, en el que murieron 8 policías y fueron confinados varios municipios del país.

Un año antes, en el 2016, este mismo grupo armado había decretado un paro armado en el que al menos murieron 5 integrantes de la Fuerza Pública y varios civiles terminaron heridos y confinados. Otros grupos armados, como el ELN, también suelen decretar paros armados, algunas veces solo en algunos municipios. Durante la pandemia, por ejemplo, el ELN decretó un paro armado en el sur de Bolívar para evitar la propagación del covid.

Esto quiere decir que los paros armados no son ajenos a la historia reciente de la guerra en Colombia. Es una táctica comúnmente utilizada por los grupos armados para enviar un mensaje en tres direcciones: i) al Estado, porque obliga a reconocer su capacidad de fuerza e incluirlos en las discusiones sobre seguridad, ii) a sus competidores armados, porque les demuestra que son una organización lo suficientemente fuerte como para obligar a una población a detener sus actividades y iii) a la población civil, porque les demuestra que son capaces de hacer cumplir las órdenes que dan.

En ese sentido, las AGC no buscaban detener una extradición, sino demostrar su capacidad de fuerza.

Las AGC han venido expandiéndose por el Caribe durante los últimos años. En el Magdalena, se han extendido hacia el sur y el centro del departamento. En el Atlántico, han copado la zona costera y están presumiblemente utilizando a los municipios de la zona oriental en sus actividades ilegales. En Sucre y Bolívar, se han extendido por los Montes de María y la Mojana. Todo esto ha pasado durante cuatro años. Por tanto, el paro armado es el resultado natural de su expansión territorial. Buscan enviar un mensaje claro, y es que se han expandido con un éxito increíble. La extradición fue solo una coyuntura que les permitió demostrar que la captura de Otoniel no ha impedido el crecimiento sistemático del grupo armado. Con esto, las AGC desnudaron la debilidad de la estrategia de seguridad del actual Gobierno.

5. ¿El paro armado busca afectar las elecciones?

¡Por supuesto! Todas las acciones que tome una organización armada durante estos meses están buscando, de alguna forma, influenciar las elecciones. Lo complicado no es responder esta pregunta, sino responder cómo las quieren impactar. Y esto, honestamente, no lo sabemos.

Por un lado, parece claro que las AGC están mandando un mensaje sobre su importancia. Al tener una demostración de poder de la magnitud de este paro armado, las AGC se aseguran de que los candidatos a Presidencia hablen de ellos y cuenten cuáles son sus propuestas para combatirlos. Quizá más importante: se aseguran de que, por su capacidad de fuerza, una de las opciones sea una negociación con el Estado colombiano. Es decir: las AGC logran posicionarse como una organización político-militar y, por tanto, un grupo armado con el que eventualmente se podría negociar.

Por otro lado, y esto es más difícil de dilucidar, es posible que las AGC tengan también propósitos electorales. Hasta el momento, más allá de un audio que deja más preguntas que respuestas, no es posible afirmar tajantemente que las AGC están presionando a la población para que vote por algún candidato. Sin embargo, durante las elecciones a las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, la población local denunció presiones a favor de algunos candidatos, lo que implica que este grupo no es ajeno a la política electoral.

En cualquier caso, lo más riguroso que podemos decir con la información disponible es que no sabemos de qué forma las AGC están interesadas en afectar las elecciones presidenciales que se avecinan. Eso sí, es necesario estar muy atentos a lo que suceda durante los próximos días para entender estas dinámicas.

6. ¿Qué se viene ahora con las AGC?

El paro armado nos deja llenos de preguntas, pero al tiempo visibiliza un problema que ya llevaba bastante tiempo anidando. No es cierto que las AGC se hayan fortalecido repentinamente. Llevan años expandiéndose desde el Urabá, su retaguardia estratégica, hacia el norte del país en la región Caribe. Ignorar este problema durante todos estos años solo sirvió para que este grupo armado lograra establecer sistemas de gobernanzas criminales en diferentes municipios. Ojalá que el paro armado no sea solo otro momento de espectacularización de la guerra que resuena con fuerza en las ciudades, pero que no lleva a ningún cambio a nivel local.

Los lamentos que fueron constantes durante estos días en las redes sociales son importantes, pero insuficientes si solo se reducen a los momentos en los que la guerra estalla. Cuando la confrontación armada se visibiliza, seguramente es porque ha venido creciendo durante años bajo el silencio de varios sectores. Las AGC son una organización impredecible en muchos aspectos, pero lo que sí está claro es que no están dispuestos a relegarse en el escenario de las guerras en Colombia.

Es necesario que, a pesar de que en el Caribe las guerras no tienen las mismas consecuencias humanitarias que se observan en el Chocó, en el Cauca o en la frontera colombo-venezolana, sí se mantenga en la opinión pública vivo el hecho de que hay un grupo armado que logró paralizar a gran parte de la región solo con dar una orden.

Con especial cuidado deberían observarse los desarrollos de la guerra en la Sierra Nevada de Santa Marta, en donde las AGC están dispuestas a sacar a las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (Acsn) a sangre y fuego; en Sucre, en donde las AGC parecen estar a punto de enfrentarse con Los Caparros; y en el Atlántico, en donde se han expandido y pueden intentar desterrar a Los Costeños, sus anteriores socios y ahora directos competidores.

Asimismo, un asunto que vale la pena tener en el radar son las relaciones que parecen estarse construyendo entre las AGC y la Fuerza Pública en varios municipios. Es verdad que, como ya dijimos, las AGC han atacado a la Policía y las Fuerzas Militares en varias ocasiones. Sin embargo, al tiempo hay denuncias muy serias de alianzas entre estos dos actores en el sur de Bolívar y en el norte del Chocó, por ejemplo. Además, los vídeos de la Policía patrullando junto a hombres armados en San Jacinto son dicientes para empezar a cuestionar esa cercanía. Quizá sea cierto que las AGC siguen siendo un grupo contraestatal, pero eso no implica que en ciertas zonas no puedan tener alianzas locales que se deben desmantelar antes de que se extiendan.

Sobre este paro armado no podemos decir muchas cosas sin dudarlas, pero sí podemos hacer varias preguntas que el Estado debe responder, y cuyas respuestas tiene que exigir la sociedad civil. El paro armado ha sido útil para volver a hablar sobre las AGC y sus guerras en el Caribe a nivel nacional. Ojalá, de nuevo, no se quede todo en la espectacularización de estos días y nos lleve a tener conversaciones más elaboradas y mejor fundadas sobre las guerras que hay hoy en Colombia.

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*Este es un espacio de opinión y debate. Los contenidos reflejan únicamente la opinión personal de sus autores y no compromete el de La Silla Vacía ni a sus patrocinadores.

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