73 oscurantistas a favor de la censura

73 oscurantistas a favor de la censura
20211116-emmanuel-vargas.png

En la noche del 6 de diciembre de 2021, 73 representantes a la Cámara nos arrebataron nuestra libertad de expresión. Se aprobó un artículo que busca castigar la injuria y calumnia contra funcionarios públicos, lo que en última instancia hace más riesgoso informar acerca de ellos.

Quizá por ironía o por designio poético del fin de una democracia y del respeto por los derechos de la ciudadanía, lo hicieron a pocos días del aniversario 73 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

En un prolongado debate que no debió existir siquiera, Inti Asprilla les decía a sus colegas que, con su insistencia en aprobar este esperpento, podían estar devolviendo sus diplomas de abogados -quienes los tuvieran-. Se puede agregar a las palabras de este congresista que, ya entrados en gastos, ya que renunciaron a los valores de la democracia, podrían fácilmente ordenar cerrar todas las facultades de derecho de este país o, al menos, decretar que se dejen de dictar las clases de derecho internacional o constitucional.

En una pasada columna (en la que pueden encontrar una explicación detallada del texto del artículo) dije que se podía hacer un tratado de todos los estándares internacionales que se violan con esta norma, pues el sentido común apuntaba a que esto solo sería una anécdota. Claro está, no contaba con lo escaso que es ese sentido y mucho más entre las paredes de nuestro querido Capitolio.

Quizá sea bueno hablar de algunos de los contenidos de ese tratado antes de que el efecto dominó lleve a nuevas leyes de censura que nos prohíban hablar siquiera de nuestros derechos. Pido disculpas por lo técnico pero quizá es mejor dejar constancia de lo que se está echando al traste.

La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un documento del año 2000 que ha sido citado muchas veces por nuestra Corte Constitucional, dice que "[l]as leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como 'leyes de desacato' atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información" y que "en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público", la reputación solo podrá protegerse con leyes civiles. En esta misma línea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que el derecho penal nunca, nunca, pero nunca, será procedente para proteger la honra de un funcionario.

La Observación General 34 del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, aquel documento que establece cómo se interpreta la libertad de expresión bajo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (del que forma parte Colombia), dice que los Estados "deberían considerar la posibilidad de despenalizar la difamación y, en todo caso, la normativa penal solo debería aplicarse en los casos más graves, y la pena de prisión no es nunca adecuada".

Los relatores especiales sobre libertad de expresión de la Cidh, de las Naciones Unidas y de sus pares en Europa y África han dicho que las leyes de censura basadas en "conceptos imprecisos y ambiguos, incluidos 'noticias falsas' ('fake news') o 'información no objetiva'" son contrarias al derecho internacional de derechos humanos.

La Cidh ha explicado que el uso de conceptos como "información falsa" es problemático porque sería un retroceso hacia épocas en las que simplemente se criminalizaba cualquier expresión sobre los funcionarios públicos y sería también una herramienta para intimidar a las personas para que no critiquen o denuncien.

César Augusto Lorduy decía de forma cínica o ingenua que este orangután busca promover que exista más información verdadera. Todo lo contrario. Entre los distintos pronunciamientos que ha habido sobre esto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho que el uso de penas de prisión para castigar expresiones de interés público tiene, por su propia naturaleza, la capacidad de causar un efecto intimidatorio, incluso si las sanciones no se materializan. La Corte Interamericana de Derechos Humanos piensa igual porque ese tipo de penas "puede llevar a la autocensura tanto a quien le es impuesta la sanción como a otros miembros de la sociedad".

Es decir, cuando existen leyes tan severas y desproporcionadas, lo que sucede es que la gente se siente asustada para hablar. No tendremos información falsa o verdadera, solo silencio y, quién lo diría, corrupción. 

Según la Corte Interamericana, los medios de comunicación y otro tipo de personas jurídicas son vehículos para ejercer derechos. Así, una sanción tan draconiana, como la que permite este artículo de cancelar la personería jurídica de las "organizaciones comunitarias" de las que sea trabajador o representante la persona que cometa este nuevo delito, es una violación a la libertad de expresión de cada uno de los demás trabajadores, accionistas o dueños de la entidad que termine cerrada por efectos de esta norma.

Esta norma es una clara manifestación del aumento del acoso judicial contra la prensa y la defensa de los derechos humanos. El olvido del valor democrático de la libertad de expresión es una tendencia global y el uso abusivo del sistema judicial para silenciar a la crítica es una constante en varias partes del mundo.

Es por esto que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dijo recientemente que tenía preocupación "ante el uso indebido de leyes excesivamente amplias o vagas para reprimir la expresión legítima, entre ellas las leyes sobre la difamación y el libelo, las leyes sobre la información engañosa y la desinformación (...) y ante el recurso estratégico a la justicia, por parte de entidades comerciales y personas físicas, contra la participación pública, a fin de presionar a los periodistas e impedirles que hagan reportajes críticos y/o de investigación".

Contrario a este tipo de normas, los relatores de libertad de expresión han dicho que los Estados deben crear leyes que permitan la terminación anticipada de procesos judiciales que estén encaminados a silenciar el debate público. Esto es lo que contiene la ley que promovemos desde El Veinte y que está pendiente de segundo debate en el Senado. En un contexto democrático y no oscurantista, estaríamos viendo la votación favorable de este proyecto de ley en lugar de hablar de este episodio tan vergonzoso.

Pero todo esto vale poco o nada en un Estado autoritario y oscurantista como el que nos impusieron estos 73 padres de la patria.

Temas destacados

Este espacio es posible gracias a

Red de Ciencia e Innovación

*Este es un espacio de opinión y debate. Los contenidos reflejan únicamente la opinión personal de sus autores y no compromete el de La Silla Vacía ni a sus patrocinadores.

Compartir
0
Preloader
  • Amigo
  • Lector
  • Usuario

Cargando...

Preloader
  • Los periodistas están prendiendo sus computadores
  • Micrófonos encendidos
  • Estamos cargando últimas noticias