9 retos de política pública para proteger nuestros ecosistemas

9 retos de política pública para proteger nuestros ecosistemas
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La deforestación no para de afectar la Amazonía y otros ecosistemas estratégicos. ¿Qué cambios institucionales normativos son posibles para contribuir a romper este ritmo?

Dentro de los elementos que aúpan la deforestación se cuentan desde políticas estatales contradictorias y condiciones sociales de abandono, hasta la incursión de actores criminales organizados que bien cometen delitos ambientales directamente o contribuyen a establecer paraísos de ilegalidad que les permiten a otros desarrollar actividades ilegales por las cuales recaudan rentas por sus servicios de “facilitación y protección”.

La región amazónica es un buen ejemplo de cómo dinámicas criminales se entrecruzan en la pérdida o degradación de ese ecosistema. Hablamos de operaciones pequeñas, medianas y grandes de invasión de extensas zonas protegidas, asesinato de defensores ambientales, establecimiento de enclaves de minería ilegal, corredores de tráfico de especies, maderas, etc., en las que según algunos reportes participan particulares, empresarios, políticos, etc.

Esto alerta sobre la complejidad de la dinámica ilegal y el volumen financiero que representa. Desafortunadamente las acciones de protección deberán combinar políticas sociales con estrategias de aplicación de la ley con un nuevo enfoque.

Estos son los principales esfuerzos o recomendaciones en materia de justicia y seguridad:

Incorporar un enfoque de derechos en la estrategia de seguridad y justicia ambiental

Esto es integrar en la estrategia de justicia y seguridad elementos como: a) esquemas de protección individual (según cifras de Indepaz, a septiembre del 2021 se contaban 611 personas defensoras del medio ambiente asesinadas en Colombia) ; b) planes de protección colectiva de las comunidades que habitan y defienden áreas de especial interés ambiental; c) mecanismos de solución de conflictos medio ambientales y d) cuidado de los esquemas de protección y monitoreo de bosques inspirados y desarrollados por comunidades. Una estrategia de seguridad sin la articulación de estos elementos se desarrolla de espaldas a procesos comunitarios y su potencial de fracaso, e incluso de daño, es muy alto.

Concentrarse en actividades investigativas

Experiencias internacionales identifican en las actividades de investigación y enjuiciamiento mayores efectos en la disminución de delitos ambientales, como la deforestación, que aquellas estrategias que priorizan operaciones de captura en flagrancia, las cuales se desarrollan a un costo económico, social y reputacional muy alto. El delito ambiental puede disminuirse en el mediano plazo por los éxitos en materia de prevención, investigación y sanción que disuadan a estos actores de no cometer estos actos antes que ocurran.

Acción sustancial contra la corrupción

La comisión de delitos ambientales solo es posible bajo la amenaza y penetración de intereses delincuenciales en las instituciones nacionales, regionales y locales encargadas de su control. En otras palabras, no importa cuántos recursos y políticas se promulguen si no se construye un plan para blindar a las instituciones y servidores públicos encargadas de hacer cumplir la ley ya sea en materia administrativa o penal.

Si bien toda la cadena del crimen es lesiva para el medio ambiente, desde el punto de vista criminal, el umbral crítico para el éxito de sus actividades se ubica en el momento en que se paraliza la acción institucional. Esta cooptación es el resultado de una acción sistemática y deliberada que demanda del lado de la legalidad acciones planeadas de control.

Entender mejor la dinámica de violencia, crimen y deforestación y actuar en consecuencia a un escenario que involucra actores legales e ilegales

Leer la pérdida y/o degradación de ecosistemas estratégicos sólo desde la óptica del crimen organizado es tan parcializado como pretender que el crimen no tiene nada que ver con los delitos ambientales.

Cualquiera que sea el plan para detener y/o mitigar su ocurrencia debe calcular los efectos que estas acciones tienen sobre particulares que también participan en actividades ilícitas, pero no pertenecen al crimen organizado y sobre aquellos particulares que no participan en actividades ilícitas, pero se mueven en los mismos territorios. La distinción se construye de la mano con los actores sociales y económicos para evitar el surgimiento de controles que por su inflexibilidad produzca el efecto contrario en el que actuar y desarrollarse legalmente tenga tanto costo que se generen mecanismos obviamente ilegales de evasión.

Recuperar baldíos ilícitamente apropiados en áreas de protección

Si en el caso de la deforestación, al menos en el Amazonas, comienza en la quema de la cobertura vegetal y termina en la apropiación fraudulenta de áreas protegidas en manos de particulares y criminales, una estrategia de recuperación de estos terrenos enviará un mensaje contundente en uno de sus eslabones más rentables por lo que recuperar estos baldíos puede presentar efectos sustanciales en la protección de ecosistemas estratégicos.

Potenciar la aproximación ambiental en las estrategias de aplicación de la ley

Las tareas de protección ambiental implican una lectura distinta a las de otros crímenes. Por ejemplo, la identificación de qué es lo que se protege, empleando un ejemplo breve, contesta preguntas como: ¿qué se protege? ¿El páramo, el manglar, etc.? ¿Quiénes lo habitan? ¿Cuántos ecosistemas y corredores biológicos existen en el área de responsabilidad? ¿Cuántos están amenazados y quiénes los amenazan (criminales, particulares)? ¿Qué mecanismos de control son menos lesivos? ¿Es el uso de la fuerza es la estrategia principal? ¿Qué significa el éxito y qué indicadores lo pueden medir? Entre otras preguntas.

Los objetivos de seguridad y justicia, aunque implementados por los agentes de cumplimiento de la ley, requieren incorporar con mayor intensidad enfoques sociales, con esta aproximación se diseñan las actividades y se rinde cuentas al público, este proceso involucra una burocracia civil y uniformada sensible a lo social y con un fuerte contexto ambiental.

Ampliar el espacio político de la estrategia de protección ambiental

Se deben facilitar prácticas de articulación con otras políticas de impacto en la protección del medioambiente, como el catastro multipropósito y aquellas del marco de implementación de los Acuerdos de Paz, como los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet) y otras que se consideren relevantes. Si bien puede no haber coincidencia geográfica, de actividades o de tiempos absoluta en todas, al menos que no haya contradicciones o acción con daño en la implementación de ninguna.

Discutir el costo

Hasta el momento las estrategias de aplicación de la ley, especialmente las de Fuerza Pública y Fiscalía, han sido desarrolladas con los recursos asignados a otras políticas, entre ellas las del narcotráfico. Estas esporádicamente se dirigen a objetivos ambientales. No obstante, los objetivos de protección consignados en los diferentes Conpes e incluso en la reciente Ley 2111 de 2021 son, por ponerlo de alguna manera, aspiracionales, y las instituciones se debaten entre la obligación de llevar a cabo acciones de protección ambiental sin recursos nuevos o encajar los asuntos ambientales en las actividades corrientes, en detrimento, por su puesto, de la calidad de su actividad en materia ambiental.

Ojalá fuese distinto, pero el éxito de las actividades de protección ambiental de los agentes de cumplimiento de la ley pasa bien por la reconfiguración del presupuesto (sacar de un lado y reasignarlo en otro) o por la asignación de recursos frescos. Incluso si son pocos los recursos es necesario conversar sobre los costos de cara al Presupuesto General de la Nación.

En este punto es útil aclarar que los recursos de la cooperación internacional ayudan a catalizar ciertos esfuerzos en asuntos de aplicación de la ley, adicionales a los que estos mismos actores realizan en áreas como conservación o catastro multipropósito. Sin embargo, su aporte es complementario, sin mencionar que no es sostenible que la aplicación de la ley dependa de de recursos internacionales.

Pensar regionalmente

Delitos como el acaparamiento de tierras, la invasión de áreas de protección con ganado que traspasa fronteras, minerales explotados a costa de enormes daños ambientales, tráfico de maderas, etc., no tienen posibilidad de ser perseguidos sin la colaboración entre los países de la región. Existen algunos mecanismos regionales que es necesario potenciar o crear según sea el caso, para cerrar la enorme brecha que, especialmente en áreas de frontera, propician dinámicas lesivas para el medioambiente.

Cualquiera que sea la fórmula elegida y a pesar de las diferencias de los marcos legales, el espacio para crecer es amplio: los mismos mecanismos binacionales pueden ser el comienzo de un camino de protección conjunta tanto de ecosistemas como el Amazonas como los océanos que compartimos. Las fronteras cada vez catalizan con mayor fuerza dinámicas ilegales; esta realidad geográfica requiere de una acción política regional con urgencia

El nuevo gobierno plantea una oportunidad para repensar el rol del sector justicia y seguridad en materia de protección ambiental. Aunque existen avances legales e institucionales en lo transitado, sobre otros aspectos se requiere reenfocar, o incluso acelerar y elevar, la ambición para preservar el patrimonio natural los principales ecosistemas en Colombia.

Alex Castro es consultor y se dedica a asesorar programas de cooperación internacional en Colombia y la Región Amazónica en temas de cumplimiento de la ley y Medio Ambiente. 

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