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Entre los diferentes impactos generados por el Acuerdo de Paz firmado entre el Estado colombiano y las Farc-EP, puede destacarse el giro en los temas de la agenda pública del país. El Acuerdo especialmente afectó el tema recurrente de preocupación para los colombianos: la guerra. O dicho de manera más amplia, la seguridad dejó de ser el problema de problemas a resolver por el Gobierno de turno.
En las elecciones presidenciales del 2018 ya era notorio que las propuestas de los candidatos requerían asumir otra serie de aspectos problemáticos del país diferentes al recurrente asunto de la guerra y las violencias. Para ese momento, la implementación del Acuerdo, más que el desarrollo de la guerra, se tornó en objeto de debate entre candidatos presidenciales y las fuerzas políticas del país.
Durante los cuatro años de mandato del presidente Duque la grieta abierta por el Acuerdo en la agenda pública se profundizó. En efecto, aunque el país todavía padece la acción de grupos armados, no solamente ganó importancia entre los colombianos la suerte del Acuerdo, sino también la situación económica de las personas (particularmente los índices de hambre y desempleo) y la corrupción.
El giro en la agenda pública estuvo reflejado en las propuestas de los tres principales candidatos con más opción para ganar la Presidencia 2022-2026. Petro, Hernández y Gutiérrez, con matices, plantearon su interés en implementar el Acuerdo, posición que evitó reeditar escenarios políticos como el de las elecciones de 2014, el plebiscito de 2016 y ciertos pasajes de las presidenciales de 2018.
Descentrar la agenda pública del asunto de la guerra y la seguridad condujo a ampliar el espectro de asuntos de interés para los colombianos y también llevó a considerar la posibilidad de elegir a nuevos actores políticos como dirigentes del Gobierno. Sin la presencia armada de las Farc en el escenario político, el estigma sobre sectores políticos alternativos perdió fuerza. Es decir, la reincorporación de los exguerrilleros contribuyó para que quedara sin sustento el manido argumento de “aliados o simpatizantes de la guerrilla” aplicado a quienes tomaban distancia de la política de guerra o contradijeran al Gobierno guerrerista.
El cambio de escenario político lo terminó de consolidar las prácticas de “todas las formas de lucha” utilizadas por los opositores a una salida negociada de la guerra. Todas aquellas acciones mezquinas y ruines usadas por quienes no estaban interesados en el Acuerdo, que llevaron a la pérdida del plebiscito (“votar verraco”) y posteriormente a la presidencia de Duque, consolidaron el desprestigio de actores políticos otrora respetados y acatados, como los representados por el expresidente Uribe.
Desgaste del poder que condujo, entre otras cosas, a que el partido de Gobierno tuviera brevemente candidato presidencial (Óscar Iván Zuluaga), el cual renunció a su aspiración una vez las consultas mostraron como uno de los opcionados a Federico Gutiérrez. Desgaste que terminó por consolidarse con el desprestigio de la era Duque, Gobierno que superó en impopularidad al de Andrés Pastrana. Desprestigio que ha hecho que incluso miembros del mismo partido de Duque lo culpen de ser el sepulturero del llamado uribismo.
Con el posicionamiento del Acuerdo de Paz y el desgaste del poder de los sectores opositores a él, fue germinando la opción de una fuerza política distinta a las tradicionales del mapa político colombiano en las últimas décadas. De allí que para la segunda vuelta presidencial no apareciera el candidato representante del continuismo y emergieran dos candidaturas cobijadas por el signo del cambio.
De estas, la opción representada por el Pacto Histórico recogió directamente las banderas de la implementación integral del Acuerdo de Paz y también el malestar contra el uribismo. Sin reducir la propuesta de gobierno del Pacto a estos dos asuntos, es claro que son dos factores centrales que han permitido a este sector político consolidarse como una fuerza política en el país.
Por ello, con el nuevo ejecutivo se esperaría que el plan de gobierno desarrolle a profundidad la promesa de campaña de hacer una implementación integral del Acuerdo de Paz. Asimismo, está la expectativa del cumplimiento de la promesa de una paz total o completa, o sea, la negociación con la guerrilla del ELN, las disidencias y un proceso de sometimiento a la justicia de las organizaciones criminales.
Los resultados que pueda lograr el nuevo Gobierno en este campo de acción comprometen la consolidación de una paz integral, estable y duradera. E igualmente, los resultados posibles en este campo como en el conjunto de la acción del nuevo Gobierno comprometen las posibilidades de sostenimiento del Pacto Histórico como fuerza partidista con la capacidad de crear y consolidar el tan pretendido cambio en Colombia. Como lo sabe el nuevo presidente, en cuatro años no podrá hacerse todo lo prometido, pero sin realizaciones será difícil mantenerse en el poder para continuar con el cambio.
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