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Grupos Armados Organizados han reforzado en las áreas bajo su control el aislamiento obligatorio promovido por el gobierno nacional en el marco de la crisis generada por el Covid-19.
La semana pasada las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en Tarazá (Bajo Cauca) y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN) en la zona rural de Santa Marta (partes bajas y medias de la Sierra Nevada) coincidieron en decretar la completa restricción de la movilidad en los territorios antes señalados. En la práctica, estos Grupos Armados Organizados han reforzado en las áreas bajo su control el aislamiento obligatorio promovido por el gobierno nacional en el marco de la crisis generada por el covid-19.
Esta situación evidencia dos cosas: la primera es que dependiendo del poder acumulado en el territorio sólo le disputan al Estado o lo suplantan en la prestación de tres de sus funciones duras: seguridad, administración de justicia y recaudo de tributos y la segunda, es que en las funciones blandas que son la educación y la salud no intervienen directamente.1
En el caso puntual del covid-19, los Grupos Armados Organizados, saben que no pueden ir contra las medidas oficiales porque no cuentan con los recursos médicos para atender eventuales brotes que se presenten en sus territorios, sino que además, un brote significaría atención mediática y presencia institucional a la que no podrían oponerse por los altos costos sociales y de seguridad que esto les produciría, de ahí su afán, en algunas subregiones, por hacer cumplir el confinamiento decretado por el gobierno nacional a pesar del costo económico que les representa la aplicación de dicha medida.
El mayor control de las comunidades que habitan los territorios en los que hacen presencia se ha traducido en más presión sobre el cumplimiento de los ordenes sociales impuestos por medio de la fuerza lo que ha producido una violencia selectiva que evidencia un patrón de victimización que se concentra en miembros de Juntas de Acción Comunal, reclamantes de tierras, y campesinos firmantes de acuerdos de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos.
En cierta forma, el cese al fuego unilateral decretado por el ELN puede inscribirse en esta lógica ya que al detener sus acciones ofensivas posibilita la movilidad de personal y material médico, fundamental para la prevención y tratamiento de posibles infectados.
En este contexto, la sociedad civil y las comunidades podrian impulsar activamente la suscripción de Pactos Humanitarios locales o subregionales que permitan el establecimiento de corredores humanitarios, salvaguardar al personal médico (para que no se repitan ataques contra la misión médica como el ocurrido en Tumaco), respeto a la vida de los Defensores de Derechos Humanos y garantizar la movilidad de poblaciones vulnerables en el marco de la pandemia, todo esto con veeduría de la Iglesia Católica, la ONU o el Comité Internacional de la Cruz Roja.
1 López, Claudia (2016) ¡Adiós a las FARC¡ ¿Y ahora que? Bogotá: DEBATE.
