Aprendizajes de los noventa para el posacuerdo con las Farc-EP y la Paz Total

Aprendizajes de los noventa para el posacuerdo con las Farc-EP y la Paz Total
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En este texto argumentamos que la Constitución de 1991 puede entenderse como un pacto de paz, en cuanto coincidió con el acuerdo de paz logrado con el M-19 e incentivó la desmovilización de otras tres organizaciones insurgentes.

Este pacto de paz estaba fundado en la idea de que la apertura del sistema político permitiría la inclusión de voces tradicionalmente excluidas y, por ende, desincentivaría la permanencia en armas de los grupos insurgentes. Aunque esa promesa fue parcialmente cumplida (dado que la AD M-19 fue la segunda fuerza política en la Asamblea Nacional Constituyente, y el EPL, el Maql y PRT tuvieron representación en la misma), la imposibilidad de atraer a las Farc-EP y el ELN a la negociación implicó que el cierre de un ciclo de violencia guerrillera fuera continuado por un proceso de fortalecimiento político-militar de estas organizaciones. Fortalecimiento que, si bien se había iniciado antes de la Constituyente, se vio fortalecido por algunas disposiciones contenidas en esta (especialmente por la descentralización administrativa).

Además de esto, el pacto de paz que tuvo lugar entre 1990 y 1991 dirigió el grueso de sus esfuerzos a la violencia insurgente y aunque logró el sometimiento a la justicia de tres grupos de autodefensa, los que continuaron o se rearmaron posteriormente, a mediados de los noventa escalaron la violencia a niveles antes desconocidos. Estos grupos, en algún punto incentivados por procesos de privatización de la violencia que el Estado colombiano inició, terminaron convirtiéndose en grandes saboteadores armados de los acuerdos institucionales alcanzados en la Constitución.

Por un lado, porque su confrontación con los grupos insurgentes remanentes aumentó considerablemente. Por otro lado, porque también participaron del proceso de cooptación institucional derivado de los beneficios de la descentralización, lo que contribuyó a la expansión territorial de la violencia.

Este contexto puede compararse con el Acuerdo de Paz firmado con las Farc-EP en el 2016. Por un lado, este también funcionó como una suerte de mito fundacional, que permitía pensar en transformaciones institucionales de largo plazo que mejorarían la democracia y abrirían paso a un “país en paz” (reforma rural integral, estatuto de oposición, transformación del enfoque de lucha al narcotráfico). Por otro lado, la desmovilización de las Farc-EP también ha estado precedida por un aumento en algunos indicadores de violencia —masacres, asesinato de líderes sociales, entre otros—.

En lugar de pensar que esta nueva manifestación de la violencia se debe exclusivamente a fallas del actual acuerdo y su implementación (que, por supuesto, son parte del problema), argumentamos que en Colombia estos ciclos de violencia han sido reiterativos al menos desde la consolidación del Frente Nacional. Los múltiples pactos de paz que se han hecho con el objetivo de acabar la violencia han sido seguidos por estallidos violentos de mayor envergadura, dado que estos suelen excluir a actores centrales para la desactivación de la violencia.

En primer lugar, el cierre/inicio de estos ciclos y contraciclos coincide con la exclusión de algunos actores sociales/armados que posteriormente participarían en el escalamiento de la violencia. En el caso de la Constitución de 1991, el Gobierno colombiano fue incapaz de atraer a la negociación a las Farc-EP y al ELN (en parte porque estaban en pleno momento de expansión de capacidades militares), y fueron justo estos actores los que luego coparon espacios dejados por las guerrillas desmovilizados y extendieron su actuación a otros municipios del país.

En segundo lugar, cada pacto de paz ha coincidido con el fortalecimiento previo de actores armados de distinta naturaleza que se excluyeron del mismo y que, posteriormente, terminan siendo saboteadores de lo conseguido. La Constitución de 1991 coincidió con el fortalecimiento durante la década anterior de los grupos de autodefensas regionales. Al no ser tenidos en cuenta en este pacto, su consolidación posterior (además reforzada con el narcotráfico) terminó por escalar la confrontación y sabotear algunos de los logros obtenidos.

En el caso del Acuerdo con las Farc-EP, se trató de un acuerdo con un grupo armado que no incluyó ni al otro actor insurgente remanente (ELN), ni a los demás grupos del crimen organizado que permanecían activos (Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Los Rastrojos, entre otros). Estos grupos ya venían fortaleciéndose antes del Acuerdo de Paz y lo que hoy se observa es una continuidad de un ciclo de violencia que inició desde antes, pero que se ignoró durante las negociaciones. Son justamente estos actores los que han escalado la confrontación a nivel territorial, aunque sin las pretensiones nacionales que se observaron durante la década de los noventa.

En consideración a todo lo anterior, hay dos reflexiones que vale la pena hacer de cara a futuros pactos de paz.

En primer lugar, como Gutiérrez-Sanín y Sánchez-Gómez (2006) lo dejan ver, al analizar el conflicto armado colombiano es necesario evitar las simplificaciones dicotómicas. Es decir, partir de la falsa premisa de que el conflicto solo puede tener dos estados contrapuestos (criminal/político; democracia/violencia; desorden/derecho). Asimismo, los análisis sobre los pactos de paz no deberían partir de la consideración de éxito/fracaso. Para el pacto constituyente hubo asuntos críticos por abordar (como la forma en que la descentralización fue instrumentalizada por actores armados) y asuntos por celebrar (como la inclusión de algunos actores armados en discusiones electorales y la desactivación eficaz de una parte de la insurgencia armada, como menciona Aguilera).

Del mismo modo, para el pacto con las Farc-EP habrá que abordar las frustraciones (incremento de la violencia contra defensores de derechos humanos, disidencias, rearmados, masacres, fracaso de algunas reformas), pero también los éxitos (desactivación del conflicto con las Farc-EP, desminado humanitario, participación política de excombatientes).

Una lectura que proponemos para el análisis de la coyuntura actual es de carácter territorial. Posiblemente asumir que el Acuerdo funcionó igual a lo largo y ancho del territorio colombiano es también perder los matices de la presencia territorial de las Farc-EP y los actores armados/sociales que permanecieron después de su desmovilización. Por tanto, es necesario tratar de entender esos patrones de carácter nacional a la luz de las condiciones de cada subregión y de las necesidades propias de estos territorios. Hoy se observa una fragmentación del conflicto armado que difícilmente permite un análisis transversal al país sin caer en generalizaciones no siempre rigurosas. Así como se ha dicho históricamente que Colombia es un país de regiones, podríamos empezar a asumir que el posconflicto se comporta diferenciadamente en cada una de esas regiones.

La segunda reflexión que cabe hacer proviene de retomar a la Comisión de estudios sobre la violencia de 1987. En aquel momento, estos autores propusieron que en Colombia coexistían paralelamente múltiples violencias. Una de esas era la violencia política, pero muchas otras no necesariamente seguían esta lógica. Hoy en Colombia, esta reflexión es bastante pertinente. Permanece la violencia política (contra líderes sociales, contra población civil en zonas de conflicto, entre otras manifestaciones), pero también hay violencia derivada del crimen organizado, violencia asociada con el narcotráfico y violencia asociada con tierras, por solo mencionar algunas. Hace falta pensar que los pactos de paz deberían intentar abordar esas múltiples violencias y no solo desactivar una parte de ellas para que sea posible evitar saboteadores armados. Es posible que esa desactivación de las múltiples violencias solo pueda tener lugar a nivel subregional y, por eso, no basta con incluir al actor armado, sino que en esas discusiones deberían estar las élites regionales y la sociedad civil, que también tienen intereses y que han participado activamente en la confrontación armada, ya sea como víctimas o como instigadores directos o indirectos.

Ningún pacto de paz sin ellos tiene posibilidades reales de apagar las múltiples violencias que siguen activas.

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