Así ven los expertos la propuesta de seguridad de la Coalición de la Esperanza

Así ven los expertos la propuesta de seguridad de la Coalición de la Esperanza

La Coalición de la Esperanza, un grupo de precandidatos que aspiran a ser la opción de centro para las presidenciales, publicó su propuesta inicial en materia de seguridad. El grupo está compuesto por Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán, Jorge Enrique Robledo y Juan Fernando Cristo.

El documento estuvo abierto a comentarios de la ciudadanía hasta el pasado lunes.

Expertos de la Red de la Paz de La Silla Llena leyeron la propuesta y explicaron en qué acierta, en qué se equivoca y qué dejó por fuera en este primer documento.

Tiene vacíos en reincidencia, vigilancia, investigación y política de drogas

Michael Weintraub, director del área de Seguridad y Violencia, Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed)

Algunas de las propuestas en seguridad que publicó la Coalición de la Esperanza atacan problemas fundamentales que hoy en día impiden la disuasión del crimen y la incapacitación de los criminales.

Por ejemplo, se destaca la necesidad de fortalecer la investigación criminal, construir nuevos mecanismos para el control disciplinario dentro de la Policía e implementar pilares del Acuerdo de Paz que no se han implementado.

Pero el documento deja por fuera algunos aspectos centrales.

No hay una propuesta clara sobre cómo parar la reincidencia criminal, aunque ya conocemos soluciones concretas y probadas.

Por ejemplo, la provisión de asistencia financiera de emergencia a pospenados para pagar el arriendo o los recibos de servicios públicos ha mostrado éxito en reducir tasas de reincidencia. Los programas de terapia cognitivo-conductual (“cognitive behavioral therapy”, o CBT) para pospenados logran que las personas no respondan de forma “automática” y muchas veces violenta a situaciones que son percibidas como amenazadoras. Las bases de datos ADN –que se alimentan de muestras tomadas en centros de reclusión– ayudan a incapacitar a aquellas personas que reinciden (al capturarlas rápidamente) y disuaden a los criminales “de carrera” de cometer un nuevo delito (al aumentar la probabilidad de ser capturados).

Tampoco se especifica cómo se va a mejorar en la investigación criminal, aunque se menciona en el documento que se va a coordinar mejor el trabajo de la Fiscalía y la Policía. Pero, en el fondo, lo que se necesita son más fiscales y más personas capacitadas en las ciencias forenses para incrementar las tasas de esclarecimiento (particularmente del homicidio).

La propuesta deja de lado cómo se debe transformar la vigilancia, la actividad central de la Policía. Necesitamos volver a priorizar la vigilancia y ajustar el modelo por cuadrantes para que sea más flexible según las necesidades territoriales. Además, tenemos que quitarle a la Policía funciones que podrían prestar otros, como la de seguridad privada durante los partidos de fútbol o conciertos. Si logramos quitar estas funciones “superfluas” tendremos más policías disponibles para patrullar, lo que evitaría tener que acudir a la Policía Militar para suplir esta falencia.

Tampoco hay una política de drogas completa y coherente con la política de seguridad ciudadana. En la propuesta se lee que se abordará desde la salud pública y protegiendo el medioambiente, pero no se profundiza en cómo se logrará. Aparentemente coinciden con lo que hemos dicho desde el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed) frente a que no se debería reanudar la fumigación aérea porque no resuelve el problema del narcotráfico, no es costo-efectiva y, precisamente, trae riesgos para la salud y el medioambiente.

También hay que regular el uso adulto y recreativo del cannabis, dado que su mercado ilegal genera costos sociales y ambientales, y desvía la atención de la Policía Nacional de problemas más importantes, algo que no se ve desarrollado en la propuesta.

Adicionalmente, son necesarias estrategias específicas para reducir la violencia relacionada con el microtráfico, como el sicariato y otros comportamientos delictivos. Y, finalmente, el enfoque para abordar el consumo problemático de sustancias psicoactivas debe ser el de salud pública, como sugieren en esta propuesta, pero no ahondan en los mecanismos para hacerlo. En mi opinión, el énfasis debe estar en programas ambulatorios con base en la reducción de daños.

Acierta en adoptar un enfoque regional, pero es insuficiente

Reynell Badillo, Investigador del Centro de Pensamiento UNCaribe de la Universidad del Norte.

La propuesta acierta en aproximarse a los fenómenos de la violencia con enfoque regional. Pero es insuficiente, pues se concentra específicamente en un trabajo con las autoridades políticas de los municipios, pero no se menciona nada sobre buscar la participación de los movimientos sociales, la población civil o las universidades regionales.

El enfoque regional no se puede agotar en socializar en los territorios las directrices nacionales. Si se entiende que en Colombia hay, de hecho, varios conflictos armados con actores, dinámicas y objetivos diferenciados, entonces necesitamos hablar de varias políticas de seguridad, consensuadas con diversos actores locales y nacionales. Y, para ello, es indispensable buscar la participación amplia de sectores académicos, sociales y civiles que viven en las regiones y entienden mejor las dinámicas conflictivas específicas de cada territorio.

Es un acierto que la política cuestione el enfoque actual de combate a las organizaciones del crimen organizado. Esencialmente, son valiosas las críticas a la idea de que es el narcotráfico el único catalizador de las guerras y que la presencia del Estado no puede entenderse únicamente en términos militares.

Sin embargo, la política propuesta no logra salir de los lugares comunes.

Pareciera asumir que la “ausencia del Estado” es la causante de las guerras. Aunque esta es una visión muy extendida, hay territorios en los que el Estado hace presencia con instituciones (no solo militares) y, aun así, hay conflicto. La pregunta, entonces, es cómo superar esta coexistencia entre violencia y Estado.

En la política parece ser intrínseca la idea de que hay una crisis de confianza de la ciudadanía frente a las instituciones de seguridad. Quizá sea en este punto en el que hay más propuestas concretas, lo cual es mucho más valioso.

Acierta en vincular la Policía a un departamento administrativo o a un ministerio distinto al de Defensa (aunque proponen un nuevo Ministerio de Seguridad, que no está claro en qué se diferenciaría del actual), evitar la jurisdicción penal militar “en caso de dudas frente a violaciones de derechos humanos” (sin embargo, faltaría aclarar qué son “dudas” y quién define cuándo va a otra instancia) y revisar el sistema de ascensos.

Sin embargo, hay varias deudas. Frente al Esmad, se propone lo que siempre se propone y no ha funcionado: entrenar a los agentes en derechos humanos. El problema no es la falta de entrenamiento; el problema es la forma en que esto es interiorizado con doctrinas de seguridad que siguen observando en el movimiento social y en la protesta social formas de desestabilización institucional, y no mecanismos legítimos y democráticos de reclamos de la sociedad.

No hay nada en la propuesta que permita observar cómo se van a transformar estas doctrinas y parece asumirse que es simplemente un asunto de educación y racionalidad.

Se omite el sistema carcelario y la lucha contra el narcotráfico

Luis Fernando Trejos, profesor e investigador del departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte.

Es una propuesta amplia e integral cuya implementación supera los cuatro años de un mandato presidencial y, en varios aspectos, depende de apoyos políticos y mayorías parlamentarias.

Propone la inclusión de voces ciudadanas con enfoque de género, territorial y étnico para la toma de decisiones del sector de seguridad y defensa. Acierta en este enfoque, pues termina con la tradición de que las decisiones en estas materias salen exclusivamente del Gobierno Nacional, Ministerio de Defensa y Estados Mayores de Fuerza Pública. Es decir, valoran los aportes que los otros sectores puedan hacer en temas de seguridad.

Pero no se hace referencia a la financiación de la propuesta y su viabilidad real en términos económicos. También llama la atención la ausencia de propuestas en torno al sistema carcelario y su importante pero fallida misión de resocialización del delincuente, y tampoco se propone alguna medida o política dirigida a desmontar las estructuras de corrupción presentes en el Inpec.

Y, aunque el tema de la lucha contra el narcotráfico aparece tangencialmente, son asuntos que deben ser desarrollados de manera más profunda.

Falta concretar el enfoque de género

María Acosta, investigadora del área de Seguridad y Política Criminal, Fundación Ideas para la Paz (FIP)

La propuesta resalta la importancia de asegurar el ejercicio pleno del Estado Social de Derecho, pero pareciera que esa idea no se transmite en gran parte del documento.

Más bien, pareciera que se centra más en una parte de las instituciones del sistema (Fuerza Pública), dejando de lado otras entidades, especialmente del ámbito local. Tampoco es explícita la forma en que se garantizará el ejercicio de los derechos ciudadanos, pues esto no depende únicamente del énfasis en la confianza institucional.

Discursivamente hace énfasis en la importancia de integrar el enfoque diferencial. Sin embargo, no profundiza en esos delitos que, dicen, afectan de manera diferenciada a hombres y mujeres. Sabemos que, por ejemplo, la violencia intrafamiliar, los delitos sexuales o las desapariciones, afectan a las mujeres y niñas, pero en ninguna parte de la propuesta los abordan, ni establecen cómo fortalecer todo el sistema para prevenirlos, investigarlos o esclarecerlos.

Es recomendable evitar, como ha sido común en los últimos procesos electorales, que se utilice el género como una bandera política. No se trata solo de nombrar el enfoque, sino reconocer las demás condiciones que profundizan las vulnerabilidades de mujeres y niñas, y abordar de manera compleja los fenómenos que las afectan. Pareciera que la Coalición tiene poca información sobre las dinámicas de seguridad y justicia con perspectiva de género.

Frente al fortalecimiento de los mecanismos de denuncia, es importante que la Coalición comprenda que existen diferentes motivos por los cuales las personas no denuncian. No solo se trata de acceso, pues el país ha avanzado, por ejemplo, con el mecanismo virtual de “A Denunciar”.

Incentivar la denuncia implica una respuesta efectiva por parte de las instituciones frente a los casos delictivos, incluidos aquellos contra la administración pública, de los cuales nunca se habla, más allá de lo abstracto de la “corrupción”. La impunidad en el país es alta y ello merece estrategias claras y transparentes. Es imprescindible pensar en acciones para la población rural que asume altos costos para denunciar y pocos resultados por parte del Estado.

La Coalición deberá hacer un esfuerzo por entender el entramado institucional de la seguridad. La Policía es solo una de las instituciones del sistema, e históricamente se han destinado muchos recursos (humanos, financieros, logísticos…) para reformarla y fortalecerla. No se ha dado de la misma forma con otras entidades del nivel nacional y menos, en lo local.

Esto ha provocado una asimetría institucional y una deficiencia en la respuesta del Estado. Por ello, es clave repensar el sistema y las estrategias para potenciar a todas las instituciones del sistema, con el fin de garantizar la protección de la ciudadanía.

Finalmente, lo rural no puede entenderse como un sistema homogéneo donde se limitan los problemas a las explicaciones históricas de drogas, conflicto armado, presencia de grupos armados o actividades ilegales. Se debe hacer un esfuerzo por comprender las dimensiones geográficas y las diferencias de los problemas para establecer respuestas, precisamente diferenciadas, para garantizar la protección de la ciudadanía y la eliminación de los estigmas que, históricamente, han perjudicado a parte de la población rural en Colombia.

La política de defensa nacional se queda corta

Manfred Grautoff, Director del tanque de pensamiento Geostrategy.

La propuesta con relación a la seguridad ciudadana termina por asignar las funciones de convivencia al cuerpo armado de la Policía. Si esta propuesta viera la luz, llevaría a un retroceso porque recargaría de más funciones a la Policía Nacional, desviándola de su función de prevenir y combatir el crimen.

Se propone trasladar la Policía Nacional hacia el Ministerio de Justicia, o crearle un ministerio nuevo o un departamento administrativo de la Presidencia de la República. Esto sería un error de diseño institucional que provocaría más perjuicios que beneficios. La Policía Nacional es una de las organizaciones más grandes del país, así que cualquier otra entidad del Estado no posee las capacidades, recursos ni la experiencia para dirigir una institución de este tipo.

La Policía en México, por dar un ejemplo, es una muestra palpable de por qué la politización de un cuerpo armado trae problemas de corrupción. Por lo tanto, insistir en este punto es buscar soluciones que pueden resultar en problemas adicionales de inseguridad.

En materia de defensa nacional, vital para Colombia, el documento no explica cómo va a mejorar las capacidades de disuasión creíbles. Está pendiente, por ejemplo, la actualización de la flota aérea de combate, porque el actual material estratégico solo será operativo hasta 2023.

En cuanto al narcotráfico, propone la erradicación manual como una alternativa, una visión que puede ser factible, si se garantiza un programa de sustitución voluntaria eficiente con recursos, y sostenible dadas las restricciones presupuestarias.

Asimismo, propone el fortalecimiento de la interdicción de drogas ilícitas. Esta línea de intervención solo se plasma marginalmente y no se desarrolla con la profundidad que amerita el tema, porque es una acción prioritaria para generar la disrupción del narcotráfico.

A pesar del impacto de la minería ilegal sobre la seguridad, y el aumento de los niveles de violencia en donde opera, la propuesta no lo aborda a profundidad, y no propone ninguna línea de acción en contra de este mercado ilegal. 

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