Aún no se sabe qué va a pasar con Obras por Impuestos en la reforma tributaria

Aún no se sabe qué va a pasar con Obras por Impuestos en la reforma tributaria
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La reforma tributaria presentada por el ministro Ocampo al Congreso ha dado mucho de que hablar en el último mes, no solo por el impacto que tendría sobre las empresas y las personas naturales, sino también por asuntos como el tributo que se impondría a las bebidas azucaradas, a los empaques plásticos y al carbono, entre otros asuntos que han generado controversia. 

Y aunque esta reforma ha tocado varios puntos sensibles, otros temas igualmente importantes parecen haber quedado por fuera. Este es el caso de Obras por Impuestos, un mecanismo tributario cuya más reciente modificación fue reglamentada en los últimos días del Gobierno anterior y que se esperaba que tuviera mucha más atención en esta nueva reforma.

Obras por Impuestos es una forma de tributación (un contribuyente puede pagar así hasta el 50% de su impuesto de renta) que se creó con el artículo 238 de la Ley 1819 de 2016, con el objetivo de llevar proyectos de trascendencia social a municipios que históricamente han sido más afectados por el conflicto.

Desde la ejecución de la primera vigencia hasta el momento, 94 empresas han invertido más de 944 mil millones de pesos en 141 proyectos, y los resultados de 2022 están por verse gracias a la ampliación del cupo Confis (que es el monto máximo que asigna el Consejo Superior de Política Económica y Fiscal para financiar proyectos a través de este mecanismo) y la participación de nuevas empresas. Esto ha significado, hasta el momento, un beneficio para cientos de personas en municipios apartados en términos de acceso a dotación escolar e infraestructura vial, entre otros.

El hecho de que la reforma tributaria presentada el pasado 8 de agosto no elimine el mecanismo ni derogue los recientes artículos que lo reglamentan podría leerse como una señal de que, para este nuevo Gobierno, sigue siendo una apuesta que las empresas se involucren en la construcción de paz, que es precisamente su objetivo original.

Lo anterior es en sí mismo positivo en términos de generación de confianza. En épocas de tantos cambios, siempre es bueno mantener lo que ha funcionado en cuanto a la articulación entre el sector empresarial y el sector público, en especial porque el primero conoce cómo funciona esta herramienta de tributación y ambos han visto en la ejecución de proyectos por esta vía un ejercicio en el que todos los involucrados ganan: por un lado, el Gobierno se beneficia al acortar el ciclo de tributación (se ahorran pasos entre el pago de impuestos y la construcción de las obras, porque se “pagan” con la construcción de las obras); por otro, las empresas pueden ver sus impuestos bien ejecutados y, finalmente, ganan las comunidades que más necesitan de esas obras en sus territorios y las ven materializadas.

Sin embargo, aún quedan dudas sobre qué va a pasar con esta figura en el contexto de la reforma tributaria presentada.

En primer lugar, no hay claridad sobre el futuro de la arquitectura institucional y, en particular, de la Agencia de Renovación del Territorio, pues hasta hoy no se sabe quién dirigirá esta entidad que, entre otras, es la encargada de liderar los procesos asociados al mecanismo (por ejemplo, administrar y actualizar el banco de los potenciales proyectos de Obras por Impuestos).

En segundo lugar, dada la cantidad de impuestos y la eliminación de exenciones a las empresas, no es seguro que estas tengan la disposición económica y de capital humano de embarcarse en proyectos que requieren los más altos estándares técnicos, porque se trata de recursos públicos y las empresas asumen por su propia cuenta el riesgo de ejecutar una obra para pagar su impuesto. De hecho, para las empresas es más sencillo pagar el impuesto directamente.

Así las cosas, si bien no parece haber la intención explícita de modificar (o inclusive eliminar) el mecanismo en la nueva reforma tributaria, sí hay incertidumbre frente al futuro de esta herramienta que tiene una gran acogida entre las empresas. Aunque no es perfecta y se requiere que los proyectos sean más estratégicos para que realmente aporten al cierre de brechas sociales en el largo plazo, Obras por Impuestos ha trazado hasta el momento una ruta con la cual las empresas pueden aportar al desarrollo del país en las zonas más apartadas y vulnerables.

No resta sino esperar a que, sea vía la reforma o a través de la implementación de la versión ya reglamentada, el Gobierno haga una apuesta decidida por involucrar a las empresas y estas no se rindan en la tarea de aportar a la construcción de paz en el país.

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