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La ocurrencia de dos masacres en lo que lleva del año en la ciudad de Barranquilla ha puesto la seguridad de la ciudad en primer plano. Estos hechos, sumados a incidentes cotidianos que afectan a los ciudadanos y desafían las capacidades de las autoridades, han generado reclamos del alcalde Jaime Pumarejo al gobierno nacional.
Los reclamos llaman la atención sobre falencias estructurales del sistema de seguridad y de la rama judicial, que inciden en la ubicación de condenados de alta peligrosidad, reincidencia de delincuentes y ausencia de sanción efectiva a quienes cometen delitos o comportamientos contrarios a la convivencia.
Los señalamientos al alcalde sobre su rol en la gestión de la seguridad y su renuencia a asumir el costo político de una estrategia de seguridad cuestionada también han tenido lugar en la discusión.
Sin embargo, lejos de contribuir a la protección de los ciudadanos, el cruce de señalamientos frente a las responsabilidades locales y nacionales amenaza con cerrar posibilidades de cooperación armónica entre la Alcaldía y la Presidencia que hoy resultan cruciales para ambas.
De un lado, el cierre de administración demanda de la Alcaldía un trabajo mancomunado con el nivel central de gobierno y las diferentes fuerzas que operan en Barranquilla para mostrar resultados en un frente que amenaza el balance positivo de su gestión, como ha sido advertido en análisis previos.
Por otro lado, el gobierno nacional no podrá llevar a buen término la decisión de retomar la iniciativa militar contra el Clan del Golfo sin convertir a Barranquilla y el Atlántico en uno de los centros estratégicos de dicho esfuerzo.
La falta de orientación en la planificación de la paz total y una serie de impases en la gestión de esta (especialmente por retrasos en la presentación del marco legal de sometimiento) han generado dudas sobre las capacidades de orientación estratégica y coordinación interna del gobierno nacional en una de sus principales apuestas.
Uno de los efectos más discutidos de lo que parece no funcionar en la paz total ha sido la limitación de la actuación de la fuerza pública en un contexto de incertidumbre, al que las principales ciudades no son ajenas.
La falta de claridad en la dimensión normativa y operacional de la paz total ha llevado las operaciones militares y policiales a una zona gris que ha trastocado prioridades y limitado alcances en ámbitos rurales y urbanos.
En el caso de Barranquilla y el Atlántico, esta incertidumbre ha abierto oportunidades para el fortalecimiento de estructuras criminales, advertido en dos alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo (037 de 2020 y 029 de 2022). Allí se ha señalado un escenario de riesgo inminente en Barranquilla, su área metropolitana y otros municipios (Baranoa, Polonuevo, Luruaco, Sabanalarga y Repelón) a partir de la presencia y disputa armada entre el Clan del Golfo con estructuras criminales locales como “Los Costeños” y “Los Pepes” en su afán de controlar corredores viales estratégicos.
Indirectamente, esta situación ha propiciado el incremento de la violencia instrumental entre estos grupos. Basta señalar como ejemplo que en lo corrido del año Barranquilla y Soledad suman cinco masacres. Igualmente, otros municipios del Área Metropolitana y del departamento evidencian repuntes significativos en materia de violencia homicida y extorsiones, ambos mecanismos de control criminal.
En este escenario, la instrucción presidencial de retomar acciones ofensivas contra el Clan del Golfo constituye una oportunidad para reorientar la estrategia de seguridad de Barranquilla y sus municipios vecinos.
Barranquilla puede ser escenario de retaliaciones no solo por parte del Clan del Golfo, sino también de otras organizaciones armadas con presencia regional, por tanto, debe constituir el centro de gravedad desde el cual el Estado proyecta capacidades en la zona.
Concretar este objetivo requiere que desde el Ministerio de Defensa se garantice el fortalecimiento del pie de fuerza de unidades especializadas para el Departamento de Policía del Atlántico, como Copes (Comando de Operaciones Especiales y Antiterrorismo), Goes (Grupo de Operaciones Especiales) y comisiones de Dijin que puedan ser dispuestas para incrementar capacidades de monitoreo, contención y reacción en toda el Área Metropolitana.
De igual manera, el nivel central debe adelantar cuanto antes un barrido de necesidades de fortalecimiento tanto de la Policía Metropolitana de Barranquilla, como de la Segunda Brigada del Ejército, en este último caso, relacionadas con incremento de hombres del Batallón de Policía Militar (Bapom) y del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas (Bafur).
Por su lado, la Alcaldía de Barranquilla debe socializar un análisis serio de los niveles de riesgo que dicha arremetida puede representar, así como de las dinámicas de inseguridad no ligadas directamente a la operación de estas estructuras que requieren especial atención y frente a las cuales debe concurrir la Fiscalía General de la Nación. El alistamiento conjunto con el Ministerio del Interior frente al potencial impacto humanitario de desplazamientos forzados provocados por estos grupos será esencial en la estabilidad de la ciudad.
Este complemento de capacidades nacionales y locales requerirá por parte de la Administración la disposición de recursos financieros y el alistamiento de todos los equipos operativos del Distrito que puedan contribuir a una presencia territorial robusta y a una reacción integral ordenada frente a los incidentes de baja, media y alta complejidad que puedan materializarse.
Ningún esfuerzo en materia de seguridad y defensa, sea local o nacional, tendrá un desenlace satisfactorio mientras el alcalde no ejerza su liderazgo frente al orden público en el nivel local, respaldado plenamente por el gobierno nacional.
