Biden y su nada nueva estrategia antidroga

Biden y su nada nueva estrategia antidroga
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Bajo la administración del presidente Biden, la Oficina de la Política Nacional de Control de Drogas dio a conocer esta semana lo que autodenomina nueva estrategia antidrogas en Colombia. Destacan tres aspectos.

1. Seguir reduciendo la oferta de drogas. Para ello seguirán judicializando a los narcos, acabando laboratorios y atacando el lavado de activos. Este aspecto no reviste novedad; es más de la misma tradicional política antidrogas.

2. Desde un enfoque de protección y desarrollo de las zonas rurales afectadas por los cultivos, proponen emprender acciones de restauración de selvas golpeadas por la deforestación causada por los narcotraficantes. Este lineamiento resulta novedoso, pero difícil de implementar porque la misma lógica de la guerra contra las drogas lo produce. Tanto narcos como Fuerza Pública se encuentran en la selva como escenario de combate, unos defendiendo los cultivos y los otros atacándolos. Además, en el pronunciamiento de la Casa Blanca no hay alusión a los impactos ambientales causados por el uso del glifosato a manos de los Estados.

3. Cumplimiento del componente del Acuerdo de paz referido a reducir la dependencia de las familias campesinas de la económica de la hoja de coca, esto es, formalizar la tenencia de la tierra, acceder a la justicia estatal y disfrutar de una actividad económica legal rentable y segura.

Con este tercer propósito hay un mensaje del nuevo Gobierno norteamericano: el respaldo al Acuerdo de Paz, cuestión distinta a la promovida por la anterior administración de Trump, quien había secundado al Gobierno del presidente Duque en la concepción de tomar distancia del Acuerdo y, por esta vía, privilegiar la erradicación sobre la sustitución de cultivos, lo cual es contrario al Acuerdo de Paz en lo referido al punto 4: solución al problema de las drogas ilícitas.

El Acuerdo privilegia la sustitución sobre la erradicación, lo cual no implica renunciar a ella, pero sí un cambio de prioridades. Por ello, la propuesta formulada para tratar a los cultivadores de coca, marihuana y amapola: el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (Pnis). Desarrollar este programa de carácter social y económico no ha sido obstáculo para implementar al mismo tiempo la erradicación en el país.

Biden, de esta manera, respalda el Acuerdo de Paz, pero a la vez, promueve justamente uno de los mayores obstáculos para consolidar la paz en los territorios más afectados por la guerra entre Estado y guerrilla: la guerra contra las drogas. El Acuerdo de Paz cierra una guerra, pero promueve otra, una de vieja data que ha alimentado las otras violencias del país, la guerra antidroga.

La solución que plantea el Acuerdo para acabar con el narcotráfico conjuga sustitución y erradicación. Priorizar la sustitución tiene mejores impactos sociales en el mediano plazo, pero la sustitución no conlleva al Estado a renunciar a los objetivos de la prohibición ni a la estrategia de guerra. En los territorios Pnis también se adelantan acciones de erradicación a cargo de la Fuerza Pública que han ocasionado confrontaciones con las comunidades que viven de esos cultivos.

Si bien Biden marca diferencia con su antecesor al darle un espaldarazo al Acuerdo de Paz y privilegiar la sustitución sobre la erradicación, no por ello deja sus intenciones antidroga, las de un mundo libre de drogas. Como bien lo recuerda al poner entre sus tres propósitos el de reducir la oferta de drogas. Para lograrlo, acude a la vieja formula prohibicionista: atacar a los cultivos ilícitos de manera blanda (sustituir) y dura (erradicar) con tal de disminuir las hectáreas producidas y así afectar la calidad del producto final, en este caso la cocaína.

Por eso mismo, el Gobierno Duque, de clara tendencia prohibicionista, seguramente no tendrá mayores inconvenientes en acatar esta directriz. El Gobierno colombiano, aunque le gustaría la parte dura de la guerra, no tendrá mayor inconveniente con una variación táctica, por ejemplo, con el mismo presupuesto pueden reasignarse prioridades, como aumentar la cobertura del Pnis, o sea incluir más familias cultivadoras en el programa y destinar menos personal a la erradicación.

Un tipo de gesto como este, sin afectar los fines de la guerra contra las drogas, le permita al desprestigiado Gobierno colombiano mejorar las maltrechas relaciones con el importante país del Norte, las cuales se vieron afectadas por la intromisión del partido de gobierno en las justas presidenciales de EE.UU. Sin embargo, este tipo de logros no revertirán la situación de fondo que vive el país en cuanto narcotráfico: la prohibición y la guerra contra las drogas han hecho de este un negocio altamente rentable. De allí que, desde la caída de Pablo Escobar, pasando por el Chapo Guzmán, hasta el reciente Otoniel, el negocio se convirtió en una institución, allende los gobiernos y los capos. 

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Paz

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