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Vacunación por la reactivación es el nombre de la iniciativa con la que la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) empezó a vender vacunas en Colombia, aunque sé de varias fuentes confiables que no son los únicos privados que lo hacen. Aunque sí, claro, somos el único país de América Latina en donde, sin mucho ruido, se empezaron a cobrar nada menos que a 236.896 pesos las dos dosis de Sinovac (62 dólares). Y no sé si ese silencio se explica porque en este país cada día nos desbordan las noticias (cada una más grave que la otra), o porque hemos aceptado hace mucho que el Estado no se hace cargo ni de las más graves crisis y, entonces, pagamos por lo que este tendría que darnos, o porque vivimos en el afán de resolver nuestro problema individual sin importarnos qué les pasa a los demás.
Bienvenido a la “vacunación por la reactivación”: el eufemismo para la venta de vacunas en Colombia
Ya hace unos meses, cuando apareció la idea de la buena voluntad de los privados de “ayudar” al Estado en la vacunación, dije en conversaciones con colegas expertas que no creo en esa bondad y que, además, es un error grave de política en salud pública permitir que los privados compitan por la vacuna —un bien a todas luces finito y del que el Estado no ha dispuesto para alcanzar una cobertura que nos permita la inmunidad de rebaño, evitando además que se profundicen las desigualdades. En ese momento se explicó que los privados vacunarían a sus empleados (Resolución 507 de abril de 2021) respetando las etapas del Plan de Vacunación hasta que por fin encontraron la que parece una trampa con el Decreto 660 del 18 de junio de 2021, como explicaré más adelante, y la creación de la “alianza estratégica prioritaria”.
Empecemos por el principio. El Fondo de Acceso Global para Vacunas Covid-19 (Covax, por sus siglas en inglés) se propuso como una iniciativa para articular esfuerzos entre los gobiernos, las organizaciones sanitarias, manufactureras, científicas, del sector privado, civil y de voluntades filantrópicas para brindar un acceso equitativo mundial a las vacunas contra el covid. Creada a comienzos del 2020, funciona como un intermediario que apoya la investigación, el desarrollo y la manufactura de las vacunas para luego negociar sus precios y ofrecer un acceso equitativo de la vacuna independiente del nivel de ingresos del país.
En promedio, utilizando este fondo, y según el tipo de compra por el que opten los países, el valor por dosis de la vacuna se estima entre 1,6 y 3,10 dólares por dosis (de 10 a 20 veces menos que la que empieza a vender la CCB), si bien estos precios pueden ser más altos en las negociaciones entre países y farmacéuticas. No se encuentran indicios de que este fondo pueda utilizarse para la compra por parte de privados, pues el tipo de relación entre actores que se plantea Covax es manifiestamente —según Gavi, una organización que busca facilitar el acceso a la inmunización en países pobres— una relación “filantrópica”, más que comercial.
Por otro lado, consultada al día de hoy la página web de Ministerio de Salud, que lleva las cuentas de la cobertura de vacunación en el país, Colombia está lejos de alcanzar la inmunidad que se requiere incluso considerando que haya rezago en la información. Según grupos de edad, los mayores de 80 años tienen la mejor cobertura (65,56 %) y los de 70 a 79 alcanzan cerca del 50 %. Sin embargo, por debajo estas edades la cobertura es muy inferior: 31,6 % (para el grupo de 60 a 69 años), 24,09 % (50-59 años), 6,41 % (40 a 49 años) y 3,40 % (20-29 años).
Por departamentos, Amazonas alcanza la cobertura más alta (40,57 %), pero ni Bogotá alcanza una cobertura al menos esperanzadora: 16,03 % según Ministerio de Salud y 36,8 % según Saludata consultada el día de hoy. Después de Amazonas, los departamentos con mayor cobertura tienen entre un 22 % y 10 %, siendo el más rezagado Vichada con 2,90 %. Y la cobertura total, con dos dosis a nivel nacional, es tan sólo de un 12,98 %, y entre la población priorizada es del 21,27 %.
Ahora bien, importan dos aspectos más para terminar de entender y sopesar la gravedad de la venta de vacunas. El primero, el marco legal. Y el segundo, la situación de otros países de América Latina.
En cuanto al marco legal, la Resolución 507 del 19 de abril de 2021, que establece los requisitos para la importación, adquisición y aplicación de vacunas contra el covid por personas jurídicas de derecho privado, permite que estos importen vacunas, aunque aclara que estas no deben tener ningún costo para las personas beneficiadas (art.5). Hasta ahí, no tan mal.
Por su parte, el Decreto 660 de junio de 2021, en el que se respalda la iniciativa “Vacunación por la reactivación” impulsada por la CCB y otras cámaras de comercio, plantea una “alianza estratégica prioritaria” en la que las agremiaciones pueden aportar recursos para la obtención de vacunas por parte del Gobierno nacional mediante convenios que se formalizarán por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) quien, a su vez, suscribe acuerdos de suministro con los fabricantes y, en contrapartida, los privados harán un aporte al Fome y definirán las o los beneficiarios. Este decreto reglamenta el artículo 2 de la Ley 2064 de 2020 que trata sobre estas alianzas.
Finalmente, el Decreto 840 de junio 22 de 2021 (emitido 4 días después del Decreto 660) en su artículo 10 expresa que las vacunas solo podrán adquirirse para vacunación gratuita. Y, entonces, vale mencionar por último que en la página de la CCB se menciona que “…únicamente la persona que ejerce como representante legal podrá realizar el proceso de vinculación y desembolso para la obtención de las vacunas”. A la fecha los privados involucrados son: microempresas (69 %), medianas empresas (8 %), pequeñas empresas (20 %) y grandes empresas (3 %). Esto incluye, por supuesto organizaciones no gubernamentales.
En cuanto a la situación en América Latina, a la fecha, en ningún país se están vendiendo vacunas por parte de los privados. Y esto cuenta para Chile, en donde el Estado es el único proveedor, al igual que en Ecuador, El Salvador y Uruguay. Pero también para Argentina, en donde al parecer los privados están autorizados, pero no han logrado negociar vacunas; para Brasil, en donde fue aprobado por la Cámara de Diputados; para México, en donde fue aprobado por el Presidente; y para Perú, en donde se permitiría la compra por parte de privados siempre y cuando se done la misma cantidad al Sistema Único de Salud, pero hasta ahora ninguna farmacéutica ha accedido a venderles.
Así pues que inauguramos una vergonzosa tradición de vender vacunas en el medio de la más terrible pandemia que haya azotado a la humanidad en los últimos cien años y a sabiendas de que la misma es más inclemente con quienes viven en mayor situación de desigualdad social y económica. Y esto lo logramos organizando todo un tejemaneje, “legalmente sustentado”, en tiempo récord (decretos de abril y junio y compras esperadas para julio) en el que la propia autoridad sanitaria (el Ministerio de Salud) comprará las vacunas para que unos privados se las vendan a otros sirviendo como intermediarios y poniendo a las personas (69 % de quienes se han anotado son microempresarios y solo 3 % son grandes empresas) a pagar su propia vacuna. La misma que el Estado tendría que asegurarles como un mínimo de protección en igualdad de su derecho a la salud.
Y entonces me pregunto, y deberíamos preguntarnos, cómo hará el ministro para definir si negocia para el Estado o negocia para los privados, sabiendo que, como dice Daniel Wang (profesor de la Fundación Getulio Vargas), lo que vemos actualmente es una escasez absoluta de la vacuna y, por tanto, lo que se dirige al mercado privado deja de ir hacia lo público.
A la fecha se han aplicado en Colombia poco más de 10 millones de esquemas completos, y ya vieron cuánto nos falta para llegar a la inmunidad de rebaño. ¿Qué efectos sobre la igualdad producirá esta decisión? ¿Cómo lograremos los Objetivos de Desarrollo Sostenible con todos los retrocesos y rezagos que ha generado el covid? ¿Qué implicaciones traerá esta absurda decisión de dejar que los privados vendan vacunas en términos de profundización de las desigualdades? ¿Cómo sabremos que los retrasos en el Plan Nacional de Vacunación del Gobierno no se deben a las cesiones que significan esas compras para los privados o incluso que no se ralentizará el ritmo para irle dejando más negocio a los privados?
Una cosa era su participación para agilizar el Plan del Gobierno seguido a pie juntillas y sin costos, y otra muy distinta es que se inaugure un negocio, porque la vacuna que van a vender sí la pagan las personas. Me da vergüenza pensar que este Gobierno no es capaz ni de asegurar la cobertura gratuita de la vacuna contra el covid a toda la población, como el mínimo que se requiere para proteger su derecho a la salud y, de paso, darle un empujón a la reactivación. Pero no a costas de un negocio disfrazado de bondad o emprendimiento, que sufraga la propia gente.
Copia del mensaje enviado por la Cámara de Comercio de Bogotá a una ONG.
*Este es un espacio de opinión y debate. Los contenidos reflejan únicamente la opinión personal de sus autores y no compromete el de La Silla Vacía ni a sus patrocinadores.
