Buenaventura: el orden del caos

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La ciudad con el puerto más grande del país permite analizar cómo se relaciona el reciclaje de la violencia con las paradojas de la desigualdad; así como con la racialización poblacional que parece iterarse al interior de los enclaves productivos.

Texto escrito en coautoría con Luis López y Francisco Yepes.

El inicio del 2021 estuvo marcado en el ámbito nacional por la expectativa de la llegada de las vacunas que prometió el Gobierno Nacional, y por la inusitada violencia en diversas ciudades del país, incluyendo la del puerto de Buenaventura. Esta violencia que ha sido recogida en diferentes medios nacionales y visto por muchos colombianos con indiferencia, demuestra la dolorosa realidad de los habitantes del puerto, quienes han sufrido este tipo de situaciones reiterativamente desde hace más de dos décadas.

A este respecto, la semana pasada la Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación de la Gobernación del Valle del Cauca, realizó una sesión de la Sala de Crisis denominada “Buenaventura, contexto, retos y desafíos”. De dicha sesión, en la que participaron organizaciones sociales de derechos humanos, instancias de gobierno local y departamental; así como representantes del tercer sector, quedaron claras al menos tres cosas: Buenaventura está sobre diagnosticada, existen numerosos análisis que aportan en la comprensión de la situación social que se ha enraizado en este importante Distrito especial; Esta sobrediagnosis no se traduce en programas, políticas e iniciativas que permitan desarticular de manera efectiva la poderosa colusión entre riqueza, desigualdad y violencia; y aunque la metástasis de la violencia imbrica la totalidad del territorio distrital, la especificidad nacional de su manifestación urbana, indica un tratamiento diferenciado entre los contextos rurales y los urbanos.  

A continuación, realizamos algunas reflexiones que retoman insumos de diversas investigaciones que el Instituto de Estudios Interculturales ha desarrollado en Buenaventura. Distribuimos estos aportes en los siguientes Items: el reciclaje metódico de la violencia; riqueza y pobreza: la paradoja de los enclaves productivos; racialización del enclave: traslapes y vecindades espaciales; y algunas recomendaciones de intervención.

1. Reciclaje metódico de la violencia (1980-2017)

En un informe, aportado por el Instituto de Estudios Interculturales para la Comisión de la Verdad – CEV, que posteriormente se convirtió en un libro sobre las dinámicas de la guerra en el pacifico biogeográfico,  titulamos como el 'Orden del Caos' al capítulo correspondiente con la violencia en Buenaventura. Este capítulo muestra la instauración de seis momentos claves: el primer periodo de escasa presencia de actores armados; el segundo momento de llegada y asentamiento de la insurgencia entre 1980 y 1999, con la guerrilla de las Farc como principal actor; el tercer periodo de control paramilitar entre el 2000 y el  2004; el cuarto periodo de posdesmovilización de las AUC entre 2005 y 2011; el quinto periodo que comprende los diálogos de paz entre el Gobierno Nacional y las Farc entre (2012 y 2016); y el sexto periodo de violencia post-acuerdo de paz 2017 – actual).

Escala de tiempoDescripción generada automáticamente

Revisemos algunos de esos repertorios hegemónicos de acuerdo con los últimos 5 periodos de violencia identificados.

Las Farc: los primeros en llegar 

De acuerdo con el informe “Buenaventura un puerto sin comunidad” del Centro Nacional de Memoria Histórica (Cnmh) en el 2015, las Farc fueron quienes primero llegaron y se instauraron en la zona rural del Municipio de Buenaventura. Posteriormente, este grupo armado ilegal se posiciona en el área urbana a través de la presencia de células de milicianos en diferentes comunas. El informe sostiene, además, que para esta época las confrontaciones armadas con las fuerzas militares fueron poco frecuentes y los niveles de victimización de la población civil no fueron elevados, pues las Farc tenían el control territorial sin un contrincante que amenazara su hegemonía. Sin embargo, la delincuencia común aumentó significativamente debido a la privatización de las empresas y los secuestros tuvieron su pico de afectación en los últimos dos años del período insurgente (1980-1999) donde evidentemente, la guerrilla fue el principal perpetrador de esta modalidad de crimen contra la población civil. 

Gráfica 1. Casos de Secuestro en Buenaventura.

La arremetida Paramilitar

Para los bonaverenses, los años 2000 trajeron consigo una violencia sistemática fruto de la llegada de los grupos paramilitares y su objetivo de desplazar a las Farc del territorio.  El Cnmh indica en su informe que a partir de las masacres y la desaparición forzada entre los años 2001 y 2002, el Frente Pacífico adscrito al Bloque Calima fue el grupo que logró posicionarse en casi todas las comunas de Buenaventura y controlar barrios estratégicos para sus operaciones ilegales. Sin duda, la posibilidad de obtener ganancias a partir de las operaciones portuarias fue lo que incentivó a los grupos paramilitares a ejercer presencia en el puerto y buscar rápidamente alianzas con bandas delincuenciales locales, esto permitió un rápido control territorial por parte de este actor armado. 

Con esto en cuenta, se evidencia que los asesinatos selectivos tuvieron su pico entre el 2000 y 2004 con un actor diferente: los paramilitares. El objetivo de esto era la eliminación del mayor número posible de combatientes y simpatizantes de las Farc, junto con todo aquel considerado sospechoso de colaborar con la insurgencia. 

 

Gráfica 2. Casos de asesinatos selectivos en Buenaventura.

¿Desmovilización paramilitar? 

Para el 2004, fruto de la desmovilización de la AUC, las Farc vuelven a copar algunas comunas de donde habían sido expulsadas. Sin embargo, según la FIP en el 2013, muchos paramilitares fingieron su desmovilización y aprovecharon para vincularse a otras bandas que en el momento estaban en el territorio, lo que permitió aumentar su capacidad operativa para seguir delinquiendo en el puerto. Además de lo anterior, de acuerdo con el informe “Violencia, desarrollo y despojo en Buenaventura de Valencia, Silva & Moreno en 2016, señala que esta reacomodación de las bandas criminales en Buenaventura, después de la desmovilización fallida de las AUC, tiene profunda relación con el narcotráfico en el Valle del Cauca.  

Los Rastrojos, por ejemplo, tras incluir en sus filas una gran cantidad de paramilitares desmovilizados, ganaron el control territorial a algunas facciones de las Farc en el puerto. Como parte de las estrategias de lucha por el control territorial entre grupos armados emergentes que intentaron quedarse con el territorio, se presentó el mayor número de desapariciones forzadas y la violencia se recrudeció una vez más a tal punto de la aparición de las llamadas “Casas de Pique”, lugares en donde eran encontrados cuerpos desmembrados de personas que habían sido torturadas y asesinadas. 

Los grupos criminales que surgieron producto de la desmovilización paramilitar y el narcotráfico han llevado a la utilización e instrumentalización de algunos grupos delincuenciales locales menores y la tercerización de los servicios criminales con el fin de aumentar su capacidad y sembrar terror entre la población civil. 

Gráfica 3. Casos de Desaparición Forzada en Buenaventura.

Los diálogos de paz: esperanza para el puerto 

En el 2012 se inició en Colombia el proceso de diálogo y negociación política entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc-EP, que tenía como intención poner fin al conflicto armado y generar reformas para la construcción de una paz que como señalaba en su momento el Gobierno debía ser estable y duradera. 

En medio de las negociaciones de paz, el gobierno Nacional declaró la Región pacífico como prioridad en materia de equidad y mediante la Ley 1753 de 2015 se creó el Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos PAZcífico, administrado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público o por la entidad o entidades que este defina. El objetivo era contribuir al desarrollo social, económico y ambiental y disminuir las brechas existentes con respecto a otras regiones.

Sin embargo, en el 2017 durante 22 días, el puerto vivió intensas protestas, motivadas por la corrupción, las fallas en servicios públicos, el desempleo y la violencia que padecía su población. A pesar del avance de los diálogos, en Buenaventura la anhelada paz no llegaba, las condiciones socioeconómicas empeoraban, mientras el miedo y la incertidumbre se apoderaba de la población bonaverense que veía como se seguían registrando graves violaciones a los derechos humanos por parte actores ilegales en disputa por el control del territorio. 

A pesar de que entre el 2014 y el 2017 los asesinatos disminuyeron considerablemente, en el puerto se implementaron otras estrategias de control territorial como lo fue el uso de la violencia sexual. Según la Gobernación del Valle del Cauca en el 2016, los casos de este tipo de violencia se dispararon en el periodo de negociación entre el gobierno y las Farc (2012-2016), donde los principales perpetradores de este tipo de violencia fueron grupos posdesmovilización. Sin embargo, también hubo una participación relevante de la guerrilla y de grupos desconocidos. 

Gráfica 4. Casos de Violencia sexual en Buenaventura.

La paz que nunca llegó debido al reciclaje de las violencias 

Tras la firma de los acuerdos de paz el 26 de septiembre de 2016 que ponía fin al conflicto con la guerrilla, los bonaverenses siguen observando como una vez más, se ha ido reconfigurando el territorio por la presencia de nuevas alianzas, disputas entre actores ilegales cuyo objetivo ha sido disputarse el botín de las zonas que abandonaron las Farc. 

De acuerdo con el informe de la ONU en 2020 sobre la violencia en Colombia, en 2020 se documentaron 76 masacres que dejaron cerca de 292 personas asesinadas. Lo anterior, señala el informe, significa que desde 2018 el número de masacres ha incrementado constantemente, siendo 2020 el año con la cifra más alta registrada desde 2014. 

Los constantes enfrentamientos entre grupos armados ilegales que están disputando el territorio actualmente, han dejado a la población en medio del fuego cruzado y sin más alternativa que huir para estar a salvo. Esta situación condujo a que en enero de 2021 se produjeran 200 desplazamientos interurbanos forzados en Buenaventura según la Defensoría del Pueblo

Como podemos observar, cada uno de estos períodos estuvo marcado por el incremento de algún tipo de violencia contra la población civil de acuerdo con el modus operandi del actor armado hegemónico en el territorio. Lo anterior, nos permite esbozar la idea de reciclaje metódico de la violencia dependiendo del actor hegemonizante de la misma. Es decir, la violencia en Buenaventura no ha sido siempre la misma, ni tampoco es un ejercicio desordenado o aleatorio. Por el contrario, los repertorios de victimización representan modus operandis muy bien definidos que ordenan el caos que se vislumbra desde una mirada exógena. 

Con este breve resumen, que para los más interesados pueden consultar en nuestro Libro Pacifico en conflicto, se evidencia que en Buenaventura la violencia viene reciclándose constantemente, mientras que los grupos armados se transforman de acuerdo con el contexto en el que se encuentran. Sin embargo, los ciclos de violencia presentes en el Distrito de Buenaventura, se encuentran estrechamente ligados a su situación económica y social, pues a pesar de ser la puerta de entrada y salida del comercio internacional en Colombia, los índices de pobreza multidimensional ascienden hasta el 41 por ciento que, sumado al desempleo y la escasa movilidad social, se convierte en el combustible de la violencia.

2. Riqueza y pobreza: la paradoja de los enclaves productivos 

Un informe de Fedesarrollo y el Cerac en 2013 resume de manera impresionante la cruda realidad del enclave productivo en el que se ha convertido Buenaventura.

“Buenaventura es la suma de las paradojas. Es un municipio con altas potencialidades frente a unas realidades decepcionantes. Una zona de gran riqueza hídrica no cuenta con un servicio de agua y alcantarillado adecuado ni en su cobertura ni en cuanto a la continuidad de la prestación del mismo. En su mar se captura toda la pesca de Colombia pero se procesa una parte ínfima. Toda la madera que consume Colombia proviene del litoral pacífico y llega a Buenaventura y pasa por ella sin ningún proceso ni agregación de valor. Por ello el desempleo y el subempleo, así como la informalidad del trabajo son los más altos de Colombia”.

El particular contexto de pobreza en Buenaventura -y del pacífico colombiano- ha servido como combustible de la violencia en tanto que los grupos criminales logran captar en sus filas a nuevos integrantes, especialmente jóvenes, que no encuentran oportunidades en el territorio de mejorar su calidad de vida. El contexto de surgimiento de las bandas delincuenciales en el pacífico-centro se caracterizó por un alto índice de desempleo. Para el 2003, según el Dane, la tasa de desempleo se ubicó en el 29 por ciento, recordemos que este fue el periodo de la hegemonía paramilitar y la entrada de estos en el puerto. La situación actual no es muy diferente, con una tasa de desempleo para el 2019 del 20 por ciento  según cifras del Dane en 2020, uno de los más altos del país.

La situación de desempleo en Buenaventura parece no mejorar a causa de que las actividades portuarias han sido incapaces de generar los suficientes empleos dignos para la población urbana. La consecuencia de esto según las cifras del Dane, por ejemplo, ha sido que el 51 por ciento de la población ocupada se encuentre autoempleada y 13 por ciento en otro tipo de trabajos como jornalero o peón, trabajador familiar sin remuneración, empleado doméstico, etc. Además de lo anterior, en vistas de que la actividad portuaria no genera los suficientes puestos, se intentaron impulsar otros sectores de la economía como lo es el sector comercial, hotelero y de restaurantes, que ocupa el 34 por ciento de la población ocupada. No obstante, estos otros sectores de la economía no logran suplir el déficit de empleabilidad de la actividad portuaria, principalmente por la ya mencionada alta tasa de autoempleabilidad. 

Los esfuerzos por impulsar la economía formal y por generar más puestos de trabajo no han sido exitosos, en parte porque su población está en constante crecimiento. Buenaventura es una ciudad con una tasa de crecimiento en 20 años del 54 por ciento, mientras las Necesidades Básicas Insatisfechas de la población son superior al 30 por ciento y su dimensión de personas en condición de miseria es del 13 por ciento, según el Ministerio del Trabajo y la Fundación Panamericana para el Desarrollo en el 2013,  las más altas del departamento y una de las más altas a nivel nacional.

Desde otra perspectiva, la falta de oportunidades laborales y bajos indicadores de calidad de vida se suman a los problemas en cobertura de educación para los jóvenes del distrito, donde se evidencia una variación negativa en el número de instituciones de educación preescolar, básica y media, pasando de 311 establecimientos en 2013 a 259 en 2018. De igual forma, se evidencian variaciones negativas en el número de estudiantes activos en el nivel de educación básica (-4,3 por ciento) y el nivel de educación media (-4,9 por ciento), tomando como referencia el 2018 con respecto al 2017 , según datos de la Cámara de Comercio de Buenaventura en el 2020.

La operación del Puerto: cambio en el modelo administrativo

El precario nivel de vida evidenciado en Buenaventura no podría entenderse correctamente sin abordar el modelo de operación del puerto, pues resulta contradictorio que esta ciudad, a través de la Sociedad Portuaria de Buenaventura, maneje el 42 por ciento del comercio internacional del país, mientras buena parte de la población se encuentra aún en pobreza y miseria. 

Si bien el establecimiento de Buenaventura como el principal puerto marítimo del pacífico fue producto de diferentes determinaciones políticas locales y nacionales a lo largo del siglo XX, el modelo actual por el que se rige la operación del puerto proviene de la determinación de privatizar la administración portuaria a nivel nacional para lograr una mayor competitividad y un manejo más eficiente de los puertos del país. Lo anterior, como consecuencia de que la empresa pública a cargo de la operación hasta ese momento, Colpuertos, se encontraba en un estancamiento operacional y ha generando más costos que beneficios a la nación

Una de las consecuencias inmediatas del surgimiento de las sociedades portuarias fue la inminente reducción en los trabajadores a su cargo como parte de sus políticas de un manejo más eficiente de la operación. Para el caso de Buenaventura, en los primeros seis años de operación de la sociedad portuaria (1990-1996) se pasó de 10.000 trabajadores a 4.200. Esto se traduce en la pérdida del 58 por ciento de los empleos con relación a la operación portuaria en los primeros años del cambio de modelo de administración.

De igual forma, el modelo del beneficio de la rentabilidad por encima del beneficio social se vio reflejado con la efectividad de las sociedades portuarias para incrementar su operación, tan sólo Buenaventura, según señala Moreno en su investigación, logró incrementar el tonelaje exportado de 4 millones de toneladas en 1994 a casi 8 millones en 2004, un incremento significativo de la operación portuaria que demostró una operación eficiente a bajos costos.  

La sociedad portuaria logró modernizar las actividades de cargue y descargue y logró reestructurar los terminales según parámetros internacionales. Con el cambio en el modelo de operación se explica, en parte, ese estancamiento ya mencionado de la generación de empleo en el sector portuario que, a pesar del incremento de las exportaciones y la modernización operacional, no se concretó una estrategia que impidiera la pérdida de los primeros empleos ni una para generar nuevos puestos de trabajo.

En los primeros diez años de la concesión portuaria a la Sprbun se pasó de movilizar 4.5 millones de toneladas en 1994 a 8. 3 millones de toneladas en 2003. Según cifras de la Cámara de Comercio de Buenaventura, para el 2013 el puerto ya estaba movilizando 16.323.145 toneladas. Este panorama en el que Buenaventura pasa a convertirse en ciudad estratégica con conexiones a distintas partes del mundo para la movilización de mercancía hace posible que los intereses lícitos e ilícitos se encuentren en el territorio.  Y es que las rutas de conexión para la comercialización de la droga han convertido a buenaventura en blanco de disputa de los actores armados ilegales en las últimas dos décadas. 

3. Racialización del enclave: traslapes y vecindades espaciales 

La situación anteriormente descrita, es posible analizarla también por medio de la recurrencia geográfica entre riqueza, pobreza, violencia y etnicidad. 

En las siguientes cartografías, podemos observar los lugares de la ciudad de Buenaventura donde primero, se ubican los actores armados asociados con repertorios de violencia hacia la población civil; segundo, la densidad de homicidios; tercero, la focalización de la miseria; cuarto, población que se reconoce étnicamente como negro, mulato o afro y, quinto, la vecindad y convivencia entre riqueza y violencia. A pesar de las diferencias de años de los mapas, creemos que los mismos se ubican en periodizaciones muy próximas que hacen pensar que el conjunto presentado presenta variaciones mínimas frente a los puntos que queremos ilustrar.

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Actores armados vinculados a repertorios de violencia hacia la población civil. Geovisor Obba– IEI de la PUJ Cali, Alcaldía y Cámara de Comercio de Buenaventura  en 2018.

MapaDescripción generada automáticamenteDensidad de homicidios – FIP (2014)

DiagramaDescripción generada automáticamente

Concentración de la miseria según el Dane para la Alcaldía de Buenaventura en el 2o20.

 

DiagramaDescripción generada automáticamente

Concentración de población que se autoreconoce étnicamente como negro, mulato o afro según el Censo del 2005 - Dane para la Alcaldía de Buenaventura en 2020.

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Vecindades y convivencias entre riqueza y violencia – según Valencia, Silva y Moreno en 2016.

Seguramente un observador atento podría pensar que nos equivocamos y repetimos el mismo mapa varias veces. Pero no, no hay equivocación, el traslape entre violencia, miseria e identificación étnica es sencillamente sorprendente, sobre todo en el área sur de la isla de Cascajal y la Comuna 7. Igualmente, como muestra la última cartografía, la vecindad entre violencia, racialización poblacional y las zonas donde se produce la riqueza -puertos- no admite mucha discusión.  

Sin embargo, dos dinámicas son particularmente reveladoras de este mecanismo de guerra y acumulación por desposesión. 

Desplazamiento intraurbano en las fronteras de la acumulación

Los altos niveles de desapariciones forzadas y homicidios son, entre otros, las razones por las que las personas deciden huir de su territorio; las cifras de desplazamientos reflejan los altos niveles de violencia durante estos años: el 24 por ciento de la población de Buenaventura dice haber cambiado de residencia entre 2000 y 2005, y el 12 por ciento de ellos debido a amenazas por su vida. Como se observa en la grafica de abajo, dicha dinámica vuelve a escalar entre el 2011 y 2014 de la mano del aumento de asesinatos selectivos. Seguramente la actual oleada de violencia volverá a registrar niveles preocupantes de desplazamiento poblacional de estas zonas en las que se aspiran a implementar proyectos estratégicos a nivel de renovación urbana y modernización productiva.

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Gráfica 5. Principales hechos victimizantes según número de victimas en Buenaventura 1958-2016.

Como vemos, este desplazamiento poblacional es una recurrencia en el Distrito durante las últimas décadas. Igualmente revelador resulta la constatación de que una parte importante de los desplazamientos en Buenaventura son intraurbanos -lo que hace aún más difícil medirlos con precisión- y según el Cnmh se gestan como: “una modalidad de respuesta forzada de la población frente a la continua confrontación de los grupos armados ilegales, quienes han impuesto fronteras invisibles, realizan enfrentamientos en las calles, masacres, bombas y además confinan a sus habitantes en los barrios e incluso en sus propias viviendas”. 

Es difícil no pensar, que al menos para el caso de la Isla de Cascajal y la Comuna 7, los hechos victimizantes no encuentran un correlato con la intención pública de desarrollar diversos megaproyectos de inversión. De acuerdo, con Alfredo Molano (2017), se le ha propuesto a la población de estos barrios trasladarlos a viviendas en otros lados de la ciudad, no obstante, las familias que viven ahí se niegan a irse por varias razones de subsistencia: i) una parte importante depende de la pesca o recolección de moluscos; ii) los manglares cercanos les permiten mantener sus casas en pie, cambiando las varas apenas lo necesiten; y iii) también existen varios puertos clandestinos en la zona de bajamar, donde salen cargamentos de cocaína hacia altamar. 

El "outsourcing" de la violencia

Los motivos que desataron la violencia reciente en Buenaventura están estrechamente relacionados con la ruptura interna del actor criminal predominante de la zona urbana del puerto que, en este caso, se trataría de la banda “La Local”. De acuerdo con un artículo publicado en InSight Crime, la división interna del grupo y la incapacidad de reorganizarse bajo un nuevo mando comenzó en el 2019, año en el que fueron capturados sus principales líderes, generando así una disputa de poder interna que terminó en una tensa tregua entre facciones en el 2020, pero que inevitablemente estalló en la violencia que vimos en enero y febrero de 2021. 

La última vez que en Buenaventura se presentó una situación similar de incremento de la violencia fue en el año 2018 cuando el actor predominante de la zona urbana, “La Empresa” entró en conflicto con una facción disidente de su propia estructura, “La Local”. El conflicto culminó con el primer grupo absorbido por el segundo. Como es evidente, estos dos episodios de violencia se enmarcan por la decadencia del grupo que domina el territorio urbano ante un nuevo actor que, en ambos casos, provino del interior de sus propias filas. No obstante, estos conflictos urbanos en Buenaventura no se pueden abordar por sí solos, es necesario entender que la conflictividad urbana del puerto hace parte de un contexto exógeno: los intereses y la injerencia que tienen los actores ilegales nacionales como los GAO en las dinámicas locales. 

Precisamente, cuando surgió “La Local” como un actor emergente proveniente de las filas de “La Empresa”, se conoció que esta última, a pesar de ser considerada como una estructura autónoma, seguía órdenes de Los Urabeños según datos de las autoridades.  Además, la Defensoría del Pueblo y los líderes sociales del territorio advirtieron en su momento que, con la llegada de este actor, junto con otras estructuras del ELN a la zona rural del municipio (Juanchaco, La Barra, Ladrilleros), también se estaba incrementando la violencia urbana especialmente en afectaciones a la población civil con desplazamientos forzados, asesinatos selectivos, desapariciones, reclutamiento de menores, entre otros.

Bajo esta tira y afloje, las estructuras de orden nacional, como los Urabeños, han aprendido que es mejor tercerizar los costos de la violencia y en los últimos años actúan de manera indirecta en el Distrito de Buenaventura. Es decir, no tienen una presencia como estructura militar en sí, pero subcontratan organizaciones de menor influencia o bandas delincuenciales para que cumplan tareas específicas como extorsiones, asesinatos, microtráfico, cobro a expendios de droga y labores de inteligencia; además, es principalmente financiado por el narcotráfico, la minería, la extorsión y la tala ilegal. 

Investigadoras como Inge Valencia y Lizeth Sinisterra han denominado a este fenómeno como un "outsourcing" de la violencia criminal: “[…] la condición de vulnerabilidad de los jóvenes con pocas posibilidades de empleo e inclusión social aumenta la posibilidad de que sean reclutados para las acciones  delincuenciales.  En síntesis, en el contexto de los barrios empobrecidos y desiguales de las ciudades, la presencia de las Bacrim se materializa a partir de relaciones subcontratadas con diferentes bandas delincuenciales, lo cual les da gran flexibilidad, pues combinan un núcleo jerárquico con extensas redes criminales. De esta manera, se ahorran el esfuerzo y desgaste de someter a quienes localmente ya dominan el territorio, empleándolos por la vía del consenso para administrar el miedo, y operar mecanismos de control y vigilancia a la población civil”. 

Como lo atestigua el trabajo de Valencia y Sinisterra, el drama del outsourcing criminal es que se convierte en una estrategia de sobrevivencia por parte de los jóvenes, que tienen una condición de vulnerabilidad con pocas posibilidades de educación, empleabilidad e inclusión social.

Se configura entonces, un dispositivo de guerra y exclusión que se expresa por medio de una triple violencia: de la nación y el aparato productivo que marginaliza, racializa y no les ofrece mayores oportunidades a los jóvenes; de los actores criminales que convierten a los jóvenes en un ejercito de reserva criminal; y la comunidad misma ve impotente como sus verdugos directos no son una fuerza invasora como en los tiempos de la violencia clásica paramilitar o insurgente, sino que terminan siendo sus propios hijos, sobrinos o primos. 

4. ¿Y entonces…? 

Como se dijo en un principio: así cómo la violencia en Buenaventura no es nueva, los intentos por diagnosticarla y proponer soluciones tampoco lo son. Sin embargo, la ciudad puerto más importante del país se torna en un paradigma, al no encontrarse aún la fórmula que permita cesar la violencia y mejorar la vida de sus habitantes. 

De los aspectos mencionados anteriormente hay uno que es variable y otro que es más estático: el primero, es la violencia y las diferentes caras que ha adoptado a lo largo de los últimos 20 años, pasando por actores que han venido mutando de acuerdo a su contexto y empleando diferentes acciones contra la población acorde a un objetivo; el segundo por su parte, es el desarrollo humano del puerto que, a diferencia de la violencia, es estática en el sentido de la incapacidad del Estado para mejorar la vida de sus habitantes, pues los indicadores no han mejorado significativamente a lo largo de las últimas décadas. 

La incapacidad del Estado para abordar la problemática de una manera integral y brindar las condiciones de vida digna para la población bonaverense hacen que las situaciones estructurales que mantienen a la población en permanentes condiciones de vulnerabilidad social y económica se mantengan. 

A pesar de todo esto, este escrito no pretende reescribir o recoger las propuestas estructurales para abordar los problemas macroeconómicos de Buenaventura, sino plantear una serie de cuestionamientos que deben ser tomados en cuenta.

El primero, entender que la paz territorial debe ser el camino para concretar la estabilidad en el territorio, y que seguir apostando a procesos de pacificación militarizada no conducen a resultados deseados, entendiendo esto último cómo la estrategia del Gobierno de apuntar a intervenciones de securitización enfocados en la judicialización de perpetradores directos, sin escalar en la piramide de las decisiones y los moviles estrategicos de los asesinatos. 

Segundo, que los mecanismos de acceso a justicia, por lo menos en el corto plazo, deben ir más allá del simple aumento del pie de fuerza para la vigilancia y control en momentos determinantes del conflicto en Buenaventura, se necesita más y mejor personal de justicia que pueda atender oportunamente las denuncias, así como un verdadero involucramiento de la Defensoría del Pueblo para que sus alertas tempranas surtan el efecto preventivo para las que fueron diseñadas.

Tercero, es importante el acompañamiento y la asistencia no gubernamental en un contexto tan complejo. Pero este ejercicio no puede seguir replicando esfuerzos e interviniendo con programas desarticulados la necesidad de la población vulnerable. Es necesario un escenario de dialogo y coordinación local para que idénticos programas de intervención social y asistencia humanitaria no se repliquen en las mismas zonas y con las mismas poblaciones. 

Cuarto, ya lo hemos mencionado anteriormente, pero es vital cambiar el enfoque securitario de protección individual a lideres sociales, por estrategias validadas comunitariamente.

Quinto y último, pero no menos importante, se necesita que la administración pública y la burocracia bonaverense sea más robusta y se encargue de manera mas eficiente de administrar y operacionalizar los recursos públicos que le corresponden al Distrito, tanto por el Sistema General de Participaciones, como por regalías y por los compromisos del mismo Estado con los 10 billones acordados luego del último Paro Cívico. Por la misma vía, los capitales transnacionales y nacionales del Puerto necesitan implicarse de manera mas fehaciente y rigurosa con la sostenibilidad y el bienestar comunitario de sus zonas de influencia. De lo contrario, será difícil no pensar, tanto para la gente de Buenaventura como para la opinión pública nacional, que su presencia trae más pesares que oportunidades. 

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