Cabildo abierto para desafiar la ilusión del desarrollo verde en Caldas

Cabildo abierto para desafiar la ilusión del desarrollo verde en Caldas
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Movilización por la defensa del Río La Miel. Foto por: Mariana del Socorro Ramirez.

Esta columna fue escrita en coautoría con Laura Marcela Cifuentes Osorio* y Mariana del Socorro Ramírez Ríos**.

Las promesas que el río se llevó

A finales de los noventa, los proyectos hidroeléctricos llegaron al oriente de Caldas con la promesa de generar desarrollo económico y mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región. Tras casi 30 años, para algunas comunidades campesinas la realidad luce diferente al progreso prometido: tienen menos acceso al agua, los terrenos productivos disminuyeron por las inundaciones, y su territorio se transformó masivamente.

¿Hasta qué punto los proyectos hidroeléctricos han contribuido a las economías locales y el fortalecimiento del tejido comunitario? ¿Qué pasaría si apostáramos por alternativas de desarrollo más afines con la cultura campesina de la región y su riqueza hídrica y natural? 

Sobre eso discutirán los habitantes del municipio de Samaná el próximo 25 de noviembre en el cabildo abierto para la defensa del Río La Miel. Este cabildo es una iniciativa de varios pobladores del municipio que reunieron más de 500 firmas para solicitar al concejo un debate sobre la conveniencia la hidroeléctrica Miel II de la Promotora Energética del Centro. Este proyecto ha sido bastante cuestionado por su gestión improvisada y la incertidumbre sobre sus efectos a largo plazo en el territorio.

El cabildo abierto hace parte de una movilización más amplia por la defensa del río la Miel, la cual ha sido liderada por ciudadanos independientes y organizaciones como el Movimiento Ambiental Campesino del Oriente de Caldas y la Alianza Abrazo al Río La Miel. El motor de estos movimientos ha sido la protección del territorio y las fuentes de agua, los cuales son indispensables para el bienestar, la convivencia pacífica y el mantenimiento de las labores agrícolas de las comunidades del oriente de Caldas.

Rehilando sociedad

La importancia de esta conversación se magnifica cuando se tiene en cuenta la historia de conflicto y violencia que ha vivido Samaná a lo largo de su historia. La construcción de paz requiere que las comunidades cuenten con la autonomía y el respaldo político para decidir qué tipo de desarrollo quieren para su territorio.

Desde los años setenta hasta el 2010, Samaná vivió los estragos del conflicto armado interno. Según información del Registro Único de Víctimas, más del 80 por ciento de su población es víctima del conflicto armado y miles de personas fueron desplazadas por la violencia. Detrás de estas cifras, no solo hay dolorosas historias de violencia y desplazamiento, sino también relatos de resiliencia e iniciativas para la construcción de paz.

Estas iniciativas incluyen proyectos de turismo rural y memoria, ecoturismo, avistamiento de aves, restauración ecológica y emprendimientos empresariales, las cuales han contado con el apoyo institucional de entidades locales como la Fundación para el Desarrollo Comunitario de Samaná (Fundecos) e instancias nacionales como el Ministerio de Cultura, el Programa Colombia Científica “Reconstrucción del tejido social en zonas de posconflicto en Colombia”, y La Escuela de Restauración Ecológica de la Universidad Javeriana.

Para que estos esfuerzos conjuntos den frutos, es vital que las comunidades tengan garantías de reparación y no repetición. Para Laura Buitrago, exfuncionaria de la Comisión de la Verdad, uno de los grandes retos en la construcción de paz es restablecer la seguridad, no solo en términos físicos sino también psicoemocionales. Hay que garantizar que las personas cuenten con la tranquilidad de que no volverán a pasar por episodios similares de violencia y desplazamiento si permanecen en su territorio.

Aunque el proyecto Miel II no requiere la construcción de un embalse y el riesgo de desplazamiento directo es menor, aún hay una alta incertidumbre sobre los efectos de las hidroeléctricas a filo de agua. Además, investigadores colombianos e internacionales han explicado la urgencia de una visión integral. La medición de los impactos de una hidroeléctrica no pueden realizarse de manera aislada, sino considerando todas las intervenciones a la cuenca. Por ello, los impactos que han generado otros proyectos hidroeléctricos en la región se suman a los motivos para cuestionar la conveniencia de Miel II.

El legado hidroeléctrico en Caldas

Según informe de la Contraloría de Caldas del año 2020, los ciudadanos han reportado diversos impactos negativos de los proyectos hidroeléctricos en el departamento. La oferta hídrica ha disminuido por el secamiento quebradas, arriesgando el agua para el uso humano y agropecuario para generar energía eléctrica. El suelo también es menos estable: la erosión ha aumentado por la disminución de sedimentos en los ríos, amenazando la estabilidad de las viviendas. Desde el punto de vista biológico el panorama también preocupa. Hay destrucción de ecosistemas y pérdida de especies endémicas de fauna y flora. Además, en el plano social han surgido conflictos con la comunidad por el incumplimiento de promesas y acuerdos y la afectación de actividades productivas como la agricultura y la pesca.

Similarmente, una investigación de Lasso y Valencia (2008) identificó que el trasvase del río Guarinó, construido para aumentar la capacidad de producción de Miel I, impactó severamente el territorio. Primero, muchas personas fueron desplazadas por las inundaciones de cultivos y áreas productivas, conllevando a la pérdida de patrimonio inmaterial de pescadores y mineros tradicionales. Segundo, los procesos de infiltración afectaron aguas superficiales, vulnerando el derecho al agua de las comunidades. Y tercero, especies endémicas de flora y fauna desaparecieron. Estos son tres ejemplos de cómo el trasvase alteró el sistema socio-natural del oriente de Caldas.

Finalmente, durante el diseño y la ejecución de otras hidroeléctricas a filo de agua como El Edén, no se observaron los principios de precaución y responsabilidad intergeneracional. Su construcción no contó con los suficientes estudios técnicos de soporte, resultando en la desaparición de por lo menos tres nacimientos de agua que abastecían a las comunidades campesinas del corregimiento de Bolivia, en el municipio de Pensilvania. Estos fueron hallazgos de una investigación de la Universidad Nacional.

En ese contexto, la discusión sobre Miel II y sus implicaciones para Samaná está íntimamente relacionada con una tensión mucho más amplia sobre cómo se toman decisiones sobre proyectos extractivos. Las comunidades locales deben tener acceso a información completa y confiable sobre los impactos y las administraciones deben replantear tomar como motor de desarrollo proyectos que afecten la disponibilidad del agua y amenacen la supervivencia de las comunidades humanas y no humanas en el territorio.

Esperamos que instrumentos legales como la recientemente aprobada Ley de Escazú y los instrumentos de participación democrática jueguen un papel clave para fortalecer el envolvimiento de la comunidad civil en las políticas ambientales.

Democracia ambiental vs. extractivismo verde

En el plano nacional, el cabildo abierto de Samaná contribuye a entender los retos que traerá consigo la implementación del Escazú y el giro hacia la democratización ambiental.

El cabildo abierto (regulado por los artículos 22 a 30 de la Ley 1757 del 2016) es uno de los mecanismos de participación existentes en Colombia. Su objetivo es que, por iniciativa ciudadana, se realice una sesión de las asambleas departamentales, concejos municipales, o Juntas Administradoras Locales para discutir temas de interés de la comunidad.

El involucramiento de las comunidades campesinas en las decisiones sobre sus territorios, más allá del cumplimiento de un requisito para la licencia ambiental es fundamental. A pesar del aumento de la demanda internacional de energía, los impactos negativos de los proyectos hidroeléctricos invitan a cuestionar si son la mejor opción de desarrollo, o si Caldas debería optar por economías que generen un mayor valor agregado y sean acordes con las vocaciones productivas, ecológicas y sociales de su territorio.

Las narrativas de “progreso” no pueden justificar que se arrase con la autonomía territorial y la cultura campesina con sus prácticas, saberes, organizaciones populares, espacios de reunión y memoria. Llegará el 25 y veremos si el Concejo de Samaná y la Gobernación de Caldas atienden esta invitación de pensar el futuro de la región de la mano de las comunidades, o si los samaneños y samaneñas tendrán que seguir remando contra corriente hacia las promesas de construcción de paz territorial.

Referencias académicas

Anderson, David, Helen Moggridge, Philip Warren, and James Shucksmith. "The impacts of ‘run‐of‐river’hydropower on the physical and ecological condition of rivers." Water and Environment Journal 29, no. 2 (2015): 268-276.

Hernández-Burbano, T.E. y Hernández, S. (2017). Impactos ambientales de las pequeñas centrales hidroeléctricas a filo de agua en montañas andinas. Caso “El Edén”- Pensilvania - Caldas. Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Manizales, Colombia.

Lasso-Amézquita, T., F. Sánchez-Zapata, and J. G. Valencia-Hernández. "El derecho de una región al agua." Transvase del río Guarinó al río la Miel. Editorial Universidad de Caldas. Manizales, Colombia (2008).

Sobre las coautoras

*Laura Marcela Cifuentes Osorio es Bióloga, Magíster en Ecología Humana y Saberes Ambientales, con experiencia en investigación y docencia. Durante su experiencia laboral ha acompañado a comunidades rurales en zonas de posconflicto por medio de la educación ambiental y la investigación acción participativa. Ha participado en la elaboración del plan de mejoramiento y recuperación de microcuencas. Actualmente es coinvestigadora en derechos colectivos del programa Colombia científica en el proyecto modelo ecosistemico, en los departamentos de Caldas, Sucre y Chocó.

**Mariana del Socorro Ramirez Rios es Abogada de la universidad de Manizales, Especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Sergio Arboleda y Magíster en Derecho de la Universidad de Manizales. Actualmente es coinvestigadora en derechos colectivos del programa Colombia científica en el proyecto modelo ecosistemico, en los departamentos de Caldas, Sucre y Chocó.

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