Bogotá está contribuyendo al alza en las cifras nacionales; el reporte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial muestra un incremento de las muertes de 11,89 %, un total de 1.789 personas, que dejaron a sus familias de forma prematura y absurda: ¡una persona cada 72 minutos! Si bien la capital había logrado en 2021 mantener una cifra inferior a la prepandemia de 2019, el crecimiento de este año genera mucha preocupación, y debería llamar a acciones de refuerzo por la Alcaldía, la Secretaría de Movilidad y la Policía de Tránsito, pero también de las empresas con sus conductores y cada uno de nostros en nuestros comportamientos individuales.
No se trata simplemente de dar mensajes para que nos portemos bien y cumplamos las normas de tránsito; eso es necesario, sí, pero es totalmente insuficiente. En lo local, se requieren acciones fuertes de infraestructura, señalización y control. En lo nacional, recursos, reglamentos e incluso fortalecimiento de legal a través del Congreso (ver Leyes para la vida, avances en seguridad vial).
Uno de los elementos de mayor impacto durante los años pasados en Bogotá fue el programa de gestión de velocidad, que combinó elementos de infraestructura para tráfico calmado en barrios (especialmente en zonas escolares), señalización de los corredores principales con el máximo de 50 km/h, divulgación del riesgo asociado a la velocidad (campaña Bájale a la Velocidad), control con policía y #CámarasSalvavidas. Se lograron cuatro años consecutivos de reducción de las muertes viales (el último 2020 ayudado, y mucho, por la reducción de actividad).