Cinco conclusiones que revelan la necesidad de eliminar el delito del aborto

Cinco conclusiones que revelan la necesidad de eliminar el delito del aborto

El pasado 25 de agosto, en un evento virtual, se presentaron los resultados del Estudio La Criminalización del Aborto en Colombia. Este estudio fue realizado por un equipo de la Universidad de los Andes liderado por la doctora Isabel Cristina Jaramillo y hace parte del trabajo de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres para Causa Justa.

Causa Justa es un movimiento que busca la eliminación del delito del aborto del Código Penal en nuestro país con el fin de terminar, entre otras, con el estigma en torno al aborto voluntario y a la dualidad entre el aborto como un derecho humano fundamental (Sentencia C-355 de 2006) y un delito.

El propósito de esta organización es avanzar hacia un modelo que regule el acceso al aborto por fuera del ámbito penal contribuyendo a la legitimidad de las decisiones de las mujeres con relación a su cuerpo y sus proyectos de vida.

Este estudio, cuyos resultados se han venido discutiendo en distintos foros públicos, redes sociales y medios de comunicación, nos presenta por primera vez datos que son reveladores frente a la injusticia que supone el modelo de aborto que actualmente está vigente en el país (regulación por causales, o sea, tres circunstancias en las que el aborto está permitido).

Además, y principalmente, revelan los efectos que el mismo modelo tiene sobre la vida de las mujeres y, en particular, de algunos grupos de mujeres, y reflejan el trato de ciudadanas de segunda categoría que hoy se nos da en el país.

El estudio nos deja cinco grandes conclusiones que deben prender las alarmas.

1. El delito del “aborto” no es simbólico

Desde el año 2006, cuando la Corte Constitucional despenalizó el aborto en tres circunstancias, los casos de persecución por parte de la Fiscalía General de la Nación (FGN) a mujeres que lo han practicado vienen creciendo.

Se han iniciado alrededor de 5.500 investigaciones por el delito de aborto; las denuncias han aumentado significativamente desde 2006: pasamos de 130 en 2005 a unas 400 anuales a partir del 2008 (lo que representa un incremento del 320 %); más aun, el total de condenas por año es de 26 aproximadamente, lo que corresponde a un 7,6 % de condenas sobre los casos (una cifra que supera el porcentaje de condenas en otros delitos).

2. Se desmiente la idea de que el aborto está penalizado para proteger la vida fetal

Las imputaciones por aborto consentido representan un 12,54 % de los casos, mientras que las imputaciones por aborto sin consentimiento representan la mitad (6,77 %). Las condenas en el aborto consentido son el 7,6 % y en el aborto no consentido son el 4,6 %. 

Además, estos últimos constituyen solo el 20 % del total de todos los procesos por aborto.

Si en efecto se tratara de proteger la vida, ambos deberían perseguirse con la misma diligencia.

Pero más grave aún es que, a diferencia del aborto consentido, para las denuncias de aborto sin consentimiento, los casos entran al sistema por denuncias (61,8 %). Esto quiere decir que quien denuncia debe identificarse plenamente, tanto como al agresor. Solo un 10 % de los procesos entran como actos urgentes que se informan anónimamente, que es lo común con los abortos consentidos. Y aún así, el aborto no consentido no parece interesarle tanto al sistema judicial.

3. Se castiga a las mujeres que deciden sobre sus cuerpos y no a quienes las violentan

Más que el delito, se quiere castigar a las mujeres que se han rehusado a una maternidad impuesta, forzada o inoportuna para su proyecto de vida; y no tanto a quienes han forzado a las mujeres a abortar, como se desprende del punto anterior.

Este sesgo del sistema es más grave aún porque sabemos que en casi un 30 % de las persecuciones por el delito de aborto son mujeres que a la vez son víctimas en otros procesos que están en la Fiscalía; han denunciado violencia intrafamiliar o abuso sexual, entre otros. También sabemos que el 42 % de ellas tienen antecedentes de victimización por violencia.

No sabemos (pero sólo intuirlo debería indignarnos y avergonzarnos como sociedad) cuántos de esos embarazos que terminaron en abortos consentidos son el resultado justamente de esa violencia. Parece que son muchos, como a su vez puede evidenciarlo el altísimo porcentaje de embarazos no deseados en Colombia (más de la mitad).

4. El aborto consentido se condena más que los delitos en los que las mujeres son víctimas

Del total de procesos abiertos para casos de abortos consentidos, 7,6 % llegan a condenas; para procesos de violencia intrafamiliar, esta cifra llega al 1,14 %, y solo el 3,38 % de los procesos de acceso carnal violento terminan en condenas.

Esto demuestra, una vez más, la indolencia del sistema cuando las mujeres son víctimas. Incluso, la Fiscalía ignora sus propias directrices, que sugieren la aplicación del principio de oportunidad que busca que se renuncie a la acción penal en los casos de aborto. Este solo se ha aplicado en el 2,4 % de todos los casos.

5. Las mujeres que abortan son castigadas tanto con la condena como con el proceso mismo

El 79 % de las denuncias por aborto son presentadas por la Policía y por las instituciones de salud. El 56,4 % de las mujeres condenadas fueron denunciadas por las propias instituciones de salud que, en lugar de limitarse a brindarles atención y proteger el secreto profesional, prefirieron violarlo.

Más aún, el modelo actual produce y reproduce las desigualdades entre mujeres. Si bien del total de casos solo un 12,5 % corresponden a abortos de menores de edad, encontramos incluso casos en menores de 14 años. En Colombia ninguna de estas niñas debió ser investigada por la justicia, pues el embarazo a esta edad se considera resultado de una violación y, por lo tanto, esos abortos están cobijados por la causal violación. Pero, además, las condenas para este grupo de edad constituyen una cuarta parte de todas las condenas.

Así mismo se puede inferir de los relatos que una importante cantidad de los casos corresponden a personas de las áreas rurales que pueden asociarse con menores niveles educativos y mayor pobreza. Esto confirma que el sistema penal recae sobre los grupos que enfrentan las mayores vulnerabilidades.

Así pues, en Colombia, hoy, no se respeta la libertad de las mujeres; no se les permite la posibilidad de imaginar y realizar un proyecto de vida propio, una biografía escrita por ellas mismas en donde la maternidad haga parte del mismo solamente cuando es deseada, y no cuando se convierte en un destino.

Esa falta de libertad nos impide ser iguales y, además, nos vuelve víctimas de un delito que “cometemos” por decidir sobre nuestro destino, con base en nuestra propia conciencia y como sujetos morales plenos que somos.

Ojalá este estudio nos permita pronto ver una decisión favorable de la Corte 

Constitucional frente a la demanda de Causa Justa para que se elimine en Colombia el delito de aborto. 

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*Este es un espacio de opinión y debate. Los contenidos reflejan únicamente la opinión personal de sus autores y no compromete el de La Silla Vacía ni a sus patrocinadores.

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