Hace dos días, la Corte Constitucional de Colombia negó la tutela interpuesta por Ciro Guerra contra las periodistas Catalina Ruiz Navarro y Matilde de los Milagros, de la revista feminista Volcánicas, quienes habían realizado un reportaje sobre presuntos casos de acoso sexual a ocho mujeres por parte del director de cine colombiano.

Ciro Guerra alegaba que las periodistas habían violado sus derechos fundamentales al debido proceso y al buen nombre al tildarlo de “acosador” de mujeres, dando a conocer sus testimonios. Además, no solo había presentado la tutela a la Corte Constitucional sino, al mismo tiempo, una demanda civil y otra penal pidiendo una cuantiosa reparación por parte de las periodistas, que ascendía a un millón de dólares por los daños y perjuicios causados a su nombre e imagen pública.

Lejos de darle la razón, la Corte Constitucional emitió una sentencia en la que explica los vínculos que “el escrache y el periodismo feminista comparten” tales como visibilizar la discriminación estructural y la violencia de género, especialmente la violencia relacionada con situaciones de acoso, abuso o violación sexual.

Además, este tipo de acciones promueven el debate público de temas que de otra manera se quedarían silenciados o no serían discutidos con la importancia social que merecen. Así, la Corte reconoce que tienen “una dimensión preventiva, pues, en el marco de la sororidad, permite que las mujeres transmitan sus experiencias para así informar a otras mujeres sobre hechos que suponen un riesgo para su integridad”.

Cabe destacar que la sentencia también acuña el término de “acoso judicial” como un abuso del derecho a ejercer la administración de justicia. Esto quiere decir que, si bien toda persona tiene el derecho de solicitar la investigación de violaciones a sus derechos ante los tribunales, no puede hacerlo “con el propósito de silenciar la expresión, en especial, cuando esta resulta de interés público”.

En este sentido, la Corte Constitucional resalta como características del acoso judicial que se realice por una persona que cuenta con suficiente riqueza o recursos económicos amplios para activar el sistema de justicia, “contratar servicios de abogados y sufragar los costos propios que supone el acceso a la justicia”. 

De igual forma, el acoso judicial “evidencia un desequilibrio de poder entre las partes”, ya que, en este caso, el director de cine Ciro Guerra es una persona internacionalmente reconocida, con suficientes recursos financieros para promover una variedad de juicios versus las periodistas feministas independientes, formulando además “pretensiones desproporcionadas o imposibles de satisfacer por la parte accionada, en especial, indemnizaciones millonarias”.

La sentencia de la Corte Constitucional es un gran avance en la protección del periodismo como generador de discursos que tienen un nivel alto de protección por tocar temas de relevancia e interés público.

En una entrevista reciente con Daniel Coronell, Catalina Ruiz Navarro y una de las abogadas feministas que asesoró la defensa del caso, María Camila Correa, rescatan la importancia de que se proteja la libertad de expresión de periodistas independientes cuyo único objetivo es promover un debate necesario sobre la violencia de género y, en especial, el acoso sexual.

Asimismo, Daniel Coronell, al igual que la Corte Constitucional, corroboró que el reportaje fue realizado bajo los más altos parámetros de rigor periodístico, cruzando los testimonios de las mujeres con los de otras fuentes, así como con mensajes de WhatsApp y trayectos en Uber que demostraban la veracidad de los testimonios.

Esta sentencia manda un mensaje importante a la sociedad: la justicia no está al servicio de los hombres poderosos que pretenden, a través de múltiples demandas, silenciar las voces de las mujeres. 

Así, la Corte Constitucional protegió, con justa razón, tanto las investigaciones periodísticas feministas que evidencian la violencia de género como las historias de acoso y abuso sexual que las mujeres experimentan. 

Es profesora en la facultad de derecho en la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México. Estudió derecho en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, una maestría en derecho en la Universidad de Columbia (becaria Fulbright) y se doctoró en derecho en la Universidad de los Andes, Colombia....