Claves para leer el ajusticiamiento en Tibú: menos corazón e hígado y más...

Claves para leer el ajusticiamiento en Tibú: menos corazón e hígado y más...

Numerosos titulares de prensa y varios reportajes en noticieros nacionales expresaron su alarma y consternación por los recientes hechos en Tibú, donde un joven de 18 años y un menor de edad, de 12, fueron aparentemente “ajusticiados” por milicianos de las disidencias del frente 33 de las Farc, al mando del ahora muy célebre “John Mechas”.

De acuerdo con versiones en campo y de algunos medios de comunicación, las dos personas fueron retenidas por comerciantes del casco urbano de Tibú luego de que fueran sorprendidas hurtando algunas prendas de vestir en un almacén. Se filmaron vídeos en los teléfonos móviles de los afectados por el robo para evidenciar el delito y exponer la confesión de los implicados. Además, se llamó a las autoridades locales (Policía) para que tramitaran el asunto. Frente a la demora en la respuesta de la Policía, llegaron dos milicianos que, de forma rápida, tomaron en su poder a los jóvenes ladrones, que fueron finalmente ajusticiados en las afueras del casco urbano.

Más allá del sensacionalismo, estupor y escozor que puede producir este suceso, ¿qué hay detrás de este evento y que dimensiones y lecciones podemos extraer? ¿Cómo leerlo más allá de un simple titular que en poco tiempo será olvidado dentro de la opinión pública nacional?

Este artículo propone tres dimensiones, descarnadas, para analizar este suceso:

  1. Este evento no es algo nuevo: en las localidades colombianas, con larga y fuerte presencia armada, es común que exista una larga tradición y recurso a estas formas de resolución de conflictos.
  2. Este suceso expone las grietas y limitaciones que vive en el presente el Acuerdo de Paz, ya que este sí tenía un espíritu más allá de las obras y recursos públicos para el desarrollo agrícola que publicita y defiende la administración de Iván Duque.
  3. Finalmente, es necesario que los analistas y los medios de prensa revalúen el foco con el cual se entiende la relación entre civiles y armados.

¿Haciendo visible lo invisible?

Las zonas bajo dominio armado han tendido a ser idealizadas en Colombia, sobre todo las guerrilleras. Se les ha descrito como lugares donde reina la paz, la criminalidad está ausente, el consumo de estupefacientes es cosa de grandes ciudades e incluso la vida comunitaria se describe sólo en términos de cooperación y buena camaradería: son usuales las referencias a la construcción de acueductos comunales, escuelas rurales y jornadas de limpieza comunitarias, entre otras cosas.

Lo que poco se menciona es que estos lugares, y la supuesta vida idílica, están regidos y sostenidos por altas dosis de violencia. La ausencia de robos, el no consumo de estupefacientes en los espacios públicos, la falta de riñas callejeras e incluso el trabajo colectivo comunitario (en algunos lugares llamados mingas), muchas veces están acompañados por unas penas claras que van desde los castigos físicos, pasando por sanciones económicas o el destierro, hasta llegar a la muerte.

La historia Tibú ha sucedido desde décadas atrás en aquellas localidades del país donde la presencia estatal no solo está en entredicho, sino que se muestra inefectiva y poco legítima para tramitar los problemas de la vida cotidiana de los habitantes de la llamada Colombia profunda. La llamada “ley del monte” o “ley de atrás”, donde las personas no son asesinadas sino ajusticiadas, reflejan la manera como se ha impartido justicia en estos espacios, y cuál ha sido el rol y el tipo de percepción que tienen los habitantes de las autoridades locales para darle trámite y claridad a problemáticas como el hurto, el abigeo, la violencia intrafamiliar, entre otros.

Si las autoridades locales no actúan, cuando lo hacen la solución que le dan a este tipo de problemas se muestra lenta (pocas veces llegan al lugar y atienden el problema), infectiva (no acaba el problema) e ineficaz (no sienta precedentes).

De ahí que los sucesos de Tibú deben ser leídos no como un hecho excepcional que nos escandalice (a pesar de ser injustificable), sino más como la expresión de la eficacia, la legitimidad y la capacidad de resolución que tiene la “ley del monte” para algunos habitantes. No sobra recordar lo dicho al inicio: a la Policía se le llamó, pero nunca llegó… En cambio, los milicianos lo hicieron de forma rápida, aprovechando la inacción estatal y tramitaron el asunto de forma rápida y certera.

El Acuerdo de Paz

Tibú muestra las fallas y la muerte del espíritu del Acuerdo de Paz: el aterrizaje de los Acuerdos de la Habana no consistía solo en puentes, aulas de clase, pavimentación de vías, centros hospitalarios, y menos aún de solo irrigar con dineros públicos y del sector privado los territorios afectados de forma estructural por el conflicto armado, (cabe recordar que el día de ayer el gobierno nacional reaccionó a este hecho publicitando la entrega de 60 mil millones de pesos por la Fundación Buffet). El Acuerdo, también, tenía implícito un cambio en la forma cómo el Estado y sus autoridades se iban a relacionar y articular con los habitantes de estas áreas del país.

¿Qué quiere decir lo anterior? A parte del carácter participativo que tenía el Acuerdo de Paz (hay que resaltar que las fallas en el diseño institucional no se pueden negar), lo que se quería en últimas era insertar a esta otra Colombia a la vida nacional e institucional. Esto significaba que todos los problemas, tensiones y fricciones de su vida cotidiana pasaran por el Estado local y las autoridades competentes: toda fricción de la vida, un robo, la definición de un lindero, el consumo de alcohol, la seguridad comunitaria -para dar algunos ejemplos suponía que debería empezar a pasar por el Estado.

Los retrasos, los incumplimientos y la muerte del espíritu del acuerdo no solo ha impedido esto, sino que han arrojado una vez más a los habitantes de estos espacios a las ofertas regulatorias de los armados. Esta justicia no solo es efectiva, ejemplarizante, sino también mucho más legítima que la del Estado nacional y sus autoridades.

Prueba de lo dicho son los recientes hechos a los que aludo, pero también otros que suceden en otras áreas del país como en el Pacífico nariñense, el Chocó, Caquetá, entre otros que pasan inadvertidos porque no hay la misma calidad en las evidencias de lo acontecido en Tibú. En estos últimos años, al lado de los líderes sociales han sido asesinados personas del común (importante tener en cuenta la población flotante, que va de acuerdo a los tiempos productivos agrícolas como los recolectores de café o raspachines), venezolanos migrantes o habitantes locales que han sido “ajusticiados” y/o sancionados por las disidencias de las Farc, el ELN, las AGC, entre otros, por haber infringido las reglas de juego y por haber alterado el normal trasegar de la vida local.

A replantear la mirada sobre los civiles y sus relaciones con los actores armados

Son dos las miradas dominantes para entender las relaciones entre los civiles y los armados. Por un lado, se considera que la voluntad, el sentir y la percepción de un poblador se moldean solo con el despliegue de la violencia; y, por el otro, se les considera como actores ajenos a las dinámicas de la guerra y a los órdenes establecidos por los actores armados.

Lo que muestra los eventos de Tibú, así como de otros lugares del país, es que los llamados civiles tienen un papel muy activo y crucial en los conflictos armados. En efecto, este tipo de “ajusticiamientos” lo que exponen es que cuentan con la “venia, aval y legitimidad” de un sector de la población, de no ser así los milicianos no solo no habrían tenido información del evento y menos aún habrían dado este tipo de trámite.

Los actores armados no son extraterrestres ni caen en paracaídas en un territorio, sus intentos de ordenar y gobernar una región están íntimamente ligados a la capacidad que tienen de darle solución y gestión a los problemas de la vida de una localidad. En efecto, entre más poder y capacidad tienen, más se meten y solucionan problemas de los pobladores a semejanza de lo que hace un Estado al tramitar un divorcio, una sucesión de bienes, un hurto o un homicidio. Por eso más que calificar los órdenes que establecen el ELN, las AGC o el EPL como paraestatal o contraestatal hay que verlo como una gobernanza híbrida, que complementa o suple lo que el Estado no logra hacer. Recordemos, los pobladores llamaron primero a la Policía, frente a su inacción se recurrió a otros actores para darle trámite al asunto.

Ahora bien, que estos habitantes hagan parte activa del orden de los armados no los hace ni peor ni mejor. Sencilla y llanamente juegan y utilizan las herramientas que hay y que les son más efectivas y legítimas. Lo señalado no implica caer en el siguiente señalamiento: que compartan espacio y convivan con los actores armados no significa que son un simple apéndice de estas organizaciones armadas ni son una base social homogénea e incondicional. Estos habitantes, de la llamada Colombia profunda, viven y se adaptan a lo que hay, porque sencillamente no tienen más. Así la oferta sangrienta, pero expedita y efectiva de un actor armado se impone sobre la estatal no solo por su poca capacidad de reacción, también por su efectividad y mayor legitimidad.

Por eso más allá de todo el revuelo de lo que causó el evento de Tibú, las preguntas no solo deben cambiarse, sino también dirigirse a nuevos focos. Una primera es, ¿por qué los habitantes de las zonas más afectadas por el conflicto armado siguen recurriendo a la ley del monte? ¿Por qué este tipo de justicia y forma de tramitación sigue siendo legítima y útil para los habitantes de estas zonas del país? ¿En qué y de qué forma están fallando las autoridades locales?

La última década muestra que una de las tareas centrales del Estado colombiano no es copar el territorio con sus instituciones- eso ya lo hizo en los últimos treinta años “obligado” por la guerra contra las drogas y la lucha contrainsurgente-, sino en cualificar y dotar a la institucionalidad existente con las herramientas y la legitimidad necesaria para que los habitantes estas áreas del país recurran a las autoridades locales para gestionar sus problemas y fricciones.

En efecto, este es el meollo del asunto; algo que también buscaba el Acuerdo de Paz: ¡Acercar y familiarizar a estos colombianos con las reglas de juego del mundo integrado, de la llamada Colombia desarrollada e institucionalizada!

Algo se debe estar haciendo mal, de lo cual los analistas y expertos en política pública deberían tomar nota: diversos gobiernos, partidos políticos y líderes han intentado acercar el Estado a estos pobladores y nada que han podido. Recordemos las Comisión de la Violencia, el Plan Nacional de Rehabilitación de Barco, los diversos programas de Pastrana, los Planes de Consolidación de Uribe Vélez y ahora las Zonas Futuro de Duque, para dar algunos ejemplos de estos esfuerzos bastante infructuosos, pero con las mismas apuestas: integrar y articular a la matriz del Estado a esos colombianos que nos negamos a reconocer e integrar.

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