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Esta columna fue escrita en coautoría con Claudeth Ospina Venegas, en el marco de la alianza estratégica entre Foro Costa Atlántica y la Fundación Pares en temas se seguridad ciudadana.
Claves para mejorar la seguridad en Barranquilla y su área metropolita
No pudimos comenzar el año de peor forma en Barranquilla: cerramos enero con 74 homicidios. A esto se le suman las cifras del 2022. Llegamos a niveles sumamente altos de homicidios (340).
El aumento sistemático del delito de la extorsión y dos hechos paradigmáticos que preocupan: el toque de queda promulgado por el clan del golfo en la 8 –zona de diversión- y la reciente masacre en el barrio Santuario.
Persiste una sensación generalizada de impotencia y poca capacidad de reacción pública. La percepción ciudadana así lo evidencia. El 2022 cerró con una percepción de inseguridad del 71,3% por parte de la ciudadanía barranquillera (15,6 puntos más alto que el promedio nacional).
Esta cifra da cuenta de la crisis de seguridad que experimentan Barranquilla y su área metropolitana (AM). En pocas palabras, se vive “una pesadilla silenciosa que tiene a sus habitantes atemorizados y arrinconados”.
Gran parte de esta situación tiene que ver con dinámicas y fenómenos nacionales fuertemente relacionados con la paz total, que viene generando incentivos para estructuras intermedias en el territorio que buscan copar el espacio de poder de quienes están negociando. Frente a lo cual se percibe una sensación de inmovilidad.
Valdría la pena preguntarse, entonces, si las estrategias de las autoridades departamentales y distritales ¿atacan las raíces profundas de este problema? ¿Incorporan soluciones nuevas o innovadoras? ¿Tienen en cuenta la percepción ciudadana, gremial y/o académica de la ciudad y el país? ¿La administración distrital está respondiendo al clamor ciudadano como debe ser? Es importante que avancemos hacia elementos que enriquezcan las soluciones brindadas hasta el momento.
La primera clave es reconocer las particularidades del fenómeno y abandonar las narrativas negacionistas y minimizadoras. Algo en lo que vienen insistiendo expertos y expertas hace varios años.
El manejo de la masacre del barrio El Santuario es un ejemplo palpable. Se siguen pregonando las mismas recetas: recompensas millonarias y consejos de seguridad. Respuestas que buscan más aplacar la sensación de incertidumbre que atacar el problema.
En pocas palabras: “la situación es grave, pero, tranquilos, se tiene todo controlado. Si la cosa es muy compleja, en última instancia, sólo faltaría cambiar al comandante de Policía si las cosas no salen tan bien”.
La siguiente clave es la apertura de espacios de gobernanza. ¿Cómo es posible que frente a la macabra realidad que vivimos no haya reuniones de emergencia entre la gobernadora, el alcalde (del mismo grupo político) y mandatarios del área metropolitana en donde la guerra delincuencial está desatada?
Es necesario convocar a líderes y lideresas de opinión en la ciudad, académicxs, gremios y población afectada para que, junto a la administración, puedan enriquecer el proceso de revisión, discusión y recomendaciones sobre el fenómeno.
En estos escenarios deben revisarse los principales documentos guía de la temática de seguridad en la ciudad y el departamento: Política Pública de Convivencia Ciudadana y Justicia y el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Distrito de Barranquilla.
Además, es importante avanzar hacia una caracterización robusta del problema, enfocado principalmente en las particularidades de la inseguridad, tales como: la extorsión, la distribución territorial de las organizaciones criminales en el departamento y la digitalización del crimen.
Tercero, es realmente clave reconocer que la apuesta de seguridad en Barranquilla no será exitosa si no se abraza un enfoque interseccional y territorial. La etnia, el género, la edad y la condición socioeconómica -entre otros- trazan hilos profundos que condicionan y agudizan los fenómenos delincuenciales.
Tal es el caso de la violencia que vive la población Lgbti. En 2022 cinco hombres gays fueron asesinados. Desde 2015 hasta la fecha hay registros de 52 homicidios de perdonas de la comunidad Lgbti, incluyendo feminicidios en todo el departamento.
Caribe Afirmativo asegura que históricamente el Atlántico ha sido un departamento violento contra personas Lgbti. Como lo señala Wilson Castañeda: esto se debe a la alta población Lgbti en la zona y a la ausencia de políticas públicas con enfoque diferencial.
Asimismo, las dinámicas de la violencia no son las mismas en la geografía departamental, incluso son diferentes dentro de la misma Barranquilla. Por esto, deberían disponerse soluciones alternativas dependiendo de las localidades o municipios.
Hay zonas en Barranquilla en donde se concentran homicidios y extorsión, mientras que, en otras, se presentan otras manifestaciones como: el hurto, el atraco, la violencia de género, entre otros.
Cuarto, es necesario fortalecer el aparato estatal para mejorar la investigación, inteligencia, justicia y adecuada reclusión de la delincuencia. Se requieren recursos que permitan aumentar el número de fiscales y cuerpos de inteligencia, para mejorar el funcionamiento de la justicia y no haya un carrusel de detenidos y delincuentes excarcelados con facilidad.
Mejorar, dotar y ampliar los centros de reclusión es clave. Desde las cárceles se sigue delinquiendo y no se cumple el objetivo de la resocialización. ¿Cuánto dinero del presupuesto distrital o departamental se ha previsto para tener centros de reclusión dignos y que permitan una verdadera sanción y resocialización?
Finalmente, hay un grave problema de confianza en la policía que debe ser atendido. Las comunidades ven a la autoridad como parte del problema y las noticias de miembros de esa institución vinculados al crimen, generan el distanciamiento de la ciudadanía y la fuerza pública.
Habría que evaluar la presencia -complementaria- no represiva de la policía en los barrios con acciones de bienestar, la capacitación constante de la fuerza publica en derechos humanos, la conformación de cuerpos especializados de acuerdo a las dinámicas delictivas y la disminución de efectivos dedicados a labores de movilidad, tema en el cual, caen recurrentemente en la desconfianza ciudadana.
Alcaldías y gobernación, es tiempo de dejar de echarle la pelota al orden nacional y asumir sus responsabilidades consagradas en la Ley 1551 de 2012. Concejales y diputados, es momento de hacer control político a las medidas tomadas en relación directa con la convivencia y seguridad ciudadana.
Y ciudadanos y ciudadanas, no podemos -por nada del mundo- permitir que se sigan usando las mismas estrategias fallidas de siempre. Desde la sociedad civil debemos seguir exigiendo soluciones rigurosas y profundas a este problema, asistir a los espacios dispuestos y seguir intentando ser escuchadxs.
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